ACEITAN EL AJUSTE. Oleada de despidos, festival del dólar y tregua sindical

"El Ministerio de Trabajo no puede impedir una decisión empresarial de ese tipo", declaraba el Jefe de Gabinete Marcos Peña este martes, refiriéndose precisamente a la decisión de la empresa multinacional PepsiCo de despedir 600 trabajadores de la noche a la mañana y cerrar su planta de Florida.

Así, los ataques a los puestos de trabajo continuaron. Más de 1.200 trabajadores continúan su lucha por reincorporación en Atucha (Zárate), Tecpetrol anunció 300 despidos en su yacimiento militarizado de Chubut, el grupo CN23 comunicó retiros "voluntarios" a partir del lunes, en Página 12 resisten la precarización, mientras en el sur amenazan con cerrar el frigorífico Esquel dejando a más familias en la calle.

Y el conteo puede seguir. Sólo en los tres primeros meses del año se registraron 9.599 despidos y 2.594 suspensiones, una gran mayoría en el sector industrial, según computa el centro CEPA. Desde la asunción de Macri el número alcanza a 212.000 despidos y 42.000 suspensiones.

El gobierno intenta generar un clima de optimismo electoral y sigue sacando cartas para mostrar en forma estadística que la economía repunta. Sin embargo, por ahora los índices avanzan lentamente y hasta le juegan en contra. De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, en abril se destruyeron más de 50.632 puestos de trabajo registrados (en "blanco") en el sector privado en relación a marzo. En términos desestacionalizados, la pérdida es menor: 1.475 puestos. Para la clase trabajadora no hay mejora perceptible.

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Pero para el gobierno, en una medición extraída no se sabe de dónde y presentada en el avance del Presupuesto 2018, el salario real retrocedió sólo 3,7% en el 2016 en el sector privado, tomando como referencia un índice de inflación de las provincias. Y se habría recuperado 2,5% en el primer trimestre de 2017. Una descarnada mentira, pero aún de ser cierto, reconoce que los trabajadores todavía están perdiendo. No es casualidad, el Presupuesto le habla principalmente a los empresarios.

Sin embargo, el salario no sólo retrocedió mucho más en 2016 de lo que dice el gobierno, alcanzando un promedio de 6% y mucho más elevado en ciertas ramas de mayor vulnerabilidad laboral, sino que este año las paritarias cerraron tarde, bajas, y en cuotas.

Vale aclarar: no existe oficialmente ningún índice de salario real que fortalezca los reclamos de los trabajadores. Otro vacío de las estadísticas.

Por si fuera poco, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, atravesado por la exigencia, débil, de las centrales sindicales en favor de un salario mínimo igual a la canasta básica, de alrededor de $15.000, cerró bien mínimo. Sin acuerdo, el gobierno lo impuso por decreto en $8.860, es decir, continuando la tradición de garantizar salarios por debajo de la línea de pobreza. Para la izquierda, el salario debe ser acorde a la canasta familiar, esto es, como mínimo de $ 23.340, el valor que calculaba para marzo la junta interna de trabajadores del Indec.

No sorprenden entonces las palabras de Peña a favor de la multinacional alimenticia. Es el propio gobierno el que alienta a las patronales, con discurso y políticas concretas, a aceitar el ajuste sobre los trabajadores mediante despidos, suspensiones y mayor disciplinamiento en los puestos de trabajo. El objetivo: aumentar la productividad laboral intensificando los ritmos de trabajo y perforar el ya desgastado salario real.

Un Estado presente, a favor del capital

Mientras el presidente Mauricio Macri se burla de los docentes desde Alemania y hace chistes con Shakira, en Argentina la rueda del ajuste, edulcorado por el inicio de la contienda electoral, continúa. A cargo del protagonismo local, el Jefe de Gabinete pugna por "un Estado presente, es lo que se viene haciendo".

Veamos algunos ejemplos recientes. El Ministro de Trabajo Jorge Triaca no dudó de aquella afirmación y se apresuró en justificar los despidos ilegales de una patronal de ganancias millonarias como PepsiCo. En el norte, el mismo Ministerio suspendió las elecciones del ingenio Ledesma, arremetiendo contra los derechos a la organización y representación sindical de los trabajadores azucareros.

Pero los problemas de la economía son, según el gobierno, causados por los trabajadores cuando reclaman alguna respuesta allí donde el Estado no estuvo: en sus condiciones de trabajo, en su salud laboral, en sus accidentes cotidianos por dejar la vida en la fábrica. Los juicios laborales serían entonces mentiras, "mafias", construidas para perjudicar a los inversores. El gobierno apuesta entonces a bajar los "costos laborales", preparando una reforma impositiva, laboral y previsional para después de octubre.

En el informe de avance del Presupuesto Nacional 2018 presentado esta semana por Marcos Peña al Congreso se señala que sólo en los seis primeros meses de 2017 se pagaron por concepto de servicios de deuda un total de $ 91.863,7, más que duplicando el pago de Asignaciones Familiares o las transferencias a Universidades Nacionales y casi equiparando el monto destinado a remuneraciones públicas.

Efectivamente, el accionar estatal no ha hecho otra cosa que mostrar su naturaleza a flor de piel, intentando torcer la balanza hacia los empresarios. Para ello cuenta con una valiosa alianza con la burocracia sindical, que ahora ni siquiera amaga con llamar a un paro. Lo que se llama: "trabajo en equipo".

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El dólar en la montaña rusa

Esta semana la novedad no estuvo en las bolsas ni en la continuidad del endeudamiento público, sino en la especulación del papel "verde" . El dólar saltó hasta cotizaciones cercanas a $17,70 y se ajustó a la baja en el último día hábil, cerrando en torno a $17,20 para la venta minorista. La política del Central fue dejar correr, e ir interviniendo en la medida en que los especuladores puedan ganar y perder con las subas y bajas, alimentando a su vez una tendencia alcista.

La duda es si las expectativas serán "autocumplidas", esto es, que la previsión de que la divisa estadounidense cierre en torno a $18 a fin de año efectivamente conduzca hacia allá, no exenta de un endurecimiento de la política monetaria mediante subas de tasas de interés y contadas intervenciones en el mercado mayorista de cambios.

El tipo de cambio no es un dato menor en la economía argentina. Recurrentemente los "mercados" suelen presionar a los gobiernos y recalentar la demanda de dólares en los momentos previos a las elecciones. Pero más allá de estas peripecias coyunturales, la relación entre la moneda local y la moneda mundial da cuenta de la continuidad de una estructura económica atrasada, dependiente y primarizada. Ni el macrismo, ni el kirchnerismo en sus doce años de gobierno, se propusieron modificarla de raíz.

Frente al plan del gobierno nacional y de los gobernadores de preparar el terreno para avanzar con más ferocidad en el ajuste luego de los comicios legislativos, la izquierda propone un programa radicalmente opuesto. Es necesaria una urgente declaración de emergencia laboral para sancionar la prohibición de todo despido o suspensión y la estatización bajo control de sus trabajadores de toda planta o establecimiento que cierre.

Frente a la especulación con el dólar y la deuda externa, avanzar en una inmediata nacionalización de la banca y control del comercio exterior. Sólo la organización y la lucha de los trabajadores podrá romper la tregua de la burocracia sindical con las patronales y el gobierno, exigiendo un urgente paro nacional y movilización contra el ajuste al salario y los despidos.