Militarización. Oleada de juvenicidios en Jalisco: una "guerra" que no cesa

Tres años después de que en 2006 el gobierno de Felipe Calderón declarara la "guerra" como estrategia de seguridad nacional y se impusiera la militarización del país, el INEGI reportó que entre 2007 y 2009 el asesinato pasó a ser la principal causa de muerte entre jóvenes de entre 15 y 29 años. En aquellos años, estados como Chihuahua concentraron los más altos índices de letalidad entre la población de esta edad, con un aumento de 719% de estos crímenes.

Voces como las del sociólogo mexicano José Valenzuela —autor del libro pionero sobre subculturas como los cholos, pachucos y punks ¡A la brava ése! (1988)— rescatan el término "juvenicidio" para referirse a un fenómeno constituido por elementos como la precarización, la pobreza, la desigualdad, el estereotipamiento y la estigmatización de los jóvenes, así como de sus conductas. Estos elementos destacan el rol que juega el Estado en su configuración, señalando que la vulnerabilidad económica y social, así como la falta de opciones para desarrollar un proyecto de vida viable, son un factor determinante para fijar el futuro de miles de jóvenes que han sido "daño colateral" de esta guerra que no parece tener fin. 

Así lo demuestra el caso de Ana Karen, Luis Ángel y Jorge Alberto González Moreno, de 24, 32 y 29 años, respectivamente. Se trata de tres hermanos secuestrados por un comando armado el pasado viernes 7 de mayo en Guadalajara, Jalisco, cuyos restos fueron encontrados este 10 de mayo en un tramo cercano a la carretera federal 23, entre los municipios de Zapopan y San Cristóbal de la Barranca. Un día antes, el municipio de Jocotepec, también en Jalisco, fue escenario de una masacre en un centro botanero, en donde cinco hombres, dos de ellos identificados simplemente como "adolescentes", fueron asesinados por un comando armado que abrió fuego contra el establecimiento, dejando además varios heridos. 

Aunque en ambos casos la Fiscalía de Jalisco asegura que se encuentran en marcha las investigaciones correspondientes, este lunes 10 de mayo se movilizaron en la entidad madres de víctimas de desaparición forzada, quienes junto a otros familiares y colectivos exigieron justicia frente a la residencia oficial del gobernador Enrique Alfaro, quien se negó a atender la protesta. 

Por su parte, la Universidad de Guadalajara, en donde uno de los tres hermanos asesinados estudiaba la carrera de Geografía, emitió distintos mensajes por medio de sus redes sociales. Exigió la "búsqueda y localización con vida" de los jóvenes. Posteriormente, informó del deceso y exigió el esclarecimiento del crimen. Destaca también el llamado a una "Marcha por la paz" lanzado por la casa de estudios a la comunidad universitaria, la cual se llevará a cabo este martes a las 18:00 horas..

Desde la @udg_oficial exigimos a las autoridades que garanticen seguridad en nuestro Estado, que se esclarezcan cuanto antes los hechos y que se haga justicia ante esta situación.

Enviamos nuestra solidaridad a familiares y amigos de José, Luis y Ana. Descansen en paz.

— udg_oficial (@udg_oficial) May 10, 2021

Este crimen recuerda el que arrebató la vida a los jóvenes Javier Salomón Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales secuestrados en 2018 por sujetos armados que portaban uniformes de la Fiscalía estatal, aunque finalmente su ejecución se atribuyó al Cartel local. En aquél entonces el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, negó que existiera en Jalisco un panorama de juvenicidios pues la violencia "afecta a todos".

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Juvenicidio: herencia neoliberal

Hablar de juvenicidio es hablar de un entramado de violencia y criminalización que justifica las condiciones a las que son relegados millones de jóvenes de clase obrera y les somete a un verdadero exterminio o aniquilación sistemática, según definen autoras como la argentina Macarena Roldán. Es reconocer que el neoliberalismo dejó su huella en América Latina en múltiples formas y afecta especialmente a jóvenes de distintos países en función de la pérdida de derechos como el trabajo, la vivienda, la salud y la educación. 

Como potenciales sujetos de explosiones de descontento, se ha construido una narrativa promovida desde las instituciones que apunta a la estigmatización y criminalización de la juventud proveniente de estratos pobres y populares. Así, en México tenemos sinnúmero de ejemplos en donde los asesinatos de jóvenes se ha atribuído a su participación en actividades ilegales con plena participación de los grandes medios de comunicación en la naturalización de la violencia y la represión. 

El caso del joven Giovanni López, asesinado por la Policía en Jalisco con marco en las restricciones sanitarias por la pandemia por covid-19, es un ejemplo de las consecuencias de las políticas de seguridad pública que se inscriben dentro de los marcos de la "cero tolerancia", vinculada al fortalecimiento del carácter militarista y punitivo del Estado. Ya sea con la excusa de la "guerra contra el narco" o la pandemia, el Estado despliega la vigilancia y el control represivos, en particular en contra de jóvenes de barrios populares.

La impunidad es otra de las marcas de este fenómeno, toda vez que el acceso a la justicia también tiene un sesgo de clase que desfavorece a las grandes mayorías. 

Así, se trata de vidas que Valenzuela describe que han sido construidas como "desechables", "prescindibles". La expresión más brutal de la indefensión y la exposición constantes en un contexto de violencia y militarización ha sido la de la eliminación física, pero también se expresa con explotación laboral, como de la que fue víctima el joven estudiante de la UACM y trabajador en un call center de Grupo Salinas, quien falleció por la negligencia patronal. Otro ejemplo cotidiano es el riesgo al que se exponen miles de jóvenes trabajadores de aplicaciones como Uber o Rappi, o miles más en las maquilas y en campos agrícolas. 

Contrario a quienes opinan que los procesos vinculados al juvenicidio apuntan únicamente a la "desciudadanización", es decir, limitando los alcances e implicaciones de estas políticas de muerte a un asunto de acceso a derechos dentro de los márgenes de la democracia vigente, lo cierto es que su extensión y sistemática aplicación forma parte de la imposición del conjunto de un proyecto económico capitalista, basado en la explotación de fuerza humana y recursos naturales y que saca jugosas ganancias de mantener en la precariedad a millones de jóvenes.

Las políticas de "austeridad" impuestas por gobiernos como el de México, que presentan la atención a la juventud en términos "deficitarios" (es decir, como un problema por resolver) al tiempo en que imponen políticas que precarizan más sus vidas y el acceso a derechos (ofertando empleos temporales y sin prestaciones, por ejemplo), sientan las bases de este fenómeno y clarifican las múltiples dimensiones de responsabilidad del Estado. 

Mientras candidatos de distinos partidos se han sumado hipócritamente a las voces que exigen justicia por el crimen de los tres hermanos asesinados, se trata de representantes de los mismos partidos que, en su momento, votaron y avalaron las medidas que originaron en primer lugar las condiciones de la crisis de violencia actual.

La indignación que despiertan crímenes como los de este fin de semana en Jalisco puede arrebatar la justicia para las víctimas y sus familias, articulado a la desmilitarización inmediata del país y la disolución de la Guardia Nacional, así como por la exigencia de comisiones investigadoras independientes que garanticen el juicio y castigo para los responsables por acción u omisión.