A 30 años. Omar Carrasco: un crimen en los cuarteles y el fin del servicio militar

El 5 de enero de 1994 Omar cumplió 20 años. Hijo de una ama de casa y de un albañil. Hace changas para ayudar a sus padres. El 3 de marzo de 1994 deja su casa de Cutral Có y viaja 78 kilómetros hasta Zapala para cumplir con el Servicio Militar -era obligatorio para todos los jóvenes que salían sorteados cada año según la terminación de su número de documento-. Se incorpora al grupo de Artillería 161. Tres días después, el 6 de marzo, lo desaparecen. Los militares no avisan a la familia sobre esto.

Pasaron 15 días desde su ingreso y a Omar le corresponde su primer franco. Sus padres viajan 80 kilómetros para visitarlo. Cuando llegan al cuartel le dicen que su hijo desertó. No creen en esa versión y radican la denuncia.

La población de Cutral Có comienza a buscar a Omar. El pueblo petrolero, que venía sufriendo las consecuencias del plan privatizador del gobierno de Carlos Menem, muestra su disposición a no dejar impune este caso. Las marchas del silencio en Zapala y en la capital de la provincia se extienden.

La desaparición del soldado se convierte en un escándalo nacional. Esto logra que el cuerpo de Omar aparezca el 6 de abril de 1994. Tenía signos de haber sido torturado. Durante un mes estuvo escondido en la unidad militar. Se trataba del segundo rastrillaje que se hacía en el lugar que finalmente se localiza. En el primero, que pasó por ese mismo sitio, no se “encuentran rastros”. No hay dudas de que el cuerpo fue “plantado” en esa zona descampada del regimiento. Nunca se investigó las huellas de vehículos militares ni las pisadas que había alrededor.

Aquel 6 de abril que el Ejército anuncia oficialmente que hallaron el cadáver del soldado al que presentaron como desertor desde hacía un mes; tratan de instalan la versión de que se suicidó o murió de frío. Encierran el cuerpo en un cajón, vestido con ropa que le quedaba muy holgada, lo que demostraba que todo era un montaje, y se lo entregan a los padres que no creen en la versión oficial. Las movilizaciones continúan en la provincia. Realizan una autopsia del cuerpo que encuentra tres costillas quebradas, un pulmón perforado y el ojo izquierdo destrozado. Quedaba descartada la versión de que el soldado se había suicidado.

Los diarios de la época dan cuenta que ni bien apareció el cuerpo, Zapala se llenó de miembros de Inteligencia militar. Tenían a cargo la investigación paralela que dirigía el juez Caro -tiempo después el magistrado fue suspendido y afrontó un juicio político por presunto mal desempeño en la causa por el homicidio del conscripto-. Martín Balza, el Jefe del Ejército, también viajó a Zapala para “administrar” la crisis institucional.

Mientras avanza la investigación, las marchas del silencio en Zapala recorren la ciudad con una bandera: “Omar Octavio Carrasco. No a la impunidad. Sí a la vida”. En tanto los compañeros de colimba de Carrasco, jóvenes de 18 años, presentaron hábeas corpus para no volver al cuartel. Los padres de los soldados radican denuncias por las palizas en los cuarteles. Denuncias que se multiplicaban a lo largo de todo el país. Es que el servicio militar obligatorio, la “colimba” como se conocía popularmente a esta práctica -algunos dicen que este neologismo deriva de las abreviatura de “corre-limpia barre”-, expresaba los maltratos que sufrían los conscriptos. Las torturas que sufrió Omar, así como su desaparición forzada, fueron prácticas institucionalizadas centradas en el abuso y la humillación como método para disciplinar a los jóvenes varones, en general a los sectores más vulnerables.

La investigación

La investigación determinó que Omar fue víctima de prácticas de abuso y humillación frecuentes durante esos tres días que estuvo dentro del cuartel en Zapala. Según la causa, el subteniente Ignacio Canevaro “bailó” a Omar al menos por 20 minutos. Otros dos soldados, Víctor Salazar y Cristian Suárez, le hacían bullying. Ellos tres fueron los últimos que lo vieron con vida.

El 4 de julio de 1994, el juez federal de Zapala Rubén Caro procesó al subteniente Canevaro y a los soldados Suárez y Salazar por el crimen. El sargento Carlos Sánchez es acusado de encubrimiento. El 31 de enero de 1996, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condena a Canevaro a 15 años de prisión por homicidio simple. Los soldados Suárez y Salazar son sentenciados a 10 años por el mismo delito. El sargento Carlos Sánchez recibe una pena de tres años por encubrimiento. La Cámara de Casación y la Corte Suprema confirmó la sentencia ante sucesivas apelaciones.

La causa por encubrimiento, sin embargo, no prosperó. De haber avanzado el propio Martín Balza tendría que haber sido condenado. Bajo juramento, el jefe del Ejército, cuando declaró por escrito en el juicio del homicidio, negó la intervención de Inteligencia en el caso Carrasco.

Cinco testigos manifestaron que el jefe de Inteligencia de Balza, el general Miná, participaba en los interrogatorios que se realizaron bajo la pantalla de un sumario militar por abuso de autoridad. La justicia determinó que Inteligencia contribuyó a la pérdida de pruebas del homicidio que podrían resultar importantes.

En agosto de 1994, cinco meses después de que fuera encontrado el cuerpo de Omar, el presidente Carlos Menem, en medio de su campaña para su reelección, firmó el decreto 1537 que daba de baja la conscripción. Terminaban así casi 100 años de colimba, el servicio militar que en 1902 había creado el ministro de guerra Pablo Riccheri durante la presidencia de Julio Argentino Roca.

Fuerzas Armadas proimperialistas

La desaparición, torturas y muerte de Carrasco no fue un hecho más. Las múltiples manifestaciones que se dieron en todo el país para que el caso no quede impune encontró de nuevo el repudio contra las Fuerzas Armadas. Las mismas que dieron el golpe genocida del ’76 durante el cual torturaron y desaparecieron a 30.000 luchadores; entre ellos colimbas a los que hacían pasar por desertores como fue el caso del soldado riojano Alberto Ledo en Tucumán. Las mismas que capitularon ante las tropas inglesas en la Guerra de Malvinas durante la cual torturaban a los soldados, los verdaderos héroes de Malvinas. Esos soldados que dieron su vida durante la guerra antiimperialista para recuperar las islas que Gran Bretaña se apropió en 1833, fueron vejados y estaqueados por los militares.

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Durante los hechos que terminaron con la vida del soldado Carrasco, las Fuerzas Armadas -que contaban con un alto repudio popular por todo lo que describimos antes-, estaban impunes gracias a las políticas de la UCR y el PJ. La Obediencia Debida y el Punto Final dictadas durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín, junto a los indultos otorgados por el peronista Carlos de Menem dejaban todavía intactas a las Fuerzas Armadas genocidas.

Atento a la repercusión política y social que suscitó el caso Carrasco, junto con la necesidad de establecer recortes en el presupuesto de Defensa, Menem suprimió la ley N° 3948 que establecía el Servicio Militar Obligatorio y el 31 de agosto de 1994 decretó su fin, mediante la ley 24.429, a la vez que se instituyó el Servicio Voluntario. “Hay quienes pretenden usar el caso Carrasco para atacar a las Fuerzas Armadas del pueblo argentino”, dijo Menem ante el repudio popular.

La supresión del servicio militar obligatorio fue utilizado por Menem como parte de la reorganización y salvataje de las Fuerzas Armadas. Esto incluía hacer un cuerpo de élite, profesionalizado, con menor presupuesto y apto para las misiones de la OTAN, en el marco de su subordinación al imperialismo norteamericano. El cambio geopolítico con la caída de la URSS auguraba el fin de las guerras globales, y las intervenciones militares del imperialismo fueron encubiertas bajo el eufemismo de “ayuda humanitaria”.

El rechazo a la llamada “colimba”, es decir a las vejaciones y maltratos que tenían los militares contra los soldados, donde no se impartía instrucción militar, era más que repudiable. Sin embargo, los socialistas defendemos el derecho democrático de los trabajadores y el pueblo al conocimiento del uso de las armas y la instrucción militar para la defensa de la soberanía nacional en contra de la expoliación imperialista. Que como se vio en la Guerra de Malvinas los únicos interesados en recuperar las islas fueron los soldados, los que habían recibido escasa o nula formación militar y casí no conocían del manejo de las armas. Por eso sostenemos la instrucción militar de toda la población, hombres y mujeres, realizadas durante las horas de trabajo y estudio, bajo el control de las organizaciones obreras y garantizando el mantenimiento de los salarios y puestos laborales por parte de la patronal y su Estado.

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Las Fuerzas Armadas no son una institución del pueblo argentino como por entonces dijo Menem, sino todo lo contrario. No solo por lo que hicieron en la década del 70. Durante todo el siglo XX las Fuerzas Armadas tuvieron el poder de intervenir en la vida política nacional contra de las mayorías populares. Fueron protagonistas de la masacre sangrienta del Paraguay y el exterminio indígena en el siglo XIX; del aplastamiento de las huelgas de la Patagonia Rebelde iniciado el siglo XX, durante el cual realizaron seis golpes de Estado: 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Será a mediados del siglo pasado que comenzarán a responder a las políticas del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando Argentina −un país atrasado y dependiente del imperialismo−, firma pactos políticos y militares de subordinación con esta potencia. Esta política de subordinación fue continuada bajo todos los gobiernos constitucionales hasta hoy, incrementado bajo el actual régimen de coloniaje del FMI.

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