Más allá de los golpes dados entre el Ministerio Público y Carabineros, el fallido montaje demostró la unidad reaccionaria entre el Estado capitalista chileno y sus instituciones, en pos de la criminalización y deslegitimación de las reivindicaciones del pueblo mapuche. La intención continúa siendo la persecución a los mapuche y la defensa de los intereses empresariales de la zona.
Lunes 29 de enero de 2018
La crisis entre el Ministerio Público, el gobierno y Carabineros continúa agudizándose tras la denuncia de montaje en la “Operación Huracán” realizada por el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, en contra de la institución policial. Desde que la autoridad presentó una querella ante el Ministerio Público y acusó a Carabineros de crear pruebas falsas en el marco de la investigación, el fuego cruzado no ha cesado entre las instituciones. Es más, este lunes el gobierno, a través de su vocera Paula Narváez, solicitó al director de la policía, Bruno Villalobos, su regreso a Chile de sus vacaciones.
La unidad reaccionaria entre el Gobierno, el Ministerio Público y Carabineros: juntos por la criminalización y estigmatización del pueblo mapuche
Más allá de los golpes dados entre el Ministerio Público y Carabineros, el fallido montaje “Operación Huracán” demostró la unidad reaccionaria entre el Estado capitalista chileno y sus instituciones, en pos de la criminalización y deslegitimación de las reivindicaciones del pueblo mapuche. La intención continúa siendo la persecución a los mapuche y la defensa de los intereses empresariales de la zona.
Desde aquel 23 de septiembre de 2017, cuando ocho comuneros mapuche fueron acusados de realizar una serie de atentados, incluido el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul y el dirigente de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jaime Huenchullán, implicados luego en lo que se conocería como “Operación Huracán”, se desplegó, una vez más, una fuerte campaña política y mediática contra el pueblo mapuche y su lucha histórica.
Basándose en una serie de conversaciones de WhatsApp y Telegram entre los comuneros mapuche, obtenidas supuestamente tras la incautación de sus celulares, tanto el gobierno, a través del Ministerio Público, como la derecha, empresarios y Carabineros desplegaron su artillería antimapuche y, sin más, se plegaron a la tesis de un supuesto plan de la CAM y los comuneros mapuche que implicaba la compra de armamento traído desde Argentina. Nuevamente, el fantasma del “terrorismo” en el país tomaba fuerza gracias al Estado chileno y sus autoridades, pese a que los comuneros reclamaron su inocencia desde un inicio.
Durante los meses que duró la “Operación Huracán” los empresarios y latifundistas de la Araucanía aprovecharon el clima para despotricar aún más contra las comunidades mapuche, y exigir mayor represión y presencia policial, bajo el argumento del “terrorismo” en la zona. Se habló de terrorismo, de operaciones armadas, de intercambio y compra de armamento, de violencia; el gobierno de la Nueva Mayoría, la Fiscalía, Carabineros, la derecha, los empresarios, y medios de prensa tradicionales, despotricaron contra los ocho comuneros y fueron también parte de la maraña de acusaciones sin fundamento que se formó durante estos últimos cuatro meses.
Ahora, que se sabe del montaje realizado por Carabineros contra los comuneros mapuche, empresarios continúan exigiendo medidas más drásticas contra los “violentistas”. Desde la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), manifestaron que “no sólo tenemos que transitar con nuestros camiones en la más absoluta indefensión, ahora también tenemos que dudar de aquellos que nos deben defender y permitir que hagamos nuestra tarea en un clima de libertad y seguridad (…) las víctimas quedan abandonadas, las instituciones que deben protegerlas enfrascadas en perseguirse mutuamente y los violentistas paseándose en total impunidad”.
Fue toda una orquesta que se formó para golpear las reivindicaciones del pueblo mapuche y, sobre todo, para fortalecer la estigmatización y criminalización contra las comunidades. Una unidad antimapuche que traspasó las fronteras y llegó incluso hasta Argentina, con el encuentro del entonces subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y la ministra de Seguridad del país trasandino, Patricia Bullrich.
Mientras en ese momento en Chile las autoridades y sus instituciones hacían de todo para culpabilizar a los comuneros mapuche, en Argentina miles de personas, y organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos, denunciaban la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado, secuestrado y asesinado por la Gendarmería Nacional del país vecino, en medio de un allanamiento a una comunidad mapuche en resistencia. Así como sucedió acá, el caso Maldonado también terminó siendo un montaje de aparatos de inteligencia que buscaron- luego de asesinarlo- vincular al joven con grupos armados y “terroristas”, relacionados con la causa mapuche. Tampoco les resultó; al contrario, abrió una profunda crisis política al gobierno del derechista y empresario Mauricio Macri.
Luego de haber estado un mes en prisión preventiva los comuneros fueron liberados por la Corte Suprema. Tras la salida de la cárcel, Llaitul habría recibido mensajes desde la fiscalía o la propia Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) informándole por adelantado acerca de operaciones. Por una parte, la fiscalía regional apunta contra la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), basándose de peritajes- que no se entiende por qué no los realizaron desde un principio-; y, por otra, Carabineros, por medio del jefe Nacional de Inteligencia de la institución, Gonzalo Blu, anunció un sumario administrativo tras la acusación; sin embargo, insiste en continuar con la investigación: “es preocupante que una investigación de ocho meses se pretenda cerrar por otra de tres semanas”, y agregó que “esperamos que el Poder Judicial no acoja el cierre de la causa”.
Por su parte, el Ministerio Público- y el gobierno- por medio del fiscal nacional Jorge Abbott ratificó la acusación de pruebas falsas por parte de Carabineros, desmarcándose de la institución, y aclarando que el organismo que preside no tuvo relación con lo denunciado.
La Policía de Investigaciones (PDI) intentó allanar las dependencias de Carabineros de Temuco, lo que no tuvo éxito tras la oposición de la entidad policial. Durante horas rondaron carros lanza aguas, lanza gases y un bus con personal de FF.EE. de Carabineros, impidiendo la entrada de la PDI. Con una actitud golpista, la institución presidida por Villalobos logró zafarse otra vez.
Una jugada para reacomodar fuerzas; un ataque político en defensa de intereses capitalistas
La derecha, liderada por Sebastián Piñera, vuelve al gobierno en una situación política inestable e indefinida, marcada por la crisis del régimen político chileno y sus instituciones; y también por un contexto donde las demandas sociales siguen marcando la agenda nacional, y en donde la apertura a escuchar “ideas de la izquierda” ha generado un mayor cuestionamiento a esta sociedad capitalista y neoliberal.
Para la derecha, para el régimen político, sus instituciones, y los empresarios se trata de buscar cambiar la relación de fuerzas que se abrió tras las movilizaciones estudiantiles del 2011 y que siguieron con la explosión de otros movimientos y demandas como No + AFP o NiUnaMenos. Para esto, son clave ciertos “flancos” por dónde golpear; y uno de estos es el pueblo mapuche.
En última instancia, con la “Operación Huracán”, con el caso Luchsinger Mackay- que mantiene en juicio a la machi Linconao y otros 11 comuneros mapuche, durante meses y sin poder corroborar responsabilidad en el crimen señalado-, con el caso Iglesias, entre otros; se busca hacer un ataque político contra el pueblo mapuche y sus reivindicaciones- ligadas totalmente con los intereses económicos de las grandes forestales en territorio mapuche-; a la vez que se perfecciona el aparato de inteligencia del Estado y la represión policial.
No se puede ignorar que existe una antagónica relación entre los intereses de las grandes empresas forestales que se sitúan en territorio mapuche, y la lucha reivindicativa de este pueblo, y que esta es la gran pugna detrás de los ataques y montajes policiales. Conocidos son los multimillonarios negocios que tienen las familias Matte y Angelini; un regalo concedido por la dictadura militar. Mientras el grupo Matte controla la forestal CMPC, la familia Angelini es dueña de Bosques Arauco. Ambas empresas controlan el 70% del negocio forestal. Juntas poseen más de 2 millones de hectáreas: Matte 750.000 y Angellini 1.200.000. Un verdadero saqueo, más aún considerando que entre todas las comunidades mapuche ni siquiera alcanzan a tener medio millón de hectáreas.
Lo que protege el Estado chileno, sus gobiernos y también sus fuerzas represivas son los grandes capitales e intereses de los principales grupos económicos del país. La “Operación Huracán” fue un intento de asestar otro golpe a organizaciones mapuche, pero, al fin y al cabo, una maniobra que encuentra su origen en este conflicto histórico. Mientras el grupo Matte acumula una fortuna de casi 7.000 millones de dólares y el grupo Angellini unos 2.300 millones de dólares; en las zonas forestales, con supuesta abundancia de agua, hay 100.000 personas sin acceso al agua potable, y es mayor la pobreza (“oficial”) al promedio nacional: en Cautín es de 25% y en Malleco del 35%.
De lo que se trata en el fondo es de proteger la propiedad forestal mediante un aparato político, legal, judicial, policial y militar que ha estado al servicio de estos intereses. No fue solo la dictadura de Pinochet la que favoreció a las grandes forestales, también fueron los gobiernos de la ex Concertación, y la derecha, los responsables de mantener intacto este negocio; y de avalar durante décadas la explotación de los trabajadores forestales, la destrucción del medio ambiente y los recursos hídricos, y la opresión sistemática hacia el pueblo mapuche y sus comunidades.
En este sentido, y a diferencia de lo que plantean desde el Frente Amplio respecto a la democratización de las Fuerzas Armadas y de Carabineros- como medida para “eliminar la corrupción” y transformar a estas instituciones históricamente represivas con el pueblo trabajador y sectores oprimidos, y defensoras del gran capital-, la fuerza y unidad de acción debería apuntar a la denuncia contra el Estado chileno y sus instituciones represivas y, por sobre todo, en exigir inmediatamente la desmilitarización de la Araucanía y comunidades mapuche; el fin de la ley antiterrorista, la liberación de todos los presos políticos mapuche, el cese de la represión policial, y la devolución de las tierras que exige el pueblo mapuche, y que son utilizadas por empresas forestales.
No podemos pensar que la solución ante un problema estructural y de opresión por parte del Estado chileno al pueblo mapuche recae en “democratizar” fuerzas represivas que históricamente han jugado un rol reaccionario ante el pueblo; ni tampoco considerar que se trata de una mera “pugna interna” de los aparatos de inteligencia del Estado cuando hay un problema de fondo, profundamente político y económico.
Por esto, y ad portas de un nuevo gobierno de derecha- que de seguro buscará cambiar la relación de fuerzas a su favor y atacar cualquier movimiento y sector que cuestione el actual sistema-, se hace más necesario que nunca el fortalecimiento entre los distintos sectores que vienen luchando y exigiendo sus reivindicaciones; al igual que la unidad de acción entre las organizaciones políticas de la izquierda que se propongan transformar estructuralmente esta sociedad capitalista y neoliberal, sin confianza en este régimen político burgués y corrupto, y enfrentando en las calles a la derecha.
