Los operarios de limpieza de Telde, en Gran Canaria, están indignados por ser castigados con 10 días sin empleo ni sueldo por negarse a prestar sus servicios sin equipos de protección adecuados.
Jacobo A. García @Jacobscarface
Miércoles 8 de abril de 2020
La empresa concesionaria, UTE Santana Casorla-Valoriza tomó esta decisión ante la legítima demanda de la plantilla que realizaron hace 3 semanas.
El 16 de marzo alrededor de quince operarios se negaron a trabajar al entender que no disponían de los EPIs necesarios ni de las medidas de seguridad adecuadas. “Tenemos que ir pegados en la parte trasera del camión, no hay gel desinfectante y los guantes y las mascarillas son deficientes”, afirmaron por entonces.
Como medida de protesta, y ante el riesgo de contagiar el virus a sus familiares, parte del personal pasó la noche en las instalaciones de la empresa en el Parque Empresarial de Melenera. El parón solo duró un día ya que recibieron amenazas de la empresa. Por temor a represalias y sin que se solucionase la falta de equipamiento, volvieron a trabajar al día siguiente. Pero esto no evitó una sanción que los trabajadores consideran desproporcionada.
La sanción efectuada por la empresa es la suspensión de empleo y suelo durante 10 días por negarse a trabajar.
Desde el consistorio se sumaron también voces críticas la actitud de la patronal. «El PSOE denuncia que se sancionen a trabajadores que prestan un servicio esencial por exigir los equipos de protección especial y las medidas de seguridad establecidas en el estado de alarma», apuntaron desde el partido socialista. Una denuncia a la que también se sumo Izquierda Unida.
Resulta cuanto menos contradictoria la denuncia de ambas formaciones políticas, cuando son las que a nivel estatal han flexibilizado y siguen flexibilizando la legislación actual para facilitar aún más los despidos y la precarización laboral por parte de las empresas, especialmente desde el ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz de Izquierda Unida.
Ejemplos como este, que no son aislados demuestran que la patronal sigue cometiendo abusos incluso en tiempos de extrema necesidad por la crisis sanitaria causada por el Covid-19. Su actitud, además de ir contra los más elementales derechos laborales, se muestra irresponsable al suponer un riesgo para la salud pública.
Ante la codicia de la patronal es necesaria la creación de comités independientes de trabajadores de salud e higiene en cada centro de trabajo, para que se garanticen unas condiciones adecuadas de protección, tanto para los trabajadores, como sus familiares y usuarios.
Por otra parte, ante la falta equipos de protección individual, así como de guantes y mascarillas, es imprescindible poner bajo control de los trabajadores y trabajadoras todas las empresas fabricantes de estos productos, para el aumento de su producción y acabar con todo acaparamiento y especulación de los Estados burgueses y empresas.
La actual crisis socio-sanitaria provocada por la pandemia está poniendo al descubierto, más si cabe, la naturaleza voraz de las prácticas habituales de la patronal.
Mientras decenas de miles de personas mueren y enferman, mientras millones caen en la pobreza y otros tantos tienen que ir a trabajar en condiciones donde no se respetan las medidas básicas de seguridad e higiene, los grandes bancos y empresas del IBEX 35 son salvadas con rescates multimillonarios con el dinero de todos.
Es hora de darle la vuelta a la tortilla, de que sea la clase trabajadora misma la que garantice que se produzcan y distribuyan todos los medios necesarios para luchar y vencer a esta pandemia y la que se prepare de forma independiente para enfrentar el ajuste y la crisis económica que ya estamos viviendo y que se acentuará cuando acabe la cuarentena.
Jacobo A. García
Vigo
