El juez federal Daniel Bejas procesó al represor Roberto Gordillo, "jefe de interrogadores" del Operativo Independencia. Al mismo tiempo, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de 16 militares y policías imputados por delitos de lesa humanidad durante el denominado “Operativo Independencia” en Tucumán, desde febrero de 1975 hasta septiembre de 1983. No hizo lugar al pedido de extradición e indagatoria de María Estela Martínez de Perón.
Sábado 22 de noviembre de 2014
Casi 40 años después de los crímenes cometidos, Roberto Gordillo fue detenido en de octubre de este año en su domicilio de Villa Luro, de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, el 14 de noviembre pasado, el juez Bejas ordenó que “el imputado deberá ser trasladado desde la Alcaldía de los Tribunales Federales de Tucumán hasta la Unidad Penitenciaria de Ezeiza, en Buenos Aires”, señaló la agencia Télam, que agregó que el juez libró oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación para que "todas las fuerzas federales tomen conocimiento de (que) Roberto Gordillo se encuentra impedido de salir del país".
A Gordillo se lo acusa de ser autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad y torturas, homicidio triplemente calificado y de ser autor material de asociación ilícita. El juez pidió que se amplíe la investigación referida a la violencia sexual acreditada en la causa, cometida contra personas secuestradas en centros clandestinos de detención.
“Los delitos investigados en esta causa se cometieron en el contexto de un ataque sistemático desde el Estado contra un grupo nacional argentino identificado como ’enemigo’ del pensamiento ’occidental cristiano’, en el marco del delito internacional de Genocidio”, puntualizó Bejas en la resolución que dio a conocer Télam.
Imputados. Isabelita impune
El resto, 16 imputados, entre los que se encuentra Mario Benjamín Menéndez, fueron señalados por el tribunal como “miembros del personal de seguridad militar y policial, a quien se encomendó la ejecución de los actos ilícitos enmarcados en el Operativo Independencia, y en tal carácter, miembros de una asociación ilícita agravada”. Y agregaron que “los imputados surgirían como presuntos responsables de las ordenes en virtud de las cuales se ejecutaron las violaciones de domicilio, privaciones ilegales de libertad con apremios ilegales, vejaciones y torturas agravadas, violaciones, abusos sexuales y homicidios calificados en perjuicio de las víctimas".
"Estas conductas delictivas, configurarían conforme el contexto de su comisión, crímenes contra la humanidad, constituyendo delitos de lesa humanidad”.
Sin embargo, es notorio que quien fuera la jefa de estado en ese momento, María Estela Martínez de Perón, y requerida por los fiscales Camuña y Rovira para declarar, fue exceptuada por la Cámara y no se le pidió la extradición ni fue citada a indagatoria.
La responsabilidad civil del Operativo Independencia sigue siendo una cuenta pendiente.
