Educación Básica. Oposición suspende la distribución de libros de texto en ocho estados

En mayo, la derechista Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) solicitó un amparo contra los libros de texto gratuitos de la SEP para el ciclo escolar 2023-2024, señalando faltas en el procedimiento establecido para su elaboración. El 25 del mismo mes, la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Yadira Medina Alcántara, otorgó la suspensión definitiva.

A estas fechas, ya publicados los contenidos de los libros de texto, los reclamos se han multiplicado (contra el “virus comunista”, la “ideología de género”, etc.) y a la UNPF se han sumado organismos empresariales, los partidos de oposición, sectores de ultraderecha, la Conferencia del Episcopado Mexicano y medios afines a la derecha, en un frente conservador para golpear al gobierno de la 4T, en el contexto de la carrera hacia las elecciones presidenciales del próximo año.

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Por su parte, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), sin explicar los motivos, se declaró imposibilitada para acatar la suspensión definitiva, por lo que el gobierno federal ha continuado con la impresión y distribución de los materiales educativos. En respuesta, la jueza Medina Alcántara viene amenazando con sancionar a la autoridad de la Conaliteg con multas, destitución, inhabilitación e incluso cárcel por desacato.

En este marco, los gobiernos de ocho estados han determinado suspender la distribución de los libros de texto. En todos los casos se trata de gobiernos de oposición (PAN, PRI, Movimiento Ciudadano).

En Chihuahua, la gobernadora panista Maru Campos interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual fue admitida a trámite por el ministro Luis María Aguilar Morales, lo que implicó la suspensión de la distribución de libros de texto en el estado hasta la resolución del caso.

Lo anterior no puede verse desligado de la disputa que sostiene el Ejecutivo con el Poder Judicial, que se ha convertido en ariete de la derecha contra el gobierno, principalmente a partir de la designación de Norma Piña como presidenta de la SCJN.

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En Aguascalientes, asesorada por organizaciones empresariales de derecha y de extrema derecha, como el Grupo Gran Visión, la gobernadora Teresa Jiménez (PAN) anunció que la distribución de los libros de texto en la entidad estará detenida hasta que se resuelvan los juicios de amparo interpuestos por varias asociaciones.

En Guanajuato, el panista Diego Sinhue Rodríguez, gobernador del estado, afirmó que acatarán la suspensión definitiva otorgada a la UNPF para detener la distribución de libros de texto. Las autoridades estatales evalúan la posibilidad de utilizar los libros del ciclo escolar anterior, así como de imprimir los materiales de apoyo necesarios.

En Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri, del PAN, informó que los libros de texto no se distribuirán en el estado sino hasta que se resuelvan los procesos legales en curso.

En Yucatán, el gobernador panista Mauricio Vila anunció la creación de una comisión para revisar los libros de texto. Mientras tanto, los materiales no serán distribuídos.

En Nuevo León, estado gobernado por Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), también se tomó la decisión de suspender la entrega de los libros de texto, en tanto no se publiquen los planes y programas de estudio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y hasta que sean avalados en mesas de análisis.

En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro (MC) declaró que no se repartirán los libros de texto hasta que se resuelva el proceso jurídico iniciado por la UNPF.

En Coahuila, entidad gobernada por el priista Miguel Riquelme, también se suspendió la distribución de libros a la espera de que se resuelvan los amparos promovidos por la UNPF.

Sin embargo, este martes 15 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, lo que dejaría sin sustento la suspensión de la distribución de libros de texto gratuitos, aunque habrá que esperar a ver qué se resuelve jurídicamente.
Por lo pronto, este frente conservador, con el Frente Nacional por la Familia, están convocando a manifestaciones en contra de los libros de texto en las plazas públicas para el próximo 20 de agosto.

¿Y el magisterio?

Desde la agrupación de docentes Nuestra Clase nos oponemos a la suspensión de la distribución y a toda la política reaccionaria en torno a los libros de texto, así como a los intentos de censura de contenidos sobre educación sexual, diversidad lingüística, cultural, etc. Denunciamos que la supuesta preocupación de la derecha por la educación y las campañas contra el "adoctrinamiento e ideología de género", son en realidad una pantalla para desplegar sus ideologías ultra conservadoras, antiderechos y patriarcales en el marco de la carrera electoral hacia 2024.

Sin embargo, somos claros en nuestra postura con respecto a la campaña de la derecha, pero también frente a la política educativa de la 4T: no avalamos la forma en que fueron elaborados, ni los libros, ni el plan y los programas de estudio.

Más allá de la simulación de participación del magisterio montada por la SEP, el gobierno y los charros del SNTE para legitimar su proyecto educativo, la realidad es que las y los docentes una vez más fuimos ignorados en la elaboración de libros, plan y programas, a pesar de las promesas de revalorización hacia nuestro gremio.

Aunque varíe la orientación del gobierno y la forma del régimen político, el Estado capitalista sigue siendo un instrumento de dominación de los grandes empresarios sobre los trabajadores y el pueblo. Y si bien está naturalizado que sea ese mismo Estado el que defina los contenidos y las formas en el terreno educativo, lo que está de fondo en esta disputa en torno a los libros de texto es quién elabora los libros, planes y programas y para qué.

Independientemente de las buenas intenciones que puedan tener quienes participaron en la elaboración de los textos y la simpatía que pueda haber entre docentes y padres de familia por los contenidos de los libros de texto, no debemos perder de vista la expropiación ideológica que está llevando adelante la 4T. Y es que la utilización de la pedagogía crítica y de las epistemologías del sur, así como de categorías del feminismo y del marxismo, sin un aumento sustancial al presupuesta educativo y plenos derechos labores para las y los trabajadores de la educación, terminan siendo una cobertura por izquierda para un gobierno que, junto a sus programas sociales y aumentos salariales (que por otra parte son insuficientes), continúa y profundiza diversas políticas neoliberales de los sexenios previos, incluso en la educación, como lo muestra la preservación, casi en su totalidad, de la reforma educativa peñista, mientras siguen deteriorándose las condiciones de enseñanza-aprendizaje.

Sin la participación activa de quienes hacemos posible la educación no puede haber transformación progresiva real. Para que los libros de texto, planes y programas de estudio respondan realmente a las necesidades del pueblo trabajador, sus contenidos deben ser el resultado de un proceso amplio de discusión y toma de decisiones entre docentes, estudiantes, madres, padres de familia, especialistas e incuso otros sectores de trabajadores, lo cual sólo podremos conquistar como parte de un proceso de organización democrática y lucha de toda la comunidad educativa, partiendo desde las escuelas, en donde todo esto se ponga a discusión.