La medida fue dispuesta por el juez Julián Ercolini por la causa que investiga si se cometieron irregularidades en la contratación de seguros por parte del Estado, a partir de un decreto que obligaba a los entes públicos a contratar a Nación Seguros S.A. Se busca determinar si brokers y empresas aseguradoras fueron beneficiadas irregularmente como intermediarias cobrando comisiones a precios superiores a los del mercado.
Miércoles 10 de abril de 2024 10:44
Foto: Nexofin
El juez Julián Ercolini dispuso en la noche de este martes la inhibición de bienes del ex presidente Alberto Fernández, ex funcionarios, brokers de seguros y empresarios por una presunta red de corrupción que habría operado para que esas empresas y brokers obtengan su contratación como intermediarios, sin proceso de licitación y favoreciéndolas directamente por sumas millonarias.
Resuena sobre todo el nombre de Héctor Martinez Sosa, esposo de la secretaria de Fernández, de quien se presume acaparó el 63% de los contratos de Nación Seguros con el Estado, los cuales suman alrededor de $ 3.400 millones en concepto de comisiones.
La medida judicial incluye la inhibición de bienes del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Sosa, de su esposa María Cantero, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri y San Germán, entre otras. Abarca también a a dos exfuncionarios de Nación Seguros: Mauro Tanos, ascendido a gerente por el actual Gobierno y despedido una vez enredado en el escándalo; y Marcos Eufemio, gerente de compras inclusive durante la actual administración y despedido también hace cuatro días.
La investigación gira en torno a las supuestas irregularidades cometidas a partir del Decreto 823/2021, mediante el que Alberto Fernández impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa Nación Seguros SA; y abarca a unas 33 personas físicas y jurídicas. Ese decreto habría habilitado la contratación de intermediarios que percibían millonarias comisiones.
“Gran parte de aquellas contrataciones, sea necesario o no, contaron con la participación de intermediarios y organizadores (tanto personas físicas como jurídicas) entre los que se encuentran, entre otros, Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello. y principalmente una cinco empresas “a quienes se les abonaban comisiones que conforme lo denunciado, serían superiores a las de mercado y/o habrían sido designados por las respectivas reparticiones públicas mediante un irregular o inexistente o direccionado proceso de selección”, señala la resolución de Ercolini.
Estas compañías (Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía S.A.; Bachellier S.A.; TG Broker S.A.; Castello Mercuri S.A.; y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A.) "se ubican en la cúpula entre los intermediarios que mayores comisiones percibieron desde el año 2020 hasta la elaboración del estudio", agrega el escrito. Las cinco acumulan $ 2.782.170.946 percibidos en comisiones de Nación Seguros, sobre $ 3.453.302.777 pesos del total de productores, es decir más del 80%.
Nada hace pensar que la causa por las contrataciones de seguros en el Estado carezca de un fin político contra exfuncionarios de un gobierno ya terminado. Eso se vio en reiteradas oportunidades a lo largo de las últimas décadas. Pero eso tampoco indica que los hechos de corrupción y robos en las altas esferas del poder no hayan existido. El Estado, a través de sus poderes, tienen la responsabilidad de esclarecer hasta el último de los detalles de ésta y otras causas similares. Pero, como ya se dijo muchas veces en ese sitio, el Poder Judicial también es parte del mismo Estado capitalista en el que la corrupción, las prebendas y las maniobras fraudulentas son parte de su ADN. Ercolini, lógicamente, no escapa a esa marca de origen.
Redacción
Redacción central La Izquierda Diario
