Desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y el Colectivo Sin Fronteras a través de un comunicado señalan que condenan la agenda de la élites chilenas que pretenden nuevamente criminalizar a las personas migrantes a través de una agenda racista en el marco del plebiscito de salida de la nueva Constitución.
Domingo 31 de julio de 2022
Las organizaciones alertaron a la población ante el creciente clima de criminalización e instrumentalización de la población migrante registrado en Chile durante las últimas semanas. Donde manifiesta que en el marco del actual proceso constituyente, “las fuerzas políticas representantes del gran capital, de los grandes patrones, han redoblado su feroz ofensiva con una agenda racista y antiinmigrante, la misma que impulsaron durante todo el gobierno de Sebastián Piñera”.
“Con ello buscan incidir en la agenda política, usando la criminalización de las y los migrantes, responsabilizándoles de múltiples hechos desde el estallido social, la llegada a Chile de la pandemia por Covid-19, la inseguridad, el desempleo, entre otros”.
Reproducimos el comunicado a continuación:
En el marco donde se aproxima el plebiscito de salida de la nueva Constitución, hemos visto cómo toda la derecha, los principales gremios empresariales y algunas figuras de la Democracia Cristiana se han ubicado a favor del rechazo, desde donde buscan desechar cualquier modificación a la Constitución de Pinochet. Creando desinformación sobre la propuesta de la nueva constitución y a la par instalando discursos de odio y racista, que constantemente vinculan la delincuencia con la migración, cuando dicha relación no existe. Creando un clima antiinmigrante, que también es alimentado por los grandes medios de comunicación. Buscan dividir al pueblo trabajador y evita ver quienes son los verdaderos responsables de los padecimientos que la clase trabajadora y sectores populares.
Al final de su mandato, el Gobierno de Piñera, no hizo más que reforzar su perfil “securitario” y las medidas represivas, utilizando la Ley de Migraciones y el Retorno Humanitario. Término sin hacerse responsable de la situación de precariedad que viven las miles de familias que están en situación de irregularidad migratoria.
Con el actual Gobierno de Gabriel Boric, la situación no ha sido muy diferente ya que cedió terreno a la agenda represiva, permitiendo que sectores como la derecha volvieran a tomar aire al calor de las discusiones de seguridad, represión y orden público. Boric mantuvo el decreto N° 265 que implementó Piñera, que otorga mayores facultades policiales a las FF.AA para reprimir a las y los migrantes, que la derecha camufla en el discurso de “persecución al narcotráfico”. Junto a eso, destinó mayores recursos para la represión, buscando fortalecer a una institución como Carabineros, que tienen un gran historial de violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción.
Es importante considerar que la crisis migratoria no sólo es a nivel económico, si no también trae consigo la escalada de discursos de odio y xenofobia a nivel popular, alimentada por la derecha. Por una parte con la política racista que impulsó Piñera y que hoy mantiene Boric, la que favorece que estos discursos calen en sectores de la población, ya que tampoco busca resolver y entregar medidas a fondo ante la crisis migratoria.
Por otro lado, entre los derechos fundamentales propuestos en la “nueva constitución”, avanzó el "principio de no devolución" y "derecho al asilo", pero dejaron fuera el reconocimiento del derecho a migrar, al igual que la constitución heredada de la dictadura militar. Desconociendo a las personas migrantes como sujetos de derecho, lo que termina cediendo al avance de los discursos de odio instalados por la derecha y la extrema derecha a nivel popular.
A diferencia del borrador de la convención, es necesario tener una política migratoria que garantice el tránsito de personas entre países como un derecho, que no criminalice la pobreza, que le de respuesta a las necesidad como salud, educación, vivienda y trabajo. No podemos quedar a la espera de la nueva constitución, ni confiar en el gobierno de Boric y los partidos de los 30 años, deben ser las propias familias trabajadoras nativas y migrantes, quienes se deben unir y luchar por una respuesta superadora a esta crisis.
