Una sentencia del Tribunal Constitucional del Estado español, se encuentra en el centro de la polémica. La práctica de las “deportaciones en caliente” viola todos los principios de los derechos humanos y de las personas que solicitan asilo.
Viernes 20 de noviembre de 2020 20:39
Las “deportaciones en caliente”, en otras palabras deportaciones, son una práctica que tiene el Estado a partir de una disposición emitida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, que permite a los agentes entregar a Marruecos a los migrantes que intenten entrar en territorio español de manera “ilegal”, sin necesidad de tramitar un expediente administrativo ni brindar atención jurídica.
La disposición establece que los migrantes detectados en el perímetro de la línea fronteriza en las ciudades autónomas o que traten de cruzar los elementos de contención fronterizos (las vallas intenten saltar las vallas de Ceuta y Melilla) pueden ser rechazados. Este rechazo se haría siempre "respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional", una cuestión que en la realidad no se respeta, según las organizaciones sociales, ONG y los expertos en migraciones.
Numerosas organizaciones sostienen en un comunicado que “el Tribunal Constitucional ha desautorizado el modo de ejecución de las devoluciones en caliente que tan reiteradamente han practicado los diferentes gobiernos, incluido el actual, en las vallas de Ceuta y Melilla”, y por este motivo exigen su inmediata paralización. Según la nota de prensa que han difundido este viernes, se desprende de la resolución del TC la ilegalidad de las devoluciones en caliente. Esto sería interpretado así, tomando en cuenta que, en la nota informativa núm. 107/2020 emitida por el Tribunal Constitucional se plantea que estos rechazos se lleven a cabo (i) "con las garantías que a las personas extranjeras reconocen las normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por España" y que (ii) "en todo caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad deberán prestar especial atención a las categorías de personas especialmente vulnerables".
“En la medida en que ninguna de esas condiciones se respetan en la actual forma en que se llevan a cabo estas devoluciones -mediante la entrega directa a las autoridades marroquíes de las personas interceptadas en las vallas de Ceuta y Melilla sin ningún tipo de procedimiento que permita la identificación de situaciones de vulnerabilidad ni la individualización de los interesados para que puedan hacer efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales que les reconoce el derecho internacional y regional de los derechos humanos- EXIGIMOS al Gobierno que paralice la práctica de estas devoluciones mientras se establezca con la mayor celeridad posible una regulación normativa que garantice un procedimiento acorde a las exigencias de la sentencia del TC”, aseguran.
La interpretación del Gobierno y de los grandes medios de comunicación es la contraria. Según la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, González Laya: “todas las devoluciones que haga España se harán de acuerdo a lo que dicta la Ley. La Ley, los Tratados Internacionales que España ha suscrito en esta materia, ni más ni menos”. Y a continuación ha planteado que en estos momentos lo que se está produciendo es la llegada de muchas personas, jóvenes y hombres, provenientes de países como Marruecos, Argelia, Senegal y Mauritania, por motivos económicos, “escapando del desempleo”, ha dicho. Con estas palabras, ha dejado claro que no considera a esas personas como posibles peticionantes de asilo, ni como personas vulnerables, sino como migrantes “económicos”, y por lo tanto, plausibles de ser “devueltos” en la misma frontera, como hasta ahora.
El fallo completo del Tribunal Constitucional, que avala casi todos los puntos de la represiva Ley mordaza, se conocerá en los próximos días. Pero esta sentencia llega después de que el Tribunal Europeo de Estrasburgo validara las “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla, revocando la condena inicial que recibió España.
Mantener las devoluciones en caliente, las deportaciones, la construcción de CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros) y la reaccionaria Ley de Extranjería, negándose a regularizar a las personas migrantes, es otra demostración más de que el Gobierno “progresista” perpetua el racismo institucional.
Se trata de una política de Estado y una política de la Unión Europea: racismo institucional y cierre de fronteras, en medio de una crisis económica y sanitaria global que está dejando a millones de personas sin empleo y sin ingresos en todo el mundo. El Gobierno “progresista” no rompe con las políticas xenófobas: si miles de personas huyen del hambre y el desempleo desde esos países, es en gran parte producto de las políticas imperialistas que los gobiernos Europeos han aplicado allí, en beneficio de las empresas multinacionales.
