Se niegan a facturar hasta que quede sin efecto el tope del 80%.
Enrique Jasid @EnriqueJasid
Miércoles 17 de agosto de 2016
La empresa Ecogas que posee la concesión del servicio de distribución de gas en toda la región de Cuyo a través de Gas Cuyana S.A. reconoció que suspendió la emisión de facturas hasta nuevo aviso.
Se basan en la resolución de Enargas 6820 de este año en la que se refiere a las resoluciones de nuevos cuadros tarifarios judicializadas “Las resoluciones no han sido declaradas nulas en dichas actuaciones, pero en la medida que las mismas reconocen como antecedente esas decisiones ministeriales, no es factible su aplicación hasta tanto se resuelva sobre la concesión o denegación del recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado nacional”
Esta oportuna interpretación para suspender la facturación tiene un objetivo claro: no emitir más facturas con el tope del 80% que dispuso la juez federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal. El fallo en cuestión tiene vigencia hasta el próximo 27 de Agosto, ya que a fines de mayo había establecido en el mismo un plazo de 90 días para dictar un nuevo cuadro tarifario. De no haber una prórroga por parte de la jueza, a partir del día 28 de agosto, Ecogas podrá facturar con un aumento de hasta el 400%. Esto significará boletas de cientos o miles de pesos que deberán abonar los usuarios. Incluso la apuesta puede ser más arriesgada si esperan el fallo final de la Corte Suprema sobre los aumentos nacionales especulando con esquivar todo tipo de limitación a los aumentos.
Es decir que los usuarios que hicieron uso del gas durante la plena vigencia del fallo que puso un freno parcial al tarifazo sufrirán por esta maniobra de la empresa una facturación 4 o 5 veces superior a la correspondiente, provocando además la acumulación de períodos de facturación cuando también por resolución judicial se había ordenad la emisión mensual de boletas.
En el mismo orden de las empresas privadas de distribución, EDEMSA y otras compañías eléctricas se niegan a cumplir con la orden judicial de retribuir a los usuarios lo facturado por el aumento de la variable del costo de abastecimiento que se encuentra suspendida por la justicia federal.
Quienes han puesto la voz en alto son los legisladores del Frente de Izquierda que haciéndose eco de los #ruidazos y movilizaciones han pedido que se audite de forma independiente a las privatizadas para corroborar qué se hizo todos estos años con los millonarios subsidios y establecer realmente cuánto cuesta el servicio si se deja de lado la enorme rentabilidad y ganancia que poseen.
