PRIMERA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE PUEBLOS INDIGENAS. ¿Otra declaración de voluntades?

Por parte de la ONU el Foro tenía la perspectiva de apoyar la declaración redactada en 2007 sobre los derechos de los pueblos originarios del mundo, pero los líderes de estos pueblos destacaron el incumplimiento por parte de los estados de las leyes que los protegen, además recalcaron que éste se debe a las economías extractivistas que desconocen el Derecho a la Consulta Previa e Informada y privilegian a las multinacionales. Como lo muestra la sesión de apertura, paradójicamente hablaron mandatarios como el mexicano Enrique Peña Nieto, en cuyos países avanzan los monocultivos transgénicos y el desplazamiento de las poblaciones indígenas, además de sostenerse el racismo estructural y la explotación laboral semifeudal a favor del mercado transnacional.

Los dichos de los técnicos de las Naciones Unidas que trabajaron en la redacción del documento final se contraponían a lo expresado por los indígenas, que apuntaron a la necesidad de acciones concretas para la realización de sus derechos. Tras dos décadas de legislación internacional indígena, los estados que adhieren al Convenio 169 de la OIT, siguen sin cumplirlo o interpretándolo a su conveniencia por fuera de los reclamos reales de las comunidades, como es el caso de Argentina y Chile. El Estado Plurinacional de Bolivia tampoco escapa a estas críticas como lo demostró el caso de la construcción de la carretera del TIPNIS.

Si bien viajaron más de 600 delegados de los cinco continentes, la reunión plenaria tuvo un fuerte tinte de paternalismo ya que se trataba de tomar como “aportes” los reclamos indígenas pero siendo las resoluciones finales decididas y pactadas por los mandatarios nacionales.

Actualmente en la Argentina están latentes dos conflictos de gran envergadura con los pueblos Wichí y Qom. Si bien las delegaciones denunciaron que hay cinco wichís presos sin causa por defender su territorio contra los negocios petroleros así como la falta de resolución y justicia luego del asesinato y represión hacia la comunidad Qom, no lograron resolución alguna por parte del Estado Nacional ni por ninguno de los estados presentes. Los mapuches, por su parte, afirmaron que impugnarán la Ley de Hidrocarburos por no contemplar el derecho a la consulta previa.

Incluso el dirigente mapuche Aucan Huilcaman, declaró que decidió no participar por la falta de diálogo previo entre el Estado chileno y el pueblo mapuche hacia la Conferencia, una brecha imposible de ocultar entre el dicho y el hecho.