Nacional. Otra escena de la crisis: el conflicto entre la Corte Suprema y el Gobierno

Este martes la Corte Suprema resolvió por unanimidad aceptar el per saltum solicitado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli para no ser removidos de sus cargos. A favor de aceptarlo votaron Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, en tanto que Carlos Rosenkrantz, hizo un voto por separado, pero también se pronunció en el mismo sentido.

El per saltum de la Corte es, por un lado, un golpe contra el Gobierno que apostó al voto del Senado, donde cuenta con una mayoría y, por otro lado, le entregó un primer triunfo -aun cuando no está resuelta la cuestión de fondo-, a la corporación mediática que impulsó a las calles a sectores de la clase media -cínicamente- en nombre de la República y contra la corrupción.

Fue así que en los últimos días, la defensa de los tres camaristas -que saltando todos los mecanismos constitucionales llegó a la estratégica Cámara Federal, desde donde el macrismo impulsó las causas contra el kirchnerismo-, se convirtió en una bandera contra la “impunidad” de la vicepresidenta. Algo que Cristina Kirchner aún no ha obtenido, porque las causas judiciales siguen su curso.

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La resolución de la Corte es una decisión política que busca que la casta judicial sea un poder actuante. Es, además, un conflicto de poderes, al menos momentáneo, a partir del desconocimiento de lo resuelto por el Senado y el Ejecutivo. Con esta resolución, no puede más que alertar sobre lo que viene ocurriendo en la región, donde el Poder Judicial actúa con clara intencionalidad política.

La Corte, que se ubica de este modo como factor bonapartista, le marca la cancha a Cristina Kirchner dejándola asediada por causas judiciales que son utilizadas políticamente. Cabe recordar que en nuestra región así ha sucedido. Por ejemplo en Brasil con el golpe institucional a Dilma Rousseff y sobre todo con la posterior prisión de Lula da Silva y su proscripción como candidato a presidente, abriendo el camino al triunfo de Bolsonaro, para lo cual jugó un rol clave el juez Moro y la causa del Lavajato. La responsabilidad de Lula fue desmovilizar al PT para enfrentar a la derecha, algo similar a lo que hace el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Si bien la situación argentina es muy distinta, esta medida -todavía muy lejos de los ejemplos mencionados- ubica a la Corte Suprema como un actor político, bajo el trasfondo de una crisis económica y social de magnitud histórica, a raíz de la pandemia de coronavirus y la larga crisis argentina que va por su tercer año de caída económica. Un debilitamiento del Frente de Todos en el desarrollo de la crisis abre la hipótesis de un accionar del Poder Judicial donde vuelvan a ser usadas con más fuerza, políticamente, las causas judiciales contra la ex presidenta.

Cabe señalar de todos modos, que este accionar de la Corte se da en un marco de envalentonamiento de la derecha mediática, política y empresarial, habilitada por el propio oficialismo que no sólo retrocedió en temas como Vicentin o el chantaje de la Policía Bonaerense, sino que también -alentando la mano dura y las amenazas represivas a la toma de terrenos- se ubica derechizando el escenario político y gestionando la crisis contra los trabajadores y el pueblo pobre, mientras que se prepara para negociar con el FMI, dándole rienda suelta al ajuste y el saqueo. Con gestos y relatos distintos, el oficialismo cumple el mismo rol de la derecha opositora de atacar las condiciones de vida de las masas y sus luchas.

En este escenario político, el peronismo unido - entre camporistas como Larroque con la derecha como Julio Alak y Sergio Berni-, suma aliados que encuentra entre los intendentes y concejales de Cambiemos. Están unidos para atacar a los sectores más agraviados -como quienes se quedaron sin techo y sin trabajo-, y a las organizaciones de izquierda y sociales que se solidarizan activamente con las familias que reclaman un derecho elemental a una vivienda.

En este contexto, el accionar de la Corte Suprema y de toda la casta judicial, está habilitado por el hecho de que los jueces son elegidos a dedo y mediante componendas políticas a espaldas del pueblo, con cargos vitalicios y múltiples prebendas. Sus fallos siempre están subordinados a los vientos políticos del momento. La elección de los jueces y fiscales, a través del voto popular, la generalización de los juicios por jurados, que cobren como un docente, son medidas elementales para terminar con sus privilegios.

El bonapartismo judicial que en ocasiones se usa para dirimir internas dentro de las propias clases dominantes, también es usado de forma permanente contra los trabajadores y el pueblo. Es una casta privilegiada y reaccionaria hostil a todo interés popular.