Esta vez fue la residencia geriátrica Del Arce del barrio de Villa Urquiza. Los familiares de los residentes denuncian a las autoridades del geriátrico. Muertes y contagios completamente evitables sino fuera que se imponen los intereses empresariales y las políticas del estado que nunca abarcan a los más vulnerables.
Miércoles 24 de junio de 2020 20:02
Foto: Telam
Un nuevo brote de coronavirus en una residencia para adultos mayores. Esta vez en la Residencia Del Arce en el barrio de Villa Urquiza, con un nefasto saldo de 7 adultos mayores fallecidos, otros 30 contagiados, además de 15 de sus trabajadores con Covid-19.
Los familiares denuncian que todo comenzó con un primer caso positivo el pasado 28 de mayo y que la “negligencia” de las autoridades llevó, a menos de un mes a este funesto desenlace. El director de la residencia, José Carlos Puig Boo, desconoció las denuncias ante un diario barrial, pero no dio ninguna explicación seria de como se llegó a esta trágica situación.
Desde el primer caso, no fueron testeados todos los residentes y trabajadores, solo aquellos que sus familiares lo hiciesen de forma privada o se actuaba sanitariamente ante síntomas por parte de los residentes o trabajadores. Esta falta de testeos y la aplicación de un protocolo de actuación sanitaria son las muestras fehacientes del desprecio por la vida y salud de los adultos mayores por parte del empresario.
A esta realidad se le debe sumar la responsabilidad o complicidad de las autoridades del ministerio de salud que, a partir del primer caso en el mes de mayo, “realizaron ocho relevamientos en el lugar para realizar un seguimiento epidemiológico y fiscalizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes”, según relataron a los medios.
No es el primer caso de brotes en geriátricos porteños, donde es indudable que, para los empresarios de los mismos, los adultos mayores son una simple mercancía que les permite generar ganancias, mientras tiene completamente precarizados a sus trabajadores.
Entrevistado por el noticiero de nuestro diario, “Alerta Spoiler”, el pasado 17 de junio, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la Ciudad de Bs. As. venia denunciando y advirtiendo la tétrica realidad en los geriátricos porteños. Donde denunciaba: "El negocio no es la salud sino la enfermedad. El sistema de cuidados con esta pandemia se mostró totalmente débil".
Mientras en relación con las trabajadoras de los geriátricos agregaba: "Lo que requeríamos desde un primer momento, es el cuidado del personal del establecimiento geriátrico. Es uno de los personales más abnegados del sistema de salud, es un trabajo dificilísimo, feminizado (90% son mujeres), muy mal pago. Este personal hace un sacrificio, muchas veces tiene que trabajar en más de un establecimiento para completar ingresos para subsistir, o viajar largas distancias".
Por su parte, consultada por La Izquierda Diario, Alejandrina Barry diputada porteña del Frente de Izquierda nos decía “La exigencia que venimos realizando por todos los medios de testeos masivos para el personal de salud y en especial de las residencias geríatricas no es un capricho. Es lamentable que, con tantas muertes completamente evitables, nos termine dando la razón, mientras el gobierno porteño hace oídos sordos a este reclamo”.
Ante la cercanía del pico de contagios, Alejandrina nos decía: “Ni la salud, ni la atención a la tercera edad deben ser un negocio. Debe ser un derecho que otorgue el estado. Por eso hoy venimos exigiendo la unificación del sistema de salud privada y publica para fortalecerlo y controlarlo para que haya una atención igualitaria y así afrontar el pico de contagios que se viene acercando”.
Y para impedir estas muertes evitables, nos agregaba “Sobre la realidad de los geriátricos, ya no puede haber mas excusas, deben ser todos pasados a la órbita estatal, donde las abnegadas trabajadoras de los mismos sean las encargadas de administrarlos junto a los familiares de los residentes. No puede ser que luego de tantos muertos y contagiados, el gobierno siga avalando a los empresarios de las residencias, que lucran con la salud y vida de los adultos mayores”.
Todas las muertes de estos adultos mayores y los contagios entre el personal de las residencias geriátricas eran y son completamente evitables. A esto no hay otra forma de llamarlo que crímenes sociales, por priorizarse las ganancias de los empresarios a la vida de nuestros adultos mayores.
