Así lo señala en la segunda parte de la entrevista que le realizó La Nación. Vuelve a atacar a la comunidad mapuche y cuestiona a la familia de Santiago.
Lunes 18 de septiembre de 2017 13:17
Si la primera parte de la entrevista a Guido Otranto permitía confirmar que al juez lo dirige el mismo Gobierno nacional, la segunda evidencia todo lo hecho a favor de la impunidad para Gendarmería.
Ante la consulta del diario La Nación, Otranto justifica haberle dado tiempo a Gendarmería para borrar pruebas y plantar pistas falsas.
“Quizás me reprochan excesiva prudencia pero es la misma prudencia que tuve al principio cuando los organismos de DD.HH. me demandaban que desarme a los escuadrones de Gendarmería Nacional, desde Bariloche hasta Comodoro Rivadavia”, señala el juez.
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Otranto recuerda que le pedían “hacer todas las medidas que sean necesarias para comprobar esa desaparición, porque si no, el tiempo que pase hará perder efectividad a la investigación".
Eso es lo que efectivamente ocurrió. Los primeros gendarmes comenzaron a ser citados a declarar en calidad de testigos por el juez con una demora cercana a los 40 días. Esto permitió que pudieran ordenarse directamente los testimonios y prepararlos por la misma conducción de la fuerza y el Gobierno nacional. Al mismo tiempo dejó en evidencia las múltiples mentiras de esa misma fuerza durante las primeras semanas.
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En la entrevista Otranto también afirma que “los organismos denunciantes” pedían “que saque a la Gendarmería del lugar y de la custodia de la ruta 40. Ese era un reclamo constante. Y por otro lado, que secuestre armamentos, vehículos, tipos de comunicación de todos los escuadrones: Bariloche, Esquel, El Bolsón, José de San Martín y Comodoro Rivadavia. A mí me pareció una imprudencia y no lo hice”.
Precisamente eso es lo que permitió contaminar las pruebas que se hicieron sobre algunos de los vehículos que usó Gendarmería en la represión. Tal como lo confirmó Gonzalo Cané, funcionario del Ministerio de Seguridad, las camionetas fueron lavadas antes de ser peritadas.
Otranto también tiene tiempo para atacar a la comunidad mapuche y a los organismos de derechos humanos que intervienen en la causa.
“Creo que hay partes que están más interesadas en cuestionar la investigación que en colaborar. Lo vi desde el primer momento como estrategia” dice.
La Nación, casi dictándole la respuesta al juez, consulta “¿Usted observó que al inicio hubo un mayor énfasis en instalar una investigación como desaparición forzada que de buscar realmente a Maldonado?”
Como no podía ser de otra forma, Otranto contesta “Claramente”. Entrevistado y entrevistadora juegan a intentar engañar a los lectores impunemente.
Pero como la realidad no se puede inventar a cada rato, la pregunta por la profundidad del río llega. “La primera vez que ingresó Prefectura al Chubut, concluyó que allí no podría haberse ahogado Maldonado. Describió al río como un curso tranquilo y de poca profundidad y descartó esa hipótesis”, interroga La Nación.
Otranto, como si fuera malabarista ahora “explica” que “no es muy profundo por la zona donde sabíamos que un grupo había huido. Esa zona sí es baja: el agua llega a la cintura. Pero hay otras. Una anterior, más profunda y caudalosa. Igualmente, uno puede cruzar caminando un río y tener un problema. Estas personas cruzaban con boleadoras y con morrales con piedras. No se puede descartar”.
El juez no pierde tiempo en atacar a la comunidad mapuche. “¿La comunidad plantó pruebas?”, pregunta otra vez la entrevistadora. “Tengo muchas dudas sobre las tres prendas que nos dieron como que eran de él”, contesta Otranto que, en la primera parte de la entrevista había calificado de “extremadamente violenta” la comunidad.
En la entrevista el juez no perdió tampoco oportunidad de criticar a la familia de Santiago por “estar cerrados a una sola hipótesis”. Las críticas son infundadas. Otranto hizo y hace todo lo posible por alejar la investigación de la responsabilidad de esa fuerza.