MANO DURA. Otro homenaje macrista a la dictadura: la Doctrina Chocobar legalizada

El anteproyecto elaborado por la Comisión Redactora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos plantea “incorporar una exención de responsabilidad penal a la punibilidad de los miembros de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, que provoquen lesiones o la muerte de una persona durante el cumplimiento de sus deberes y con el uso de las armas en forma reglamentaria”. Lo que no es otra cosa que legalizar la Doctrina Chocobar y la pena de muerte sumaria.

La exención de responsabilidad implica que el policía que ejerza gatillo fácil no deberá pagar por ello.

Desde 1983, más de 4.300 jóvenes murieron por el gatillo fácil y otros 200 fueron directamente desaparecidos. En todos estos casos los autores se reparten entre la Policía y el Servicio Penitenciario. Las estadísticas no son oficiales sino que solo dan cuenta de los casos denunciados.

Esta luz verde se da en el marco de las reformas penales que quiere imponer el Gobierno de Cambiemos para fortalecer la política represiva del Estado. En la era macrista cada 25 horas muere un pibe por gatillo fácil, torturas o falsos “accidentes” o “enfrentamientos”.

Ningún gobierno constitucional desde 1983 quiso terminar con este accionar criminal. Esta práctica tiene su antesala en la dictadura cívico-militar y sus objetivos han mutado con el tiempo, pero su finalidad en este sistema capitalista sigue siendo la misma. Porque los gobiernos pasan pero la Policía continúa.

La dictadura y la pena de muerte establecida legalmente

El día siguiente al golpe la dictadura sancionó la ley 21.264, que establecía en su artículo 2 la pena de muerte para toda persona “que atentare en cualquier forma contra los medios de transporte, de comunicación, usinas, instalaciones de gas o agua corriente u otros servicios públicos”. En su artículo 4 agregaba la misma pena para quien “mediante incendio, explosión u otro medio análogo, creare un peligro común para personas y bienes”. Asimismo el artículo 6 facultaba al personal militar, de las fuerzas de seguridad y penitenciarias al “uso de las armas en caso de que la persona incurra en alguno de los delitos previstos en los arts. 2º y 4º precedentes, sea sorprendido in fragante y no se entregue a la primera intimación o haga armas contra la autoridad”.

De esa ley se desprende, por un lado, la legitimación legal a la pena de muerte ejecutada en un proceso extrajudicial, y por otro lado una caracterización general de los medios utilizados por diversas organizaciones políticas en la Argentina en los años 70, tales como huelgas, piquetes, boicots a la producción y métodos guerrilleros.

De esta manera la ley citada inauguró la idea que intentó imponer la dictadura: el subversivo es peligroso para el bienestar general, no respeta la ley ni el orden y en tanto utiliza métodos radicalizados la única manera de enfrentarlo es a través de su aniquilamiento.

Doctrina Chocobar: no es un policía, es toda la institución

Las fuerzas represivas de conjunto son parte del aparato represivo del Estado, cuya función es mantener el modo de producción capitalista resguardando (en sentido amplio del término) la propiedad privada de los medios de producción.

Vale la pena tomar una definición de León Trotsky para analizar la conciencia de estas fuerzas represivas. En su obra La lucha contra el fascismo en Alemania, el revolucionario ruso decía que “el hecho de que los policías hayan sido elegidos en una parte importante entre los obreros socialdemócratas no quiere decirlo todo. Aquí, una vez más, es la existencia la que determina la conciencia. El obrero, convertido en policía al servicio del Estado capitalista, es un policía burgués y no un obrero. En el curso de los últimos años, estos policías han debido enfrentarse mucho más a menudo a los obreros revolucionarios que a los estudiantes nacionalsocialistas. Por semejante escuela no se pasa sin quedar marcado. Y lo esencial es que todo policía sabe que los gobiernos pasan, pero la policía continúa”.

Son precisamente los barrios obreros los focos de concentración del aparato represivo, donde el Estado despliega todo su accionar posible. En esos sectores urbanos es “necesaria” la intervención policial, pues es allí donde se encuentran los “delincuentes” o “los sectores peligrosos”. Se constituye así un nuevo enemigo en el imaginario social.

Bien lo define Gabriel Sarfati en su libro El discurso para el gatillo fácil, cuando dice que “la represión preventiva está destinada a un control social más que al castigo de faltas o infracciones a la ley. Los nuevos enemigos para el imaginario policial pasarían a ser el grupo de jóvenes desocupados y precarizados, morochos y de pelo largo que abundan principalmente en las periferias urbanas. (...) el enemigo interno en otras épocas (...) dieron lugar a las persecuciones ideológicas y que fueron creando la figura del ‘otro’ o ‘enemigo externo, pero que ataca desde adentro’. En aquel caso (se refiere a la dictadura militar. NdE) se trataba de ‘el comunista’ y pretendía establecer las llamadas fronteras ideológicas. (...) La arquitectura de la represión se diseñó desde una lógica doble; por un lado, penalizar la acción política y, por el otro, encuadrarla dentro de la criminalidad común”.

Una práctica que implica la naturalización del hecho (“descuidos”, “accidentes”, “excesos”) y la transformación de la víctima en victimario (culpabilidad del muerto, quien inmediatamente es calificado como “delincuente”). En efecto, lo que los aparatos ideológicos intentan transmitir bajo el rótulo de “descuido o exceso policial”, responde en definitiva a la función social del aparato represivo

Al igual que en el contexto del cual surge su definición (1968), en la actualidad frente a los casos de gatillo fácil el discurso dominante también excluye la idea de cualquier tipo de represión política o selectiva. Por el contrario se aducen excesos o descuidos por parte del personal policial o bien un mecanismo de defensa ante actos criminales (incomprobables) realizados por la víctima de gatillo fácil. De esta manera, se responsabiliza el sujeto y no a una institución represiva que tiene como objetivo mantener el orden social establecido.

El arbitrario término de “cumplimiento del deber” es la excusa central para dar impunidad a la práctica asesina de los criminales a sueldo del Estado. En las oficinas de los tribunales los funcionarios y los jueces tomarán como versión oficial la palabra del policía sobre los hechos como verdad indiscutida. Así lo hecho, como fue hecho “en cumplimiento del deber”, práctiamente cierra los casos desde el mismo momento en que se judicializan.

En tanto el derecho es una expresión distorsionada de las relaciones de fuerzas entre las clases en un momento determinado, el aumento de los casos de gatillo fácil chocó con la deslegitimación de las fuerzas represivas (deslegitimación conquistada por años de lucha por parte de los organismos de derechos humanos, que tiene su expresión concreta en las multitudinarias movilizaciones que se producen cada 24 marzo) y con el repudio evidente que causa la perversión policial y el “meta bala”.

Este concepto se refleja en el paradigmático caso de Carla Lacorte, víctima en 2001 del gatillo fácil del policía bonaerense de Quilmes José Salmo. Como ya informó este diario, Lacorte sostuvo que “si Salmo está preso fue por los trece años de lucha contra la impunidad y la represión que llevamos adelante junto a familiares y organizaciones. No fue por la bondad de ningún juez, ni de ningún gobierno. Ahora quieren otorgarle un privilegio que no corresponde ni para los policías de gatillo fácil, ni para los genocidas de la dictadura”.

Hoy el Poder Judicial quiere liberar al policía criminal. Y Lacorte está convencida de que “hay que contextualizar este intento de dejar libre a Salmo con el aval que está dando el presidente Macri a la práctica del gatillo fácil, que jamás se frenó en los gobiernos postdictadura, a través de la llamada Doctrina Chocobar. También nos parece que tiene antecedentes en las recientes medidas judiciales, sostenidas además por el Gobierno, destinadas a beneficiar a los represores del Proceso como el 2 por 1, desbaratado por la movilización popular, y el intento de darle la prisión domiciliaria a más de quinientos genocidas de la dictadura”.

No puede despreciarse la conquista de derechos como intento de contención del poder represivo del Estado. Pero precisamente la lucha por estos derechos torna imprescindible su articulación con una estrategia que plantee que la causa de esa lucha (es decir, la de evitar el poder de la Policía) se origina contra un Estado cuya finalidad es, precisamente, mantener las relaciones de producción capitalistas y que, para hacerlo, no vacilará en acudir a distintas formas de Estado y de atacar conquistas de derechos.

Ese mismo aparato represivo avasalla, en mayor o menor medida, derechos de la clase obrera (sea vía ataques directos o indirectos, más brutales o menos brutales). Precisamente la lucha debe ser contra los responsables de aquel avasallamiento y de aquella negación de derechos: la burguesía y su Estado.

El carácter fundamental del Estado es su contenido de clase y va a querer asegurar la impunidad, rescatar a su brazo armado, el mismo que llevó el genocidio de clase. Son esas mismas fuerzas represivas las que le aseguran al Estado capitalista el orden social.

El control social que quieren imponer Patricia Bullrich, Germán Garavano y compañía busca convertir la Doctrina Chocobar en moneda corriente. La criminalización de la protesta social es un claro mensaje atemorizador. El reclamo masivo, la coordinación y salir a la calle es lo que desarticulará esta política.