Los subsidios, bonos y otras regalías que entrega el Estado a la población chilena, han generado diversas opiniones y críticas que apuntan a una profundización de la política asistencialista por parte de los gobiernos de turno, donde el conocido Bono marzo- ahora nombrado Aporte Familiar Permanente- se presenta todos los años como una herramienta para “apalear la desigualdad”, encubriendo la realidad que existe detrás de los salarios de hambre y la precariedad diaria a la que se enfrentan miles de trabajadores.
Viernes 20 de marzo de 2015
Ya se está haciendo bastante común que cada año los candidatos a la Presidencia de Chile anuncien diversas medidas sociales que supuestamente vendrían a contrarrestar la enorme desigualdad que existe en el país. Subsidios a la vivienda, educación, salud, regalías a las madres por la cantidad de hijos que tengan, y el conocido Bono marzo (Aporte Familiar Permanente), son algunas de las medidas asistencialistas que fomenta el Estado. ¿El Bono marzo es realmente un contrapeso para la desigualdad social en Chile? ¿No sería mejor un aumento al salario mínimo acorde a la realidad, al costo de la vida, al precio que tiene una canasta familiar?
El Aporte Familiar Permanente o más conocido como Bono marzo, en palabras del gobierno de la Nueva Mayoría es “un beneficio para las familias de menores ingresos, que forma parte del Sistema de Protección Social establecido por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet”, que se otorga a miles de familias en el mes de marzo, el que también ha sido entregado por otros gobiernos como en el mandato de Sebastián Piñera.
El monto del ex Bono marzo asciende a unos escasos $41.236 por cada carga familiar y según información entregada por el Gobierno, este 2015 serán beneficiadas 636 mil familias que pertenecen a entidades administradoras como cajas de compensación y que tengan cargas familiares o maternales que no cobran beneficios por medio del Instituto de Previsión Social (IPS).
Mientras alrededor de 4 millones (53%) de trabajadores chilenos, es decir más de la mitad de los asalariados del país, tiene un sueldo mensual inferior a los $300 mil, el Estado busca enviar “salvavidas” a miles de familias trabajadoras que a duras penas llegan a fin de mes. Cada año los gobiernos de turno buscan nuevas medidas para “contrarrestar la desigualdad”, la cual existe directamente gracias a las políticas económicas que impulsan los políticos en el Parlamento en conjunto con la clase empresarial.
Al mismo tiempo que los parlamentarios se suben $500 mil en sus ya millonarios sueldos, el Gobierno actual legisla a favor de un miserable salario mínimo de $225 mil, y pretende apalear esta brutal diferencia socioeconómica a través de subsidios y bonos entregados una vez al año como si fuese casi un regalo de las autoridades, las mismas que hoy están siendo cuestionadas profundamente por la población, debido al Caso Penta el que mostró la brutal corrupción, robos y fraudes que cometen políticos patronales en alianza con la clase empresarial. Es decir, los mismos que roban las riquezas producidas por millones de trabajadores son quienes permiten la existencia de los salarios de hambre.
Lo que es bastante contradictorio es que en un país que tiene alrededor de un PIB Per cápita de $13 millones (datos establecidos en base al documento “Los verdaderos sueldos de Chile”, Fundación Sol), los trabajadores obtengan un miserable salario mínimo y el Estado impulse políticas asistencialistas, convirtiéndose más bien en un Estado subsidiario que no se hace responsable de los derechos fundamentales de las personas. En vez de que las autoridades legislen a favor de un salario mínimo acorde a la canasta familiar y a los costos reales de vida, se enaltecen medidas parches que no solucionan el problema de fondo de la desigualdad.
Es decir, los constantes bonos entregados por los gobiernos se han convertido casi en una política pública permanente que pretende hacer creer que por medio de estos se va a disminuir la pobreza y la desigualdad. Para todo hay bonos y subsidios, tanto para la vivienda, salud, educación, para contrarrestar los gastos de marzo, y también los hay para enfrentar tragedias naturales como los incendios en Valparaíso y en el sur del país o la reconstrucción tras el terremoto del 27F y del norte. A través de estos bonos, el Estado se desliga de entregar un salario mínimo como lo exigen los trabajadores, se desliga de costear la educación, salud, viviendas, y no se hace cargo realmente de la reconstrucción, ya que con los bonos “sería suficiente”.
Para Tomás Duval, Magíster en Ciencia Política “los bonos son una forma de entrega paliativa en circunstancias determinadas, pero no una política de largo plazo. Es más bien asistencialista desde ese punto de vista” (Radio Universidad de Chile). En este mismo sentido, en marzo del año pasado el semanario británico The Economist aseguró que el gobierno de Bachelet y en general los políticos del país ven a marzo “como un buen mes para repartir dinero a los pobres. Alegra a la gente cuando más lo necesita y, con ello ganan votos” (The Economist, 24 de marzo de 2014).
