La concesionaria Audasa ya ha anunciado una subida del peaje de un 4 % al finalizar la obra, para sufragar los costes. Ya son varios los trabajadores heridos, y un trabajador muerto en julio, mientras los sindicatos denuncian falta de seguridad laboral.

Jacobo A. García @Jacobscarface
Viernes 22 de diciembre de 2017

Si las obras entran en servicio a finales de este mes, Audasa podrá legalmente subir el precio del peaje un 4 %, que se suma al ya abultado peaje de la Autopista del Atlántico, que, en tramos tan cortos como Pontevedra-Vigo ya se eleva a 3,75. Unos precios inaceptables considerando que la autopista del Atlántico ya se terminó de construir hace unos 30 años, y que las empresas concesionarias ya se han embolsado más de 2400 millones de euros. Si, por el contrario, los trabajos se demoran, la empresa seguirá cobrando una subida del 3 % con un 1% desde 2019.
La noche del lunes 18 de diciembre un obrero se hirió un pie trabajando en el alto de uno de los pilares del puente. Cinco meses antes, en julio un trabajador fallecía en la misma obra, en un periodo en el que accidentes menos graves fueron comunes en la plantilla. El interés de Audasa por abrir cuanto antes la obra hace que los turnos de trabajo continúen durante la noche y durante los fines de semana, tema que ya ha denunciado la CIG alegando que se producen excesos en las jornadas laborales. La semana pasada ardió uno de los nuevos tirantes instalados para sustentar las plataformas exteriores de la ampliación de carriles. Ya en julio se habían denunciado jornadas de 10 a 12 horas a 60 metros de altura con pleno sol y salarios precarios de 7 euros la hora.
El Presidente Feijóo fue interrogado por esta cuestión a lo que respondió con su cinismo habitual, afirmando que está “convencido de que se cumplen los protocolos de seguridad, se tienen que cumplir porque si no Inspección de Trabajo levantaría un acta y sancionaría a las empresas que están ejecutando ese puente…”. Asimismo dijo que es una obra muy compleja en la que es muy difícil mantener el tráfico a la vez que se produce la ampliación, pero que es necesario para no dejar Vigo sin conectividad. Posteriormente, el viernes, Radio Vigo informó de los temores de los trabajadores por la seguridad de la prueba de carga que está pendiente de hacerse antes de la apertura de los carriles exteriores.
Como ya exponíamos en 2016 en una nota sobre el modelo de transporte que queremos para Galicia, no encontramos ninguna ventaja para el pueblo trabajador en la ampliación del puente de Rande. Desde que comenzaron los trabajos la obra ya ha costado más de 130 millones de dinero público, aumentará el coste de los peajes, y la ampliación del tramo del puente a 6 carriles no solucionará grandes problemas de tráfico, ya que el resto de la vía queda igual. Ya ha muerto un trabajador, y ha habido varios heridos. Esta obra solamente ha causado perjuicios a la clase trabajadora gallega y al pueblo.
Estamos ante otro caso de especulación en la obra pública, donde una empresa concesionaria, amiga del Partido Popular, y numerosas empresas subcontratas, acuerdan un proyecto que sólo genera más endeudamiento del Estado, precariedad laboral y en definitiva, muertes. Frente a esto, es necesario la expropiación sin indemnización de todas las empresas concesionarias de obra pública, para garantizar la seguridad de todos los trabajadores, el correcto mantenimiento y la completa gratuidad de las vías de transporte.
Por otra parte, para reducir el tráfico y el número de accidentes, es necesario el abaratamiento del transporte público, mediante la nacionalización sin indemnización de todas las empresas, para garantizar un servicio a todos los principales núcleos de población, y acabar con el aislamiento de muchas zonas rurales. Todo lo contrario al planteo del gobierno en materia de transporte de carretera que le costó una huelga indefinida de autobuses en verano, que se saldó con un acuerdo entre trabajadores, patronal y gobierno, pero que al final dio como resultado final una merma en la calidad del servicio (periodicidad de autobuses y salarios).
Además, siendo Galicia uno de los territorios en el Estado español que mayor número de muertes laborales tiene por cada 100.000 habitantes (7, 27), casi cuatro veces que Madrid, las declaraciones públicas del Feijóo son todavía más escandalosas, ya que demuestran que su gobierno no está haciendo nada para solucionar el problema, y que no tiene ningún tipo de interés por la pérdida de vidas humanas. Es necesario retomar las movilizaciones sociales, contra el pago de los peajes, la precariedad laboral, y para exigir el conjunto de las demandas sociales en Galicia, mediante una coordinación entre las distintas luchas laborales y sociales.

Jacobo A. García
Vigo