La Nueva Central de Trabajadores lanzó una consulta nacional contra el outsourcing, cuya regulación recientemente se aprobó en el Congreso de la Unión. ¿Cómo afecta esto al sector educativo? ¿Qué más hace falta para frenar ésta y todas las formas que hacen el trabajo precario?
Jueves 22 de abril de 2021
Según recientes datos publicados por el INEGI, el 17.9% de las y los trabajadores de este país, son considerados como “personal ocupado no dependiente de la razón social”, lo cual es un eufemismo de “trabajador subcontratado”. Este porcentaje representa, en cifras, a más de 4.6 millones de trabajadores en los distintos sectores económicos.
Las razones por las cuales justifican, tanto las empresas como el propio INEGI, este modelo de trabajo precario, tienen que ver con “la competitividad de las grandes y medianas empresas, la reducción de costos, la búsqueda de mejor eficiencia en los procesos de trabajo o en la calidad del producto o servicio al llevarlos a cabo una empresa especializada en ello” (1).
Así también, organizaciones empresariales como el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), no tienen reparo en señalar que, “aunque a simple vista, esto pueda traducirse en una medida perjudicial para el trabajador, la realidad es que, a través de esta figura, son muchos los profesionales que trabajan de forma independiente, pudiendo reorganizar mejor su estilo de vida sin necesidad de prescindir de unas horas de trabajo mínimas”(2), como si, por ejemplo, las trabajadoras de intendencia subcontratadas padecieran esta modalidad para ser “independientes”.
Outsourcing y precariedad en la educación
Según las cifras oficiales, en el sector educativo existen más de 118 mil personas a nivel nacional que están bajo este modelo. Si lo comparamos con la totalidad de las y los trabajadores de la educación en el sector público, que abarca más de 2 millones de trabajadores públicos en educación básica, 412 mil trabajadores en educación media superior y más de 394 mil en educación superior(3), la cifra de personal subcontratado no llega ni al 10% del total de la fuerza laboral.
Sin embargo, la categoría que implementa el INEGI para clasificar la fuerza laboral subcontratada la hace en el reconocimiento “oficial “de las empresas y el Estado, pero en el sector educativo y cultural en particular la figura de “personal no dependiente de la razón social” se queda corta, pues existen programas en el sector público (SEP, CULTURA, Bellas Artes, etc.) cuyos trabajadorxs ni siquiera están reconocidos como tal, son más bien “beneficiarios” o “becarios” que no reciben sueldo, sino “apoyos económicos” o “becas”.
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En el sector educativo, los programas de alfabetización a adultos mayores, tanto locales como federales, a cargo de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), o el Programa Nacional de Inglés (PRONI), son sólo algunas de las modalidades que la SEP utiliza para desconocer, por la vía de los hechos, los derechos laborales de sus trabajadores; no obstante, la precariedad laboral no sólo abarca el esquema de contratación.
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Si bien en su mayoría los trabajadores de la educación en el sector público somos reconocidos en nuestra relación laboral con la SEP, tenemos sindicato, prestaciones y otras conquistas, eso no nos exime de padecer la degradación del sistema educativo, que se traduce en precariedad laboral y educativa, tanto para las y los trabajadores de la educación, como para nuestras y nuestros alumnos, cuyas familias padecen la precarización cada vez más generalizada.
Las escuelas son insuficientes, la cantidad de estudiantes por aula es obscena, mucho del material que requerimos para nuestras clases sale de nuestro sueldo (las autoridades se jactan de que recibimos “bono para material didáctico” de 150 pesos), además de que en muchas de las escuelas no contamos con personal especializado o peor aún, sin servicios básicos como agua potable. Estas circunstancias, un tanto naturalizadas, son la expresión concreta de la precariedad laboral y educativa, condiciones que repercuten en la forma en la que se aprende en la escuela y en casa.
A estas condiciones se suman los contratos interinos, el avance en la subcontratación de personal de intendencia, que la 4T prometió resolver y hasta ahora no sólo no ha cumplido, sino que se ha profundizado esta tendencia, además de que, durante el transcurso de la pandemia, también se ha profundizado la cantidad de despidos y rebajas salariales a las y los docentes de escuelas privadas.
Otra expresión de la precariedad durante la pandemia se encuentra en la falta de acceso a equipos de cómputo (que son solventados por las y los docentes) así como el acoso de los directivos para trabajar más horas de las que marca nuestra jornada, tanto en educación pública como privada.
Consulta nacional vs el outsourcing y por la renacionalización eléctrica
La Nueva Central de Trabajadores (NCT), que se reivindica democrática, lanzó desde el pasado 19 de abril esta consulta sobre el outsourcing y la soberanía energética. Como trabajadores del sector educativo, integrantes de la Agrupación Nuestra Clase, nos sumamos a este esfuerzo, pues consideramos que es progresivo que se realice esta actividad, para extender el cuestionamiento entre los trabajadores ante la continuidad de los planes neoliberales en materia laboral y que se pronuncie por la renacionalización de la industria energética.
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Te invitamos a participar, hasta el 24 de abril, en la entrada de Plaza Cantil, ubicada en la colonia Ajusco de la alcaldía Coyoacán de 10am a 6 pm.
También puedes participar vía electrónica aquí.
Sin embargo, también opinamos que esta consulta debe ser un primer paso para organizar a miles de trabajadores, en todos los sectores a los que podamos llegar: desde los precarios y subcontratados, hasta quienes somos “de base y sindicalizados”, pues el flagelo de la subcontratación es algo que nos afecta a todxs, ya que esta modalidad es un arma de presión de los explotadores para avanzar sobre nuestras conquistas laborales.
Ahora con la vuelta a clases presenciales en puerta, a través de redes sociales, se manifiesta la enorme preocupación de las y los docentes, pues conocemos las condiciones de las escuelas y hasta ahora las carencias de la educación no se han resuelto en este año que llevamos de clases a distancia.
Por ello este 1° de mayo, te invitamos a que marches con la Agrupación Nuestra Clase, como parte de un polo independiente y combativo de trabajadores que pelee por vacunas para toda la población como condición indispensable para el regreso a clases presenciales, que el financiamiento a educación y salud provenga de impuestos a las grandes fortunas y el no pago del FOBAPROA y la deuda externa; para no volver a las mismas escuelas hacinadas, sin servicios básicos, personal especializado, equipo multimedia o que sigan sin ser reconstruidas y además con alto riego de contagios.
Firma la petición en Change.org por un regreso a clases seguro
1- INEGI: Personal ocupado subcontratado en las unidades económicas. Censos Económicos 2019, p.15.
2- Instituto Mexicano de la Competitividad A.C.: “DIAGNÓSTICO IMCO: LA SUBCONTRATACIÓN Y SUS IMPLICACIONES EN MÉXICO”. 2020, p.5.
3- SEP. ”Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020”. 2021, pp. 32-36