Botón de muestra. Oyarbide, la causa Triple A y los derechos humanos del kirchnerismo

El reciente fallecimiento del exjuez federal Norberto Oyarbide motivó que varios medios de comunicación dieran cuenta de su larga trayectoria, desde su ascenso a la magisratura en 1994 (respaldado por la Policía Federal y por el entonces ministro del Interior de Menem, Carlos Corach) hasta su renuncia durante la presidencia de Mauricio Macri.

Aunque no fue de lo más comentado a nivel masivo, bien vale recordar un caso donde Oyarbide tuvo una participación central: la causa Triple A. Un caso donde quedó al desnudo la justicia gatopardista, versión criolla, que algo cambie para que nada cambie.

La Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) fue una banda paraestatal comandada por el Ministerio de Bienestar Social a cuya cabeza se encontraba José López Rega y por el comisario Alberto Villar de la Policía Federal. Durante el gobierno de Juan Domingo Perón y, después de su muerte, en el de su esposa, Isabel Martínez de Perón, la Triple A asesinó entre 1500 y 2000 personas, casi todas militantes y referentes de la izquierda y del propio peronismo [1].

La dictadura cívico-militar, el posterior pacto entre el gobierno de Raúl Alfonsín e Isabel Perón, los indultos, amnistías y leyes en favor de los genocidas, las políticas de impunidad de todo ese período que se extiende hasta los gobiernos de Menen y De la Rúa; garantizaron que la causa que se había abierto en 1975 se mantuviera cerrada durante tres décadas.

Pero esas políticas no lograron apaciguar ni las acciones en las calles de un movimiento democrático que concitaba la simpatía de sectores cada vez más amplios de la población ni el desprestigio del Ejército, la Policía y las fuerzas represivas en general.

Desde la heroica imagen de las Madres y familiares reprimidos al inicio de la dictadura en la emblemática Plaza de Mayo, las manifestaciones de decenas de miles, todos los 24 de marzo, se convirtieron en el baluarte de la lucha contra la impunidad y una represión que siguió todos esos años, represión a las huelgas y a las manifestaciones de trabajadores y sectores populares, el “gatillo fácil” y demás atropellos de las fuerzas represivas.

Qué cambie algo pero...

Vale recordar que tras la “crisis de 2001”, el descontento popular contra la casta política y la situación económica que afectaba la vida de millones de personas, la salida abrupta del gobierno de De La Rúa-Cavallo con casi 40 asesinatos producto de la represión, la sucesión de gobiernos que siguió, coronada con los brutales asesinatos de Maxi Kosteki y Darío Santillán a manos de la Bonaerense, amparada por el entonces presidente de la Nación interino, Eduardo Duhalde y por el gobernador de la provincia Felipe Solá, obligaron en 2003 al naciente gobierno de Néstor Kirchner a dar un giro de 180° en la política de derechos humanos que históricamente había tenido el peronismo y el régimen político de conjunto.

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Ese giro en una política sensible a las masas tuvo como objetivo ayudar a “normalizar” el orden capitalista, conteniendo al movimiento de masas al tiempo que conservando la “herencia” en esencia: las contrarreformas laborales, el remate de bienes nacionales y el pago de sumas siderales de deuda externa desarrollados en los años previos.

La nueva política en derechos humanos implicaba pocos costos y muchas ganancias, basada en hechos simbólicos –como la orden al jefe del Ejército de que baje un cuadro de Videla del Colegio Militar, la creación de muchos museos de la memoria– pero, lo más relevante y resultado de la movilización, fue la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final que permitieron una vuelta a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, los juicios pudieron ser llevados adelante y lograron el castigo a muchos genocidas gracias a la lucha que también en ese terreno siguieron, en base a inunmerables pruebas y testimonios, sobrevivientes del genocidio, familiares y organismos de DDHH junto a los partidos de izquierda.

Esta política, de todas formas, tenía desde el origen muchas limitaciones para poder realmente obtener verdad y justicia, ya que sembraba toda la confianza de la lucha contra la impunidad en una institución, el Poder Judicial, que colaboró con la dictadura –basta tener en cuenta que más de 400 integrantes fueron partícipes– y que, por su propio carácter de clase, tiene los mil y un resortes jurídicos para cajonear, extender, chicanear y, en definitiva, eludir el justo castigo cuando se trata de represores y civiles que no hicieron otra cosa que defender los interese de la burguesía que clamó por el golpe militar. A pesar de eso, muchas genocidas terminaron en la cárcel y la pelea continúa.

El resultado está a la vista “si tenemos en cuenta que hubo alrededor de 600 centros clandestinos (CCD) de detención en promedio durante la dictadura, entre 2006 y 2019 solo se llegó a ‘investigar’ a poco más de 5 genocidas por CCD. Esto quiere decir que la enorme mayoría de ejecutores de secuestros, violaciones, saqueos, torturas, asesinatos y desapariciones nunca fue tocado siquiera por un expediente”.

La idea oficial era el intento de canalizar por la vía de la judicialización la lucha histórica contra la represión y la impunidad, trasladar la lucha en las calles a los juzgados. Por medio de los juicios de genocidas emblemáticos y resonantes también se apuntaba a represtigiar a las mismas fuerzas represivas, como si todo se hubiese tratado del accionar de algunas “manzanas podridas”.

La consigna fue “cambiar algo para que nada cambie”, una versión peronista del clásico gatopardismo politico. La causa Triple A es ni más ni menos que un exponente fiel de la aplicación de esa consigna. Aunque su reapertura abrió grandes expectativas, el juez Oyarbide se encargaría de mostrar la realidad.

“No jodan con Perón”

El 21 de noviembre de 1973, un mes después de que Perón asumiera su tercera presidencia argentina, la Triple A firmó el primer comunicado adjudicándose el atentado que sufrió el senador de la UCR Hipólito Solari Yrigoyen. Desde entonces la banda paraestatal de la derecha peronista no dejaría de asesinar luchadoras y luchadores obreros y sociales, lo que sólo sería “frenado” por una represión mayor, la del golpe genocida del 24 de marzo de 1976.

Hoy la historia es conocida, pero es importante remcarcar que fue el escritor Rodolfo Walsh (posteriormente asesinado por la dictadura) quien a fines de 1974 denunció que la conducción política de la Triple A estaba a cargo del ministro de Bienestar Social, José López Rega, y que la conducción operativa estaba conformada por dos inspectores retirados de la Policía Federal, Juan Ramón Morales y Rodolfo Eduardo Almirón, a los que meses después se sumaría Alberto Villar, al mando de la Policía Federal y Luis Margaride, superintendente de la misma fuerza.

El mismo Perón se encargó de convocar y ascender en el escalafón policial a ese personal. Morales y Almirón fueron ascendidos mediante el decreto 1858/1973, Villar con el 1475/1974 y Margaride con el 1476/1974. Y, con el decreto 1350/1974, el presidente le otorgó un ascenso sin precedentes en la Federal a López Rega, quien era su secretario privado desde 1966 y designado ministro de Bienestar Social. El “Brujo” pasó en un minuto de ser excabo a comisario general.

O sea, Perón eligió a la plana mayor de la Triple A, a “Lopecito”, como llamaba a su mano derecha, y a policías retirados, dados de baja por deshonra al momento de su designación, especializados en “contrainsurgencia” como el comisario Villar.

Las patotas de la Triple A fueron formadas, también, con integrantes de las agrupaciones civiles de la ultraderecha peronista y de la burocracia sindical, que ya habían tenido su debut en la Masacre de Ezeiza, el 20 de junio de 1973, cuando Perón les encomendó ponerse al frente del acto para recibirlo en su regreso desde España.

La causa Triple A se reabrió en 2005 y nuevamente fueron familiares de las víctimas, sobrevivientes y organismos de derechos humanos quienes aportaron testimonios, testigos, recortes de periódicos y todo tipo de documentación para aportar al esclarecimiento de cientos de asesinatos. Mientras, el Estado mantuvo guardados bajo siete llaves los archivos que aún hoy tiene en su poder y que podrían esclarecer muchos crímenes.

Quien escribe, junto a la abogada Myriam Bregman (ambas del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos-CeProDH), la abogada Liliana Mazea, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Liga por los Derechos del Hombre, entre otros, presentamos cientos de casos ante el Poder Judicial para ser juzgados. Entre ellos el de César Robles, mi padre.

Apenas reabierta la causa se desató en gran debate a través de los grandes medios sobre la responsabilidad de Perón y su esposa Isabel en la formación de la banda comandada por López Rega, con cientos criminales en su seno. En ese contexto, a nadie asombró demasiado que apareciera gran cantidad de afiches en calles y plazas de muchas ciudades, firmados por la conducción burocrática del sindicato ferroviario La Fraternidad, que decían “No jodan con Perón”.

Para desviar la atención, el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó a su ladero, el diputado Carlos Kunkel, que saliera a decir que “Perón ni remotamente tuvo que ver con la Triple A”. Una definición que tenía un doble objetivo: despegar al “general” de la faceta más sanguinaria y criminal de su “movimiento” y a la vez empiojar la denuncia judicial.

Es difícil imaginar de qué forma se puede borrar el papel de Perón en la designación de los puestos principales de la banda paraestatal y negar su conocimiento de los asesinatos. Sin embargo, apenas Kunkel hizo sus declaraciones el juez Oyarbide “comprobó” la inocencia de Perón y lo desvinculó rápidamente de la acción de Triple A, sin mayores explicaciones ni datos. Fue en ese mismo momento que Kunkel dio “garantías” y la promesa tácita de encarcelar solo a los nombres más resonantes, de los cuales varios habían muerto, empezando por López Rega. Sin eufemismos, fue lo mismo que nos dijo Oyarbide (de tan buenas migas con la Federal) a los querellantes: que sólo investigaría cuatro o cinco casos conocidos.

En los diez años que el juez estuvo a cargo de la causa Triple A, los crímenes fueron declarados de lesa humanidad. Pero, no obstante, sólo se envió a juicio a un puñado de cabecillas que, en su mayoría, murieron antes o terminaron cumpliendo algunos días de prisión domiciliaria. Al día de hoy no hay un solo preso por la causa Triple A del juez Oyarbide.

Hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario de la Masacre de La Plata, el asesinato de ocho militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, en 1975 que, como tantos otros crímenes de la Triple A y de las bandas de ultraderecha, sigue impune.

Se trató de una causa “testimonial”, dispuesta a asumir que López Rega fue el jefe de la Triple A y el autor intelectual de los más de 1500 muertos, sepultando la responsabilidad de Perón, para preservar su figura, y cerrar de hecho la causa por "falta de pruebas".

Norberto Oyarbide, siguiendo la política del menemismo, primero, y del kirchnerismo, después, fue un claro ejemplo de juez a medida de los gobiernos de turno, de los negociados espurios del Estado y de las políticas de impunidad (en versión gatopardista) de los delitos de lesa humanidad como los de la causa Triple A y de la dictadura militar.

[1] Para profundizar sobre el tema Werner, Ruth; Aguirre Facundo, Insurgencia obrera en la Argentina 1969-­1976, 3a. edición, Buenos Aires, Ediciones IPS, 2016. En particular, se puede consultar el trabajo “La Triple A y la política represiva del gobierno peronista” de mi autoría, publicado en el libro.