El escándalo destapado tras conocerse el millonario caso de corrupción que involucra a carabineros ha llevado a un cuestionamiento más profundo de las instituciones del estado y los privilegios de quienes las componen.
Martes 30 de mayo de 2017
El caso de corrupción de carabineros, el llamado Pacogate, que hoy alcanza cifras de 25 millones de pesos y más de 40 imputados, abre una arista del debate sobre las instituciones del Estado, que, además de los casos de corrupción que se han conocido, se han visto cuestionados por los altos sueldos (al menos en los altos mandos) y beneficios a los que pueden acceder solo por ser miembros de los sectores defensores del Estado de los ricos.
Quienes son parte de estas instituciones, tienen sus propias cajas previsionales, convenios y beneficios a los cuales no puede acceder el pueblo trabajador. Expresión de esta desigualdad, es la enorme brecha salarial entre las pensiones de un funcionario de las Fuerzas Armadas versus un trabajador.
Entonces, ¿por qué un trabajador no puede acceder a las condiciones de vida de las que gozan empresarios y políticos? ¿Realmente empresarios y políticos corruptos, que son quienes nos gobiernan, velan por los derechos de los trabajadores?
Demás está decir que este cuestionamiento a las instituciones armadas no es muy lejano al que se hace a la casta política, quienes tras el discurso pro-trabajador, han ganado posición en el parlamento o gobierno, sin cuestionar realmente por ejemplo, los altos sueldos que reciben que corresponden a 40 veces el sueldo mínimo, que corresponde al suelo que reciben 92 de 100 personas que trabajan 45 horas semanales (Fundación Sol). A esto se suma que, en estos casos de corrupción abiertos, como Pacogate, donde se investiga además del uso ilegal de gastos reservados, presuntos sobresueldos a miembros del alto mando de Carabineros, se han visto involucrados ex subsecretarios, entre ellos a Javiera Blanco.
Mientras políticos, empresarios, e instituciones armadas, tienen la libertad de hacer y deshacer, amparados por la ley, el pueblo trabajador recibe sueldos de hambre, pensiones miserables, sin contar con educación gratuita ni salud pública de calidad, en contraste con, por ejemplo, el caso del Hospital DIPRECA, con un desfalco de $691 millones.
Esto sucede a diario, por parte de quienes nos gobiernan, de quienes se mantienen hoy a la cabeza de los diferentes países, e instituciones de orden público, oprimiendo permanentemente, por medio de injusticias sociales profundas, a trabajadores, mujeres y estudiantes.
Los casos de corrupción no son más que una burla al pueblo trabajador, de quienes gozan de privilegios y condiciones de vida exorbitantes, y que permiten mantener sus puestos en orden de pensar única y exclusivamente, como robarnos más. Es así, como este caso no aislado se suma a la seguidilla de casos que se han conocido en los últimos años, y que mantienen abierto el debate y cuestionamiento hacia quiénes nos gobiernan, y cómo debe enfrentar esta crisis el pueblo trabajador.
La necesidad, por tanto, de una alternativa desde y para los trabajadores, que ponga al centro no sueldos millonarios ni negocios corruptos, si no que mejores condiciones de vida para miles de trabajadores, mujeres y jóvenes. Es necesario que tomemos en nuestras manos la exigencia de que parlamentarios y todos quienes forman parte de estas instituciones, ganen lo mismo que un trabajador.
