Desde principios de agosto, los trabajadores venimos impulsando medidas de fuerza en todo el país para enfrentar los planes de ajuste de la intervención de la obra social de los jubilados.
Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Sábado 22 de agosto de 2015
En los finales de un período gubernamental, donde la gestión en políticas sanitarias brilló por su ineficacia como por su ausencia; la Dirección Ejecutiva de la obra social para jubilados y pensionados más importante de América Latina; con un presupuesto de $ 45 mil millones de pesos, decide destruir de forma categórica las estructuras de trabajo, afectando de forma directa en la atención al público en las distintas dependencias del país.
Las resoluciones 559 y 560, de reciente creación, suprimen divisiones intermedias en la atención directa a los afiliados; principalmente las áreas médicas como sociales. Áreas fundantes en la promoción y prevención de la salud de nuestros mayores; que garantizan la gestión social, médica y administrativa de las prestaciones de la obra social. Cierres que implica un avasallamiento de las autonomías locales y/o regionales en cuanto a resoluciones de problemáticas sociosanitarias en detrimento de una concentración de poder en los niveles centrales del Instituto, ubicados ni más ni menos que en Capital Federal.
El cierre de estas como de otras áreas (control de prestaciones, auditoria, compras y licitaciones), habilita al Directorio a reubicar y/o despedir trabajadores, como es contemplado en el artículo 19 del Convenio Colectivo de Trabajo (697/05 E): “La relación de empleo del agente con el Instituto concluye por las siguientes causas.... i) el personal alcanzado por medidas que comporten la supresión de dependencias o de las funciones asignadas a los mismos con la eliminación de los respectivos cargos que respondan a causas objetivas, será ubicado dentro del Instituto en un puesto acorde con la categoría y función efectivamente desempeñada hasta entonces.
Ante la imposibilidad del Instituto de brindarle reubicación conforme dicho perfil del trabajador, éste último podrá optar por requerir su reubicación con prescindencia de los parámetros laborables anteriormente referidos o por percibir la indemnización establecida en el inciso anterior”.
Sumado a ésto hay una falta de nombramiento de personal para reemplazar a las personas que se jubilan, perdiéndose los cargos y recargando las tareas y funciones en los que quedan.
Las condiciones de trabajo empeoran cada vez más. Misma cantidad de trabajadores para un creciente aumento de las personas jubiladas, desde el otorgamiento de la jubilación por moratoria; espacios laborales que no cumplen con las normas de seguridad e higiene.
Junto a ésto el colapso prestacional que viven los afiliados. Casi todo el mundo tiene un familiar o ha tenido que atravesar personalmente la odisea de atenderse dentro de un sistema corrupto e ineficiente que pone en riesgo la vida de quien lo utilice: mayor burocratización de los trámites, demoras en turnos, cobro para acceder de forma más rápida, falta de lugares para internaciones, subsidios sociales congelados desde 2008, falta de control en las prestaciones y la lista sigue.
Por todo esto los trabajadores de PAMI nos encontramos en asamblea permanente, en las distintas dependencias del país, pidiendo la derogaciones de estas nefastas resoluciones y por la normalización de la obra social.
Se impone la necesidad de organizar un plan de lucha conjunto para lograr todas las reivindicaciones y recuperar la obra social para sus verdaderos dueños: los trabajadores y los jubilados.
