CONSTITUCIÓN CDMX. PAN contra el derecho a la libre manifestación en la Ciudad de México

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa que pretende, según la senadora Mariana Gómez del Campo, regular constitucionalmente las marchas en la Ciudad, “sin criminalizar el derecho a la libertad de expresión y con respeto al libre tránsito”.

Este proyecto apunta a reformar el Artículo 12 inciso C del proyecto de Constitución de la Ciudad de México que presentó el jefe del gobierno Miguel Ángel Mancera. El objetivo, según la panista, es “el equilibrio entre libertad de expresión, libertad de tránsito y libertad de asociación, con el derecho de terceros a transitar libremente”.

Acción Nacional justifica su iniciativa en que la CdMx “vive una crisis provocada por el caos en la calle, acentuada por la omisión, así como el derecho de todos a la libre expresión de las ideas”. Por eso, argumenta, las marchas “deben ser ordenadas, que se permita a los demás continuar con su vida y disminuir las afectaciones, pues la Ciudad de México es la entidad del país donde hay más manifestaciones diarias”.

De izquierda a derecha: Mauricio Tabe, presidente del PAN DF, Mariana Gómez, Felipe Calderón (2015).

No es una novedad que el PAN es enemigo del derecho a la libre manifestación y en cambio preservar los derechos de un puñado de empresarios. Por eso considera que la “crisis de la Ciudad” es provocada por el “derecho de todos a la libre expresión”, y no por el hecho que la Ciudad de México está al servicio de los capitalistas, y que los partidos que ejercen funciones de gobierno administran y garantizan sus intereses, como es el caso, por ejemplo, de los negocios inmobiliarios que han sido favorecidos por panistas, priistas y perredistas desde la jefatura de gobierno y las delegaciones.

La senadora Mariana Gómez del Campo, una de sus principales líderes en la Ciudad de México, ha encabezado repetidas veces una ofensiva reaccionaria contra este derecho, así como lo hizo contra el derecho de las mujeres al aborto y a decidir sobre su cuerpo, y el matrimonio igualitario. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional también ha coincidido con los panistas más de una vez en la exigencia de regular las manifestaciones; además que, desde el gobierno federal y los gobiernos estatales, ha reprimido una y otra vez, cercenando el derecho a la libertad de expresión.

El proyecto del PAN no es ajeno a los intereses y reclamos de la clase empresarial. Por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) argumenta las perdidas sufridas “que pone en riesgo la productividad y la competitividad de la capital” para exigir la reglamentación de las marchas.

Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN en reunión de la Comisión Ejecutiva de la Coparmex (2016).

Esta ofensiva de las fuerzas más derechistas de la Ciudad es una respuesta a que, durante los últimos años, en las calles de la CdMx se hicieron escuchar los reclamos obreros y populares, así como de la juventud, las mujeres y la comunidad sexodiversa. Y que ha contado con el apoyo de amplios sectores de la población, como fue por ejemplo la lucha encabezada por los padres y madres de Ayotzinapa. También el magisterio, a pesar de ser criminalizado por el gobierno priista y la patronal, suscitó la solidaridad de cientos de miles en la CdMx, que el 26 de junio salieron a las calles y que luego apoyaron el paro de escuelas en la zona metropolitana.

El “democrático” Mancera contra el derecho a la libre manifestación

Esta propuesta del PAN no es un hecho aislado. El ataque a los derechos más elementales –como es la libertad de expresión– ha sido una constante bajo este régimen de la “democracia para ricos”. Sin ir más lejos, en el mes de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionalmente válidos los artículos 212, 213 y 214 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México que regulan este derecho, imponiendo que quien quiera hacer una marcha “perfectamente lícita” debe notificarlo con 48 horas de antelación, así como la prohibición de marchar por “vías primarias”, legitimando así las restricciones a la libertad de manifestación y desestimando los numerosos reclamos de organizaciones de derechos humanos.

De izq. a der.: Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera y Francisco Dominguez, gobernador de Querétaro, durante la presentación del IV informe de gobierno del panista Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato (2016).

Independientemente de las declaraciones generales sobre la libertad de expresión que se encuentran en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, Mancera y PRD son los principales responsables de la criminalización de la protesta social. Fue el PRD el responsable de los artículos 362 y 287, bajo los cuales se encarceló a activistas y luchadores sociales por “ultraje y delitos contra la paz pública”, y su gobierno es el que impulsa la reglamentación de las marchas. Bajo el gobierno de Miguel Ángel Mancera se reprimió la protesta social protagonizada por maestros, jóvenes y organizaciones sociales, con vimos el 1 de diciembre de 2012, el 13 de junio de 2013 o el desalojo del zócalo el 13 de septiembre de ese mismo año, por citar sólo algunos ejemplos.

Emilio Azcárraga Jean, Presidente de Grupo Televisa y Miguel Ángel Mancera, durante el X aniversario del programa Bécalos (2015).

Sergio Moissen, profesor precario de la UNAM, quien junto con la maestra de secundaria Sulem Estrada encabezó la formula Anticapitalistas a la Constituyente, impulsada por el Movimiento de los Trabajadores Socialistas, declaró: “La iniciativa del PAN es claramente reaccionaria y debe ser rechazada. La ultraderecha panista, que azuzó el odio contra la comunidad sexodiversa y el movimiento de mujeres, ahora quiere regular uno de los derechos más elemental: el de la libre manifestación. Acción Nacional ahora le reclama más mano dura a Mancera, pero éste no tiene nada de democrático. Muchos sufrimos su represión y la cárcel bajo su gobierno, sólo por ejercer nuestro legítimo derecho a la protesta.”

Hay que defender nuestro derecho a la libre manifestación y expresión y a la protesta, sin ninguna restricción.

Moissen también declaró que “Es prioritario que la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud luchemos para que la ciudad esté a nuestro servicio, y no al de los Slim, los Azcárraga y tantos empresarios favorecidos por los partidos que gobiernan la Ciudad de México y sus delegaciones. Por eso, hay que defender nuestro derecho a la libre manifestación y expresión y a la protesta, sin ninguna restricción. Las organizaciones de trabajadores, de derechos humanos, populares, y de izquierda tenemos que enfrentar enérgicamente cualquier limitación impuesta por Mancera y los partidos que hoy son parte de la Asamblea Constituyente.”