El miércoles 11 se realizó la audiencia de conciliación en la Suprema Corte de Justicia a pedido del Poder Ejecutivo en el marco de acciones de inconstitucionalidad contra el decreto reglamentario de las PASO planteadas por el frente UCR-PRO y el PTS-FIT de Nicolás del Caño.
Enrique Jasid @EnriqueJasid
Jueves 12 de marzo de 2015
FOTO: Alf Ponce para MDZ
Recordemos que los recursos judiciales se plantearon contra un decreto que modificaba en esencia la ley provincial de las PASO 8619 habilitando nuevamente la contratación de publicidad privada en Tv, Radio, Gráfica y Vía Pública y suspendiendo todo tipo de financiamiento para las campañas electorales.
Esta grave irregularidad es la condensación de un proceso eleccionario provincial que incluyó desdoblamientos improvisados producto de especulaciones políticas, presentaciones de listas entre Navidad y Año Nuevo en el caso de Ciudad y San Carlos, y en estos mismos la quita del derecho al voto a los jóvenes de 16 y 17 años.
El pacto
A pesar de haberse cumplido las etapas procesales correspondientes para que la Suprema Corte resuelva las medidas cautelares presentadas, las cuales eran prácticamente de imposible rechazo, los jueces dieron lugar a la audiencia de conciliación solicitada por el Ministro de Gobierno Lafalla y Paco Perez.
Fue en boca del Ministro que se hizo la propuesta en forma de proyecto de ley para que se vuelva a prohibir la publicidad privada en Tv y Radio, pero que se mantenga la libre contratación de cartelería pública y medios gráficos. Asimismo se hará cargo el Estado de la impresión de boletas, y destinará a los medios audiovisuales el 6% de lo pautado para publicidad oficial en el presupuesto inmediatamente anterior repartiéndolo en partes iguales entre las PASO y las Generales. Los espacios en TV y Radio contratados serán distribuidos un 50% entre todas las fuerzas de forma igualitaria y un 50% según los votos obtenidos en la última elección a senadores provinciales.
Los Jueces de la Corte propusieron que se suspendan los recursos judiciales interpuestos hasta tanto se discuta en la legislatura este proyecto de ley.
La UCR, junto a sus aliados del PRO, PD, Libres del Sur y Partido Socialista acordaron lisa y llanamente con la propuesta del Poder Ejecutivo, comprometiéndose a votar la modificación de la ley 8619.
Por su parte, el PTS-FIT que se hizo presente con sus abogados y el Diputado Nacional Nicolás del Caño y la candidata a gobernadora y senadora provincial Noelia Barbeito, rechazó el acuerdo por considerarlo una extorsión.
Explicaron a este medio que el único derecho que contenía la proscriptiva ley de las PASO pretende ser borrado primero por un decreto del gobernador, y ahora por un acuerdo entre la UCR y el oficialismo.
En palabras de Del Caño: “este acuerdo está orientado a ratificar vía legislativa una verdadera burla. Por un lado se destina arbitrariamente apenas el 6% de la publicidad oficial a “garantizar” los espacios en Tv y Radio para las agrupaciones. No hay fundamentos de por qué el 6% y no una cifra superior. Calculando cuánto sería en concreto, se puede ver que cada agrupación podrá publicar entre 5 y 10 spots por día entre todas las TV y Radio de la provincia. Es decir que ni siquiera una vez por día en cada medio. Asimismo, al dejar vía libre a la contratación de cartelería publica, la cual esta monopolizada por grupos económicos, plantea una elección desigual ya que las millonarias recaudaciones fruto de los aportes de empresarios de los partidos tradicionales estarán destinadas a ocupar dichos espacios. “
Quiénes son grandes beneficiados de este acuerdo son las corporaciones mediáticas de la provincia. Si no hubiese habido desdoblamiento, estarían obligados por ley nacional a ceder gratuitamente los espacios como estipula la ley 26.215. Pero con elecciones adelantadas, y omitiendo el gobierno provincial hacer los convenios correspondientes con la Dirección Nacional Electoral, los medios recibirán alrededor de $26 millones.
Por lo pronto se prepara la sesión especial de la Cámara de Diputados en la que peronistas y radicales votarán el acuerdo. Se espera un fuerte rechazo del FIT, que exige a la Corte que resuelva el pedido de inconstitucionalidad.
