GUERRA JUDICIAL. PSOE y UP no quieren acabar con la reaccionaria Judicatura, solo disciplinarla

La batalla por el control de la Judicatura sigue su curso. El gobierno de coalición responde esta semana a los ataques de los jueces conservadores que copan la alta magistratura desde el gobierno de Rajoy, con su reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial.

La Judicatura, reservorio de la reacción

La posible imputación de Iglesias en el Supremo y la sentencia del TSJM contra las restricciones de movildad en Madrid, volvieron a mostrar la semana pasadaque la crisis del Régimen del 78 sigue más viva que nunca. Las divisiones por arriba se expresan en esta guerra judicial. Una de las castas más reaccionarias del Estado, los jueces, son al mismo tiempo árbitro y ariete del búnker contra el gobierno central.

Este “empoderamiento judicial” no es obra de la derecha. El PSOE y las tres derechas le dieron este papel para la represión del independentismo catalán. El mismo gobierno Sánchez, por medio de la Abogacía del Estado, logró la condena por sedición a los presos políticos catalanes en el Supremo. Unidas Podemos por su parte, aunque haya criticado con la boca cada vez más pequeña esta “judicialización del conflicto”, ha dado pátina de independencia a juicios farsa como el del procés y llamado a acatar todas las sentencias liberticidas.

Solo cuando la Judicatura ha empezado a operar para debilitar al llamado gobierno “progresista” se han empezado a oír algunos cuestionamientos de parte de los morados. Pero sus críticas no son ninguna impugnación a este poder. Más bien, tanto Unidas Podemos como el PSOE están pensando como disciplinar este brazo del Estado. “La Judicatura es un poder reaccionario, pero queremos que sea nuestro poder reaccionario”, este parece el lema.

Una reforma que profundiza los rasgos bonapartistas del régimen

Moncloa responde a la guerra del deep state haciendo uso del arsenal bonapartista que le permite la Constitución, como el estado de alarma, e incluso se aventura a ir más allá. La reforma del Poder Judicial, aunque la vendan como una medida urgente para “desalojar” a los jueces conservadores cuyo mandato ha caducado y a todos sus colegas puestos a dedo, reforzará aún más el control del Ejecutivo en la designación de jueces, al reducir de cualificada a mayoritaria la mayoría necesaria para su renovación.

Por un lado reduciría la capacidad de bloqueo de la oposición, la situación actual. Por el otro, abre la puerta a que éste y los siguientes gobiernos hagan un CGPJ aún más servil al Ejecutivo de turno. No le falta razón a Rufián de ERC cuando se preguntaba qué pasaría si esta reforma sale adelante y está a disposición de un siguiente gobierno de coalición de la derecha y la extrema derecha.

Las dudas de la constitucionalidad de la medida han llevado a que se compare esta reforma con otras llevadas adelante por gobiernos de la derecha populista como el de Polonia. Sánchez tiene por delante convencer a la Comisión Europea de que “no es lo mismo”.

No hay reforma posible, hay que acabar con la casta judicial

Lo cierto es que ni la mayoría cualificada ni la mayoritaria garantizarían un poder judicial democrático. La naturaleza de esta institución es per se reaccionaria, arbitraria y antidemocrática. Una casta imbuida de un poder casi absoluto, solo revisable o controlable por sí mismo, a la que se accede por medio de una trama en la que se mezclan grandes familias, sagas de jueces y fiscales que hunden sus raíces en los más profundo y oscuro del siglo XX, lazos con los grandes poderes económicos, el aparato policial, las cloacas y... al fondo del todo, la Corona.

Los mecanismos de elección de su órgano de gobierno, del que depende la designación de los puestos determinantes de los principales tribunales y salas de apelación, buscan, en situaciones normales, que expresen un cierto consenso y equilibrio entre los diferentes agentes del régimen. Cuando dicho consenso se rompe, como es el caso en el Estado español, este poder acaba actuando como una especie de cámara de ratificación permanente y la “última trinchera” en que se defiende el status quo, de ahí que suele albergar a la flor y nata de los sectores más ultras y bunkerizados.

Un poder que decide, sin apelación posible, cuando una ley puede ser aprobada, debe ser corregida o anulada, si un estatuto aprobado en referéndum es válido o no, quien puede y quien ser electo diputado o presidente de un gobierno autonómico o llevar adelante, en el nombre de la lucha contra tal o cual delito, todo tipo de maniobras para condicionar la vida política. Ejemplos en la historia reciente del Estado español hay a patadas, sobre todo en latitudes catalanas, pero también en otras más lejanas, como el rol de la Judicatura en el golpe institucional contra Dilma en Brasil o el encarcelamiento de Lula para evitar su candidatura presidencial.

Por juicios por jurado, jueces electos y con el salario medio

Lejos de toda ilusión en una reforma democrática de la Judicatura, y a años luz de las reformas que vienen a profundizar en los rasgos bonapartistas como defienden ahora desde el gobierno “progresista”, es necesario luchar por acabar con esta reaccionaria casta.

Hay que acabar con todos los tribunales que actúan como auténtica tercera cámara legislativa-ejecutiva, como los tribunales superiores, el Supremo o el Constitucional, así como tribunales de excepción como la Audiencia Nacional, heredera directa del Tribunal de Orden Público de la dictadura.

Los juicios deben realizarse siempre por medio de jurados populares y los jueces deben ser electos por sufragio universal en todos sus niveles, y no puestos a dedo o por medio de componendas entre los diferentes partidos del régimen. Su salario no debe superar el salario medio. Que vivan como banqueros, empresarios y altos funcionarios, explica que la “Justicia” tenga el explícito carácter de clase que deja a Rato en la calle en apenas 2 años y miles de presos procedentes de las clases populares pueblen las cárceles durante años por delitos mucho menores.

Se trata de medidas elementales para acabar con un Poder Judicial reaccionario. Ni las derechas, ni tampoco el PSOE o Unidas Podemos, están por la labor de implementarlas. La disputa actual no es entre quienes defienden una Judicatura conservadora y otra más democrática o progresista, sino en quien y como puede controlar una institución reaccionaria.

Esta cuestión democrática, como otras como el fin de la Corona o el derecho a decidir, solo podremos arrancarlas por medio de la movilización social de la clase trabajadora y los sectores populares contra un régimen que hace aguas por arriba y que, si no lo volteamos por abajo, no tiene más que salidas reaccionarias para estabilizarse. La lucha por imponer procesos constituyentes, donde poder abordar y resolver estas demandas y los grandes problemas sociales derivados de la pandemia y la crisis económica, mantiene plena vigencia.