Luego de que el Gobierno presentó el proyecto de ley para reducir jornadas laborales y salarios en 15% en el sector público, la respuesta del PUSC en la Legislativa es redoblar la apuesta para que sea la clase trabajadora quien pague la crisis. La reducción podría dejar intactos los salarios de altos jerarcas del gobierno y diputados.

Paola Zeledón Muñoz Organización Socialista Revolucionaria / Pan y Rosas
Viernes 17 de julio de 2020
Como si estuviera en disputa el título de “el ajustador estrella”, el jefe de bancada del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) Rodolfo Peña presentó este miércoles una propuesta para que las reducciones salariales sean de hasta hasta un 25%, aumentando lo propuesto por el PAC y manifestando que no apoyaran su propuesta.
Recientemente en la Asamblea Legislativa están en discusión una serie de ataques contra el salario en el sector público, que se suman a las medidas de recorte de jornada y los despidos de inicios de la pandemia en el sector privado; ambos son demostraciones de la política del gobierno y los partidos de la burguesía para que la crisis la pague la clase trabajadora de conjunto.
Además, según algunos medios de comunicación nacionales durante la discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido quien estaba allí para defender la propuesta de reducción de jornadas y salarios, abrió el portillo a la interpretación de que los altísimos salarios de los diputados no se verían afectados por el proyecto pues “no tienen una relación laboral con el Estado”.
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El proyecto de ley sigue en discusión, pero lo que se puede ver a raíz de las posiciones en la Legislativa es que todos los partidos patronales, las cámaras empresariales y los medios de comunicación están decididos a que la clase trabajadora pague la crisis. Intentan hacer pasar los atques al salario como necesarios, como medidas ligadas a la pandemia que tienen el objetivo de aliviar la crisis; pero eso sólo es verdad para los empresarios y sus ganancias.
Es necesario rechazar el proyecto de Ley 22.081, que los sindicatos del país inicien una fuerte campaña contra esta política del gobierno. De igual forma son necesarios impuestos progresivos a los grandes grupos económicos y fortunas así como dejar de pagar la deuda externa. Ligado a esto proponemos que en el propio Ejecutivo, las y los diputados, jueces y toda la alta jerarquía del Estado pase a ganar un salario promedio igual al de un docente. Además es necesario el pago del 100% de los salarios. Ningún despido ni suspensiones con rebaja salarial. Es necesario ilegalizar los despidos en las actuales condiciones de crisis y pandemia.