La investigación sobre el máster de Pablo Casado va camino del Tribunal Supremo. Las declaraciones del nuevo líder del PP son un insulto para los estudiantes sin pase VIP y dejan en evidencia la corrupción y el trato de favor que existe en las universidades públicas españolas.
Alejandro Bravo Madrid
Miércoles 8 de agosto de 2018
Foto: EFE
Suman y siguen las corruptelas del PP, la investigación sobre el máster de Pablo Casado va camino del Tribunal Supremo. Esto es así desde que el pasado lunes la jueza Carmen Rodríguez-Medel, magistrada del juzgado de instrucción 51 de Madrid, decidió trasladar la causa al Supremo tras encontrar “indicios de responsabilidad penal” en la obtención del título por parte del nuevo dirigente del Partido Popular.
Una investigación abierta tras estallar el escándalo Cifuentes ya ha puesto a catorce alumnos del Máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos bajo el punto de mira de la justicia, entre ellos la expresidenta autonómica y el líder conservador. A todos ellos los une “su especial relación personal o profesional con Enrique Álvarez Conde -director del citado máster- o su especial relevancia política”, tal y como figura en el auto de la jueza.
Pablo Casado, que siempre optó por una estrategia más locuaz que la de Cifuentes en este asunto, no ha tardado en dar respuesta: “yo no estoy investigado por ningún tribunal. No recae sobre mí ningún indicio de culpabilidad” declaró a los medios de prensa.
Cualquiera diría que ser señalado por una jueza que solicita al Tribunal Supremo que le impute por prevaricación y cohecho impropio se asemeja bastante a tener sobre sí indicios de culpabilidad. Si a lo que se refiere Casado es a que no ha sido llamado a declarar ni se le ha imputado como sí se ha hecho con las otras tres alumnas del mismo máster, que recibieron calcado trato de favor por parte de la URJC, no se equivoca; pero esto se debe única y exclusivamente a su condición de aforado, razón por la que la jueza ha decidido elevar el caso al Tribunal Supremo.
Lo cierto es que esta no es una mala noticia para Pablo Casado. Es bien sabido que el Supremo es un tribunal lleno de estómagos agradecidos del Partido Popular, los cuales deben su prolífica carrera a este partido gracias a esos mecanismos de la política que “garantizan la separación de poderes”. Aunque es cierto que la sentencia de la Gürtel golpeó duro a los populares, está por ver si la judicatura está dispuesta a seguir castigando a uno de los principales partidos del Régimen del 78 en pleno intento de recomposición tras el varapalo de la moción de censura.
Pero, independientemente de cómo la justicia resuelva el asunto Casado, que el dirigente conservador ha recibido trato de favor por parte de la URJC es un hecho consumado que se infiere incluso de sus propias explicaciones. Según explicaba él mismo, pactó personalmente con el director del Instituto de Derecho Público, Álvarez Conde, una serie de condiciones ventajosas: no tenía que asistir a clase, ni realizar exámenes, ni entregar el Trabajo de Fin de Máster, le convalidarían 18 de 22 asignaturas y las cuatro restantes las aprobaría entregando -en teoría- unos trabajos.
La pregunta es entonces, ¿qué clase de estudiante normal -es decir sin los cargos políticos del señor Casado y los poderes que guardan su espalda- podría permitirse siquiera soñar con negociar unas condiciones semejantes con su respectiva universidad? ¿Pretende hacernos creer que en la universidad del Plan Bolonia y las Estrategias 2012 y 2020 puede aprobarse sin asistir a clase y sin realizar exámenes y trabajos a ritmos estajanovistas?
Las explicaciones de Casado son un auténtico insulto para todos los estudiantes, empezando por aquellos que cursaron el mismo máster no como alumnos VIP. Es un insulto que los dirigentes del PP, impulsor de las grandes de las grandes contrarreformas universitarias -un papel que también jugó destacadamente el PSOE, no lo olvidemos-, aquellos que expulsaron a decenas de miles de hijos de la clase trabajadora de las universidades públicas no solo por la vía económica sino también por la imposición de planes de estudio que imposibilitaban la conciliación con la vida laboral, puedan reconocer esta clase de prácticas y tenerlas por una defensa válida sin ruborizarse.
Para Casado no existe ninguna irregularidad en la obtención de su máster con un expediente de sobresaliente, ni en haber aprobado en un verano dos años de licenciatura de Derecho, ni en haber obtenido un título de posgrado en Harvard y en Georgetown sin salir de España. Sus palabras denotan la soberbia del que se cree intocable, pero especialmente elocuente ha sido el intento del dirigente derechista de salpicar a otros colegas de profesión mencionando titulaciones ficticias del líder del PSOE en Madrid, una tesis doctoral de Pedro Sánchez desaparecida, apuntó también a la ministra de Sanidad, al portavoz de los socialistas e incluso a la beca de Íñigo Errejón.
Hay que decir que pese a lo rastrero de su estrategia -y habría que añadir inculpatorio en el fondo- Casado no miente. De sus palabras subyace una realidad en las universidades españolas, el tráfico de favores e influencias entre la casta política y otra casta, la académica, que gobierna las universidades públicas como sus cortijos particulares, ligadas ambas por múltiples lazos a los grandes poderes empresariales.
La crisis del Régimen del 78 empezó a desnudar sus múltiples corruptelas. Estas comenzaron a vislumbrarse por sus eslabones más débiles: los gobiernos autonómicos y locales y las tramas urbanísticas, hasta alcanzar a los dos grandes partidos del régimen y a la propia monarquía. Las universidades y sus catedráticos e intelectuales “al servicio de su majestad”, que jugaron un rol preeminente en la justificación de su existencia, han conseguido mantenerse lejos de estos escándalos hasta hace poco. No sería de extrañar que, a medida que se vaya profundizando la crisis de las instituciones nacidas de la Transición, nuevos casos de corrupciones varias emerjan en las universidades.
