Hoy en Neuquén confluyeron dos luchas en defensa de los puestos de trabajo. Trabajadores de la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada) marcharon en la jornada de protesta de las tres fábricas ceramistas para difundir la situación actual de la planta.
Viernes 22 de febrero de 2019 17:24
Dialogamos con Pablo Sosa, delegado de la Junta Interna Ate de la planta. Al ser preguntado sobre el estado actual, comentó que la situación empeoró, sumado a la última noticia en la que les afirmaron que solamente tienen garantizado los salarios hasta marzo. Además, presentaron tres notas para solicitar audiencia con el gobierno y no han obtenido respuesta.
“En el día de hoy confluimos con los ceramistas y como ellos tienen una reunión con Gaido, nosotros vamos a entrar con ellos, gracias a su solidaridad. La situación es más que preocupante. Lo que escuchamos es que, a la planta la quieren seguir manteniendo hasta que esté finalizada la instalación de la planta de fertilizantes”, dijo Pablo Sosa.
Y agregó “nosotros tenemos acuerdo, pero queremos volver a producir agua pesada. Es necesario que se produzcan 400 toneladas de stock para las centrales de nuestro país que son Atucha 1 y 2 y embalse en la provincia de Córdoba. Estas centrales tienen una vida útil de 30 años y van a necesitar agua pesada”.
“Es una locura cerrar la planta y pensar en comprar afuera”, enfatizó el delegado.
Sobre los argumentos de la locura que están cometiendo el gobierno provincial y nacional, Pablo Sosa explicó que el agua pesada se vende por kilo y que en el mercado internacional para la venta tiene un costo aproximado de 900 dólares. El costo de la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada) es de 600 dólares. Y continuó detallando “es un mito, la compra en el exterior porque primero tienen que conseguir un vendedor, los países que tienen esta tecnología ya se han "stockeado" es decir ya almacenaron y no compran, ni venden. En caso que consigan alguien que les venda, va a tener un costo elevado por lo menos 10 veces más del valor que manejamos nosotros con nuestros costos”.
Pablo Sosa agregó, que esta situación se da en el marco de una crisis energética muy importante en nuestro país, sobre eso refirió “las centrales producen alrededor de 2400 megabites que se inyectan al circuito intercomunicado nacional de energía y hay emergencia energética, los caudales de los ríos fueron aumentados y no es casualidad, es debido a la crisis energética. Para la emergencia energética, la posición del gobierno es en lugar de hacer más centrales, desmantelar y cerrar las fábricas que producen energía”.
A finales del 2018, los trabajadores de la PIAP fueron parte de una carpa que se instaló en el Congreso junto a las demás centrales para denunciar el desmantelamiento de ese sector. En esa oportunidad los recibió en el senado, Julian Gadano, subsecretario de energía nuclear. En esa reunión, si bien el subsecretario reconoció la necesidad sobre las 400 toneladas que se producen en la planta de Arroyito, no brindó ninguna garantía sobre volver a poner en producción a la planta.
Pablo Sosa manifestó “esa es la decisión política que no quieren tomar”. Y continuó “nosotros concretamente pedimos que se mantengan las fuentes laborales y que se reactive la fábrica. Ya contamos con los 22 despidos de los compañeros del comedor que dependían de una empresa tercerizada, pero de ENSI (Empresa Neuquina de Servicios de Ingenieria) no ha habido despidos hasta el momento”.
Para cerrar dijo “se achicó el plantel porque los trabajadores emigraron a otras empresas. Con esta medida estamos desde ayer. Para la semana que viene vamos a realizar una conferencia de prensa para informar sobre el desarrollo de nuestro conflicto. Las demás acciones que vengan, van a ser discutidas en nuestras asambleas”.
