ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. Pacto entre patronal y sindicatos para consolidar la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora

El pasado viernes la Cadena Ser anticipaba un acuerdo entre patronal y sindicatos en relación al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Según fuentes de la negociación quedaban pequeños flecos que negociar en las horas siguientes para validar por escrito ese pacto.

Dicho y hecho. Para asestar un nuevo golpe a los bolsillos de la clase trabajadora y los sectores populares del Estado español, las burocracias sindicales de UGT y CCOO -y por supuesto la patronal- se mueven realmente rápido. Y es que si hay un titular que debe acompañar al anuncio del pacto (solo falta la firma de la dirección de CCOO que se espera para este martes) debe ser que este nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva es una consolidación de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadores.

Y es que hablar de acuerdo con la patronal y beneficio para la clase trabajadora es un ejemplo de oxímoron en toda regla. ¿Qué dice el acuerdo en materia de salario? Dicho acuerdo insta a las empresas a subir los salarios un 4% en 2023, un 3% en 2024 y un 3% en 2025, con la indicación de que estos incrementos crezcan un 1% adicional si la inflación los supera —aplicable al año siguiente, no de forma retroactiva—.

No poco se esconde detrás de tan pocas líneas. En primer lugar, "insta" y es que si algo debe quedar claro es que este pacto, ya de por sí lejos de la realidad de millones de trabajadores y trabajadoras no tiene ningún tipo de carácter vinculante, más bien es una guía para aquellas empresas que se encuentren en medio de negociación o que estén por empezarlo.

Pero es cuando nos metemos en los números donde vemos lo que supone este nuevo acuerdo. En primer lugar, es un acuerdo sin retroactividad. Esto tiene dos consecuencias, la primera de ellas es que este acuerdo no pinta nada para el año que acaba de quedar atrás. Un año, el 2022, donde los salarios subieron de media un 2,78%, es decir, ¡tres veces menos! que lo que subió el IPC. Y es que si bien se cerró el año con una inflación del 5,8%, que ya hubiera supuesto una pérdida de poder adquisitivo considerable, la media anual acabó en un 8,4%. Es decir, el año pasado ya podemos hablar de una pérdida del 5,6%.

La segunda consecuencia de esta "no retroactividad" esto quiere decir que si la inflación anual (pongamos la del 2023) finaliza en una media del 5,5%, este acuerdo mantiene el 4% y permite subir un 1% para el siguiente año (2024). Es decir, se cerraría 2023 con un nuevo golpe a los bolsillos de la clase trabajadora.

Se podría pensar que estos escenarios son hipótesis alejadas de las tendencias económicas, que solo buscan las tres patas al gato, pero nada más alejado de la realidad. Con el primer trimestre de este 2023 cerrado, las proyecciones de diferentes entidades bancarias y crediticias, apuntan a una inflación del 4,6% este año. La OCDE por su parte la rebaja hasta el 4,2%.

No parece haber mucha variación si nos anticipamos al año siguiente, 2024, siendo que la misma OCDE proyecta un IPC del 4%. Es decir, según el acuerdo alcanzado, en 2023 se perdería un 0,6% de poder adquisitivo y en 2024 no se recuperaría absolutamente nada.

Este es el pacto que se ha firmado y del cual se vanaglorian patronal, burocracia sindical, y por supuesto, el gobierno "progresistas".

Quiero agradecer a los agentes sociales un acuerdo tan importante destinado a proteger los salarios de las personas trabajadoras.

Las organizaciones sindicales y patronales vuelven a estar a la altura de nuestro país. https://t.co/HS9cyFfR67

— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 5, 2023

Nuevamente alguien podría pensar, con estos números sobre la mesa, que las perdidas son mínimas en un marco de incertidumbre económica y geopolítica. Pero si echamos la mirada atrás, vemos el nivel de pérdida de poder adquisitivo y por ende, lo vergonzoso de este nuevo acuerdo.

Apuntábamos al inicio de esta noticia que en 2022 se perdieron 5,6 puntos de poder adquisitivo. Pero es que si alargamos el prisma, el Estado español es uno de los países donde más se sufre esta caída de sueldos contra el aumento de precios. Por ese agujero los españoles han perdido parte de su salario, hasta el punto de que hoy tienen 1.440 euros menos en el bolsillo que en 2009, hace 12 años.

Pero este acuerdo no solo no aguanta la más mínima comparación con los datos de la última década, sino que es un pacto insuficiente para la actualidad. Este 2023 no empezó con los dobles dígitos en las cifras de inflación, pero esto no quiere decir que no siga siendo un problema real. Abril cerró con un repunte hasta alcanzar el 4,1%. Es decir, los precios siguen comportándose como una ola sin tendencia clara.

Y esto si analizamos el dato del IPC "agregado", si vamos a ver el denominado IPC subyacente donde se tienen en cuenta los precios de la cesta de la compra sin tener en cuenta los valores económicos de la energía ni de los productos que requieren su fabricación, el dato de este abril se ha cerrado en un 6,6%.

Esta es la realidad, no otra. Este pasado 1 de mayo tanto CCOO como UGT lanzaron mensajes de "lucha" y "movilización", pero pura palabrería. Apenas 5 días posteriores han firmado un pacto con la patronal que certifica el empobrecimiento de millones de trabajadores y trabajadoras.

Tampoco es que se pueda decir que es una sorpresa, si bien las burocracias sindicales apuntan a que todos los males empezaron con la reforma laboral del PP, lo cierto es que su pasividad, desmovilización y pactismo con la CEOE han sido ingredientes indispensables para que hoy la clase trabajadora en el Estado español sea más pobre que hace 10 años.

Y se ha visto nuevamente en este pacto. En su palabrería apostaban por una revisión salarial según los precios, fuera el pacto. Apostaban por la retroactividad a la hora de fijar la subida salariar. Dos aspectos centrales a los que la patronal se negó. No pasó nada, se pacta igual.

Un ejemplo ilustrativo de estos últimos puntos es que 2008 más de 8 millones de trabajadores, casi el 70% de los que estaban cubiertos por un convenio colectivo, tenían una cierta protección en sus salarios ante la subida de los precios.

Esto se debía a que muchos convenios colectivos gozaban de algún tipo de cláusula de garantía salarial. Pues bien, a finales de 2021, solo 1,2 millones de trabajadoras y trabajadores contaban en su convenio con cláusula de garantía salarial. Esto es, solo un 15,65% del total de trabajadores con convenio está bajo el paraguas de uno con un pacto con la empresa que vincule su sueldo con el IPC.

Esto es la "obra" de la burocracia sindical, un ataque a la clase trabajadora ejecutado de su puño y letra junto a la patronal y los diferentes gobiernos. Pero ante esta situación, la izquierda sindical no puede mantenerse al margen. Debe apostar por organizar la movilización frente a este nuevo ataque, y poner sobre la mesa las medidas necesarias, unas medidas que den respuesta a la situación actual y los ataques de la última década.

Lo que hace falta, de forma urgente, es un salario mínimo de 1.500 euros, que se actualice en forma automática de acuerdo con la inflación y el IPC real. Solo así evitaremos seguir perdiendo poder adquisitivo.

Junto con esto, existen otras medidas de urgencia que se podrían tomar de forma inmediata contra la inflación, como el control de precios para terminar con la especulación de las grandes cadenas alimentarias, las empresas de energía y muchas otras. Y frente a los beneficios extraordinarios de los capitalistas, hace falta imponer impuestos extraordinarios a las grandes empresas y fortunas, así como la nacionalización bajo control obrero de las grandes empresas energéticas. Son medidas elementales para evitar que sea la clase trabajadora y los sectores populares los que siguen pagando la crisis.