Reproducimos ’Pactos de silencio’, un documental que denuncia la estafa de BB Serveis, una empresa adjudicataria de servicio a las personas mayores y que dejó a miles de trabajadoras y trabajadores inmersos en la precariedad.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Jueves 11 de abril de 2019
A continuación reproducimos ’Pactos de silencio’, un documental realizado por Toni Navarro que denuncia la estafa de BB Serveis, una empresa adjudicataria de servicio a las personas mayores.
Pactos de Silencio
El accionar de BB Serveis pasaba por la creación de una vasta red de franquicias a nivel estatal para presentarse a los concursos públicos donde conseguir la adjudicación de los servicios de asistencia a las personas mayores en diferentes Comunidades Autónomas. Una vez con la externalización del servicio adjudicado, la empresa se desentendía totalmente de los residentes.
Las trabajadoras y trabajadores denunciaron la falta total de material higiénico para los usuarios. Y todo ello, sin contar las penurias de las propias trabajadoras y trabajadores, viéndose impotentes para atender las necesidades más básicas de los mismos.
Además, desde el primer instante, la empresa dejó de pagar las nóminas en todas las concesionarias, dejando a las trabajadoras y trabajadores en una situación de profunda precariedad y pobreza. Muchos de los cuales hoy siguen peleando por no verse desahuciados al no poder pagar alquiler o hipoteca.
Es, de hecho, a raíz de esto que se formó la Plataforma de Afectados BB Serveis, y la misma que con mucho esfuerzo consiguió destapar la actividad lucrativa fraudulenta de la empresa. Se calcula que la empresa BB Serveis se ha lucrado con más de 34 millones de euros a través de las 90 concesiones públicas que se adjudicaron y a costa de miles de personas con necesidades básicas y urgentes. De la misma forma, se considera que hay más de dos mil trabajadores y trabajadoras afectadas por la empresa, ya sea por impagos o por despidos en ERE’s fraudulentos.
Pocos servicios más básicos y esenciales hay que el de ofrecer los cuidados necesarios a las personas mayores. Sin embargo, también son pocos los servicios públicos que han logrado un tan deshonesto margen lucrativo a manos de grandes empresas privadas.
Y es que desde hace años, el servicio de atención a las personas mayores se ha convertido en un auténtico negocio. Con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2006, un gran número de gobiernos municipales empezaron a externalizar este servicio. Es decir, adjudicar las concesiones a empresas privadas, de las cuales, las grandes constructoras se llevan la palma.
En ese sentido, mucho hemos escrito en este diario sobre las condiciones de ultra precariedad laboral a las que someten las empresas como Clece, Valoriza, Suara o ABD (tan solo por nombrar algunas de las principales adjudicatarias de los servicios de atención a las personas mayores).
Jornadas reducidas en las que con suerte llegas a las 26 horas semanales y salarios muy bajos, la mayoría entre 400 y 500 euros por mes. Y ello, en un sector en el que la gran mayoría son mujeres y con un gran porcentaje de trabajadoras inmigrantes, muchas se ven obligadas a compaginar dos empleos para poder sacar a sus familias adelante.
La Plataforma lleva tiempo exigiendo la remunicipalización de los servicios esenciales y estableciendo mesas de negociación con el Ayuntamiento de Barcelona en Comú, sin éxito por el momento. Y es que en ese sentido, la teniente de alcalde de derechos sociales, Laia Ortiz, afirmaba al poco tiempo de entrar en el Gobierno municipal la imposibilidad de la remunicipalización del Servicio de Asistencia Domiciliaria.
Pero es que además, hace tres años, la alcaldesa del cambio de Barcelona, Ada Colau, se encargó de renovar la concesión del servicio de atención domiciliaria a una empresa como Clece, cuyo propietario es, ni más ni menos que Florentino Pérez.
Una decisión que reveló en su momento la política del “ayuntamiento del cambio” de Barcelona en Comú de posicionarse a favor de los intereses de los grandes empresarios milmillonarios, a la vez propietarios de los grandes contratos públicos, que se lucran (todavía más si cabe) con la gestión de los servicios municipales más esenciales.
Sin embargo, la remunicipalización de los servicios públicos, hoy en manos de grandes empresas privadas, es esencial para mejorar su calidad y su eficacia. Y, visto la nula predisposición de los ayuntamientos del cambio, la única forma de conseguirlo es mediante la movilización social en las calles que consiga levantar un movimiento entre todos los sectores de servicios y luche por imponer está demanda, sin ningún despido y bajo gestión de los propios trabajadores.
