Hoy Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, se reunirá con padres de los 43 normalistas.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Viernes 23 de septiembre de 2016
Este miércoles, padres de los 43 normalistas desaparecidos por el Estado en septiembre de 2014, se reunirán con Jan Jarab, representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en México. Esta reunión se realizará con marco en la visita de Jan Jarab a las instalaciones de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero.
Según informaron medios de circulación nacional, en esta visita se refrendará el “apoyo” de la ONU a los padres de los 43 y se pronunciarán “por la búsqueda de verdad y justicia”.
Esta visita se da en el marco del inicio de una intensa jornada de actividades en donde el Comité de Padres de los jóvenes normalistas desaparecidos planea recorrer distintos puntos del país, convocando a una movilización de carácter nacional para el próximo 26 de septiembre, fecha en que se cumplen dos años de los crímenes de Iguala.
Durante este tiempo, la Procuraduría General de la República (PGR) se ha mantenido en sus trece, negándose a reconocer las investigaciones que en más de una ocasión han derrumbado la principal hipótesis sobre el destino de los jóvenes, llamada por Murillo Karam, “la verdad histórica”.
Nuevas tecnologías, viejas excusas
Recientemente la PGR, a través de Alfredo Higuera, Fiscal del caso Iguala, hizo público el hallazgo de por lo menos 40 lugares en donde “pudieran existir fosas clandestinas” en Cocula.
Valiéndose de la tecnología LIDAR (utilizada en arqueología y minería), obtuvieron imágenes tridimensionales con las que registraron irregularidades en los terrenos de Iguala y los identificaron como posibles sitios de inhumación.
Mientras aseguran que se trata de un esfuerzo por abrir las líneas de investigación, estos datos, lejos de abonar a dar certeza al caso, profundiza el cuestionamiento a las instituciones y empata con la pregunta desenterrada por los padres de los 43, cuando meses atrás se lanzaron a realizar excavaciones y encontraron, no a sus hijos, sino a decenas de personas sin nombre, abandonadas en las fosas clandestinas de la Sierra de Guerrero. ¿Si no son los 43, quiénes son?
El caso Ayotzinapa evidenció hasta qué punto las autoridades están vinculadas con el crimen y cómo, a pesar del discurso de respeto a los derechos humanos que Enrique Peña Nieto ha emitido hacia la opinión internacional en diversas ocasiones, son las mismas fuerzas armadas las que cometen tortura, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y un sinfín de atropellos en contra de la población.
Como respuesta, el gobierno federal ha propuesto la creación de “nuevos protocolos” que regulen el uso de la fuerza y el actuar de las fuerzas represivas, como si éstos no existieran ya desde hace mucho tiempo. Los altos mandos están blindados, ya sea por sus fueros militares o por su relación con algún funcionario. Si en algún momento elementos de la policía o del ejército fueron interrogados sobre el caso, fue en medio de irregularidades absurdas y siempre bajo la protección de las instituciones.
Hoy se dio a conocer que el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, se encuentran revisando un video de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero. La finalidad de este trabajo, aseguran, es descubrir si hubo algún tipo de edición en el material de vigilancia, tal y como sugirió en su último informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Más de 43 motivos
A dos años de la masacre de Iguala, el panorama no ha mejorado. Las fuerzas armadas continúan protagonizando ejecuciones bajo el amparo de las autoridades a nivel local y federal. El periodismo crítico bajo el asedio y la persecución orquestada desde el estado está pasando por uno de sus peores años durante el sexenio, la subordinación a los mandatos de Estados Unidos ha quedado más clara que nunca y los recortes presupuestales hacia 2017 auguran cielos nublados para los millones de trabajadores en el país.
A pesar de los bruscos movimientos en el gabinete presidencial y las tensiones por los “destapes” hacia 2018, en las alturas sigue habiendo acuerdo en el ataque a los trabajadores y la radicalización de las medidas para implementar las reformas estructurales.
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Es en este escenario que se hace urgente salir a las calles. No reformar el régimen, sino luchar para derrotarlo, en la perspectiva de echarlo abajo. La consigna por la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa es ya un estigma de la administración peñanietista y una de las banderas en el reclamo de millones contra esta democracia para ricos.
