El 17 de junio en un reportaje firmado por Ezequiel Flores Contreras en la revista Proceso se presentan nuevas declaraciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Esta versión agrega nuevas aristas al caso de la noche negra en Iguala, Guerrero.
Miércoles 24 de junio de 2015
Esta nueva información se da a unos días de que Proceso diera a conocer los resultados de investigación junto a la Universidad de Berkeley. Allí se avalan las declaraciones de Ulises Bernabé, juez de la Policía Municipal de Iguala, que detalla que los 43 normalistas nunca fueron llevados a la base policial donde él se encontraba. Esto tira abajo la versión oficial de la noche negra de Iguala que asegura que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula.
La versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Ayotzinapa fue cuestionada en diciembre por Anabel Hernández, pues dio indicios de la participación del Batallón 27 de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los 43 normalistas. Ese mes los padres de los 43 intentaron ingresar a las instalaciones del Batallón 27 y fueron recibidos con gases lacrimógenos y fueron reprimidos por la Policía Federal.
El Batallón 27 es célebre por su historia en desaparición forzada en los años setenta durante la llamada “Guerra Sucia” en contra de Genaro Vazquez y Lucio Cabañas. Sus tácticas sanguinarias eran conocidas como la aplicación de la “aldea vietnamita” que era el ingreso militar en los barrios. Así fueron cientos los desaparecidos en los años setenta. También existen investigaciones de científicos de la UNAM en enero de 2015 demostrando la imposibilidad de la incineración de los 43 en Cocula.
Según el reportaje de Ezequiel Flores en Proceso uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa está dado de alta como soldado en activo, pero su identidad fue catalogada como “confidencial”, reveló Sedena. A mediados de abril el reporte Flores Contreras solicitó información a la Sedena, con folio 77315, sobre el caso de infiltración de grupos especiales en la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” en Guerrero.
Sedena contestó en un comunicado detallando “que se localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los 42 estudiantes desaparecidos de la escuela rural Isidro Burgos que refiere en su solicitud; sin embargo, el nombre se encuentra clasificado como confidencial por tratarse de datos personales”. El documento está firmado por el subjefe administrativo y logística del Estado Mayor de la Sedena, General David Córdova Campos.
Omar Salgado, sobreviviente de la masacre de Iguala en septiembre del 2014, escribió un breve texto en el que señala “Esto significa ni más ni menos que estábamos infiltrados por un agente de inteligencia militar del Estado, cosa que todas las organizaciones de oposición al régimen nos esperamos siempre y lo tomamos como algo obvio.”
Infiltración y espionaje
De ser verídica esta información esto revela aun más la responsabilidad del Estado y el régimen político mexicano en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta información determinaría que el régimen político mexicano y sus grupos de inteligencia infiltran a las organizaciones sociales y políticas del país.
Estas prácticas y métodos fueron usados durante la “Guerra Sucia” de los setenta. La Dirección Federal de Seguridad (DFS) bajo el mando del ultra reaccionario y oscuro personaje Nazar Haro mantenían una dependencia “secreta” dirigida desde la Secretaría de Gobernación especializada en espionaje, contra insurgencia, infiltración y desaparición forzada.
La DFS fue entrenada en la Escuela de la Américas en Panamá durante los setenta, época del combate a los movimientos de protesta en México luego de la insurgencia de 1968. La DFS tenía un grupo paramilitar llamada “Brigada Blanca” que combatía a organizaciones obreras, estudiantiles y populares de izquierda. La “Brigada Blanca” era una especie de escuadrón de la muerte formado por militares y elementos selectos de cuerpos policiales.
Las prácticas de los años 70, la infiltración, la desaparición forzada y el espionaje, siguen siendo prácticas comunes del gobierno mexicano. En 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad fue finamente espiado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y construyeron fichas de cada uno de los integrantes. El “seguimiento” a los activistas con operaciones de inteligencia incluyó escuchas telefónicas sin orden judicial. Dentro de los “fichados” están el propio Javier Sicilia.
Durante el movimiento #YoSoy132 una nómina de personajes al servicio del CISEN dentro de los que se encontraba Manuel Cossío fueron descubiertos pues entregaban puntualmente información del movimiento.
Durante las protestas contra el alza a la tarifa del metro en 2014 el CISEN, en colaboración del Gobierno de Miguel Ángel Mancera, detalló que “un grupo de personas de Brasil del movimiento #Passe Livre asesoraban al #Posmesalto.” El espionaje del CISEN reveló datos confidenciales como número de pasaporte, vuelos al extranjero de mi parte al mismo tiempo que me “fotografiaron” como supuesto “vándalo” en una primera plana del Universal.
Sin embargo, lo de la infiltración en la Escuela Normal de Ayotzinapa supera completamente los casos del 2011, 2012 y 2014. Esto revelaría que la masacre de los 43 fue un plan premeditado desde grupos de inteligencia del gobierno federal.
De ser verídica esta información se confirma la política de infiltración, espionaje, represión y persecución a las organizaciones de izquierda y a los movimientos sociales. Esto demostraría, con más fuerza aun, que el Estado es el responsable directo de la masacre de Iguala y de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La infiltración pretende aniquilar y destruir a los movimientos sociales en el país.
Los familiares responden
Este 19 de junio los familiares de los 43 respondieron a la Sedena en conferencia de prensa desde Guerrero y sostienen que la información dada a conocer por Proceso pretende deslegitimar el movimiento por la presentación con vida de los normalistas: “consideraron que esta es una maniobra del gobierno federal y de la Sedena para debilitar al movimiento que busca la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.”
Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT) declaró que esto es probablemente “una cortina de humo, para evitar una línea de investigación que implique al Ejército mexicano y por otro lado intentan desprestigiar a los padres de familia y provocar un aislamiento respecto a la gente que los ha apoyado.”
Hoy más que nunca se hace urgente la creación de una comisión de verdad integrada por los familiares de los 43, organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones políticas y sociales para investigar de forma independiente del Estado sobre los sucesos de Iguala, Guerrero. Esta comisión debe incluir una investigación a fondo al Ejército mexicano y al Batallón 27 implicados en la masacre de Iguala.
