Contraloría General de la República declaró como ilegal uno de los contratos realizados por el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) hacia dicho recinto, acusando pagos duplicados.
Jueves 9 de julio de 2020
Este 9 de julio la Contraloría General de la República declaró ilegal uno de los dos contratos establecidos entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) y el Centro de Convenciones Santiago S.A, más conocido como Espacio Riesco. Esto como parte de una operación que incluía en la relación entre ambos organismos la existencia de un contrato ilegal, contemplando pagos duplicados hacia el recinto por parte del gobierno.
La excusa presentada por parte del Servicio de Salud Metropolitano Norte para habilitar el denominado Centro Hospitalario Huechuraba –dentro del cual se encuentra el contrato ilegal por pagos duplicados- consistía en la habilitación y mantención de infraestructura básica, como redes de electricidad y aire acondicionado.
En este sentido, en lo que se refiere a los pagos duplicados en el segundo contrato, sólo entre abril y julio de 2020, las cifras podrían llegar hasta los $1.600 millones.
Ahora, para comprender los altísimos costos que ha aceptado el gobierno al arrendar el Espacio Riesco, debemos recordar que fue desde el Ministerio de Salud, el exministro Jaime Mañalich anunciando la utilización y los costos de arriendo para el Gobierno, el cual estaba establecido en 0,2 UF por metro cuadrado.
En su momento se afirmó que sólo se utilizarían entre 3 mil y 3 mil 500 metros cuadrados, lo que daba un total cercano a los $20 millones mensuales. ¿Esto fue así? En sólo en abril se utilizaron 15 mil metros cuadrados, otorgándole a los dueños del recinto una cifra exacta de $86.149.560.
Frente a esto, la Contraloría sostuvo que: “no se advierte justificación para que se establezca el pago de determinadas prestaciones (...) pues aquellas ya se encuentran comprendidas dentro de las obligaciones que tiene el Centro de Convenciones Santiago S.A., en su calidad de parte arrendadora".
De esta forma, la Contraloría reparó en el siguiente punto del contrato: “no excederá a la suma de $1.600.000.000 (mil seiscientos millones de pesos) por todas las prestaciones comprendidas en las tres fases de los servicios objeto de este contrato, con todos los impuestos incluidos”.
Aludiendo que: “no se advierte justificación para que se establezca el pago de determinadas prestaciones consignadas en el aludido anexo 1 del contrato en examen, pues aquellas ya se encuentran comprendidas dentro de las obligaciones que tiene el Centro de Convenciones Santiago S.A., en su calidad de parte arrendadora del inmueble respectivo, y en cuya virtud ya se ha pactado el pago de las correspondientes rentas de arrendamiento en favor de dicha sociedad (…) el SSMN no ha aportado antecedentes que sustenten los valores que se asignan a las distintas prestaciones”.
Se trata así de un caso en el cual el gobierno abiertamente ha decido desembolsar cifras estratosféricas hacia el bolsillo de los empresarios privados, pero no sólo eso, sino que incluso duplicar los pagos, para pagarles aún más por utilizar el espacio, cuando hay una serie de espacios que no se están utilizando, como centros comerciales u hoteles, cuando estos podrían ser abiertos y ser utilizados como centros de atención hospitalaria, con todas las medidas de seguridad y sanidad, y abrir los hoteles para ser utilizados como residencias sanitarias. El gobierno se pudo ahorrar decenas de millones de pesos utilizando estos espacios a través de una expropiación mientras dure la pandemia, utilizando esa enorme cantidad de dinero para rentas básicas de emergencia para las familias que sufren la cesantía y las suspensiones de contrato, o para el personal médico que requiere de insumos para actuar contra la pandemia que azota al pueblo trabajar y pobre del país.
Sólo con los dineros utilizados en abril se podrían haber entregado más de 17 mil rentas básicas de emergencia para las familias que no tienen trabajo y enfrentan el hambre día a día, mientras en La Moneda se come caviar y se abren latas de paté de jabalí, y se saquean los fondos del Estado para financiar descaradamente a los empresarios, a costa de la miseria y el hambre del pueblo.
