Ante familiares y trabajadores indignados, el presidente, el gobernador de Veracruz y el director de Pemex visitaron Pajaritos con una custodia de 150 policías y militares.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Viernes 22 de abril de 2016
Según cifras oficiales, subieron a 27 los trabajadores muertos. De acuerdo con trabajadores y familiares, podrían ser 100 los muertos y más de 50 los desaparecidos.
Repudio y gritos de coraje fue lo que recibieron a su paso. “Que baje caminando, que dé la cara, queremos a nuestros familiares”, le espetaban los familiares. No hay palabras para describir el dolor y la indignación que reinan en Coatzacalcos.
Había alrededor de 100 trabajadores en el área de la explosión, Clorados III. Algunos de Mexichem, otros empleados por contratistas, vía outsourcing. Una de las contratistas es Multiservicios Gamsa. Estaban soldando en un área donde había fugas de gas.
Peña Nieto promete investigar las causas de la explosión y que la empresa Mexichem y el gobierno pagarán las indemnizaciones que correspondan. La verdad es que nadie le cree.
La planta de Pajaritos permanecerá cerrada un largo tiempo para que se realicen las investigaciones, según reconoció José Antonio González Anaya, director general de Pemex.
Es posible que en el epicentro de la explosión, donde quedaron estructuras destruidas por el fuego y cúmulos de hierros retorcidos haya cuerpos calcinados. Pero aun no han accedido al lugar funcionarios del Ministerio Público y de la Fiscalía General del Estado.
Estos hechos se dan tras el despido de alrededor de 800 trabajadores (entre temporarios y de base) en la Planta Pajaritos, producto del recorte presupuestario de 100 millones de pesos, ejecutado por Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es la segunda explosión que se produce en Clorados III. La anterior fue en 1991, también por una fuga de gas. Esa vez se informó que los muertos habían sido 5 y más de 2,000 los heridos.
Reforma energética: la causa de este crimen industrial
Según un reporte de Rosalía Vergara publicado en la revista Proceso, la Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “la desincorporación del régimen de dominio público de la Federación de 476 mil 386 de los 990 mil 528 metros cuadrados –casi la mitad– del complejo petroquímico Pajaritos, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, a efecto de que el organismo público descentralizado Pemex Petroquímica lleve a cabo su enajenación a título oneroso”.
Peña Nieto y sus funcionarios juraron que Pemex estaba en quiebra –claro, con décadas de que los gobiernos de turno rapiñaran las ganancias obtenidas por la paraestatal– ese fue el argumento para justificar la apertura al capital privado.
La adquisición del 54% de Pajaritos por parte de Mexichem, propiedad de Andrés del Valle, se concretó en julio de 2013. Es decir, unos cinco meses antes de que se aprobara la reforma energética.
Mientras tanto, ahora diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se rasgan las vestiduras ante la explosión ocurrida en Coatzacalcos. Y fueron el PRI, el PAN y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM, partido satélite del PRI) los que votaron la reforma energética. Y el PRD se les unió en el Pacto por México, que sentó las bases para las reformas estructurales y la entrega de los recursos del país a las trasnacionales y al imperialismo estadounidense.
Rocío Nahle, del Morena, demanda al gobierno que se le quite la concesión de la planta a Mexichem. Asimismo, señaló que la asociación entre Pemex y Mexichem se trató de una irresponsabilidad. No es así. En realidad, así opera la asociación entre las instituciones del Estado, que son administradoras de los grandes negocios capitalistas.
El de la Planta Pajaritos no es el primer crimen industrial que conmueve al pueblo mexicano. Recordemos que en 2006, el 19 de febrero se derrumbó la mina de Pasta de Conchos. Quedaron sepultados 65 mineros. Un acuerdo reaccionario entre el consorcio de Germán Larrea, autoridades gubernamentales y el sindicato condenó a muerte a los mineros. Allí también se sabía de antemano que la mina no contaba con las condiciones de seguridad necesarias para que los mineros ejercieran sus labores. También había numerosos trabajadores contratados vía outsourcing.
Contratistas de Pemex en los Panamá Papers
Pero no sólo se trata de la entrega al capital privado de recursos energéticos y de las ventas de activos de Pemex que exigen los organismos internacionales encabezados por el FMI.
También los nombres de propietarios de varias contratistas aparecieron en los Panamá Papers, como los socios de Oceanografía, la empresa consentida del expresidente Felipe Calderón. Amado Yáñez Ozuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio compraron a Mossack Fonseca, tres empresas en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
Se agrega a esta lista José Ramiro García Cantú, el empresario tamaulipeco que renta tres plataformas de exploración en aguas profundas a Pemex por la friolera de un millón y medio de dólares diarios. No descubrieron ni una gota de petróleo.
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, también aparece en los documentos de Mossack Fonseca. Según los Panamá Papers, intentó crear una empresa offshore con el despacho panameño en Dubai.
Ante la tragedia, verdad y justicia para las familias obreras
Los empresarios como Andrés del Valle –el sexto hombre más rico de México según Forbes- y su socio Carlos Slim se llevan los millones. Al pueblo trabajador le toca poner los muertos en el altar del capital.
En redes sociales, circulan imágenes donde los trabajadores sobrevivientes y los familiares de los muertos y desaparecidos corren a los charros de Romero Deschamps de la planta.
Su ira y su dolor se hacen patentes: fueron los dirigentes sindicales charros los que avalaron que se laborara en la planta, sin las condiciones básicas de seguridad que se requieren. A cambio de dinero y prebendas una y otra vez traicionan a los trabajadores.
Urge la convocatoria a una movilización nacional de todas las organizaciones obreras en apoyo a los trabajadores de Pemex y las contratistas, y a sus familias. El magisterio combativo, que enfrenta la represión de Javier Duarte y del gobierno federal en primer lugar. Las y los trabajadores y maestros de la Universidad Veracruzana. Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que también se oponen a la reforma educativa. Los familiares de las decenas de miles desaparecidos que hay en el país, como las madres y los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Los pueblos originarios que enfrentan el despojo. Cada sector de la clase trabajadora que enfrenta los ataques de los empresarios y el gobierno.
Sólo la unidad de los de abajo puede imponer la justicia para este crimen contra la clase trabajadora y frenar la aplicación de las reformas estructurales.
