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Red Internacional
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SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS. Palomar: precarización laboral y contaminación ambiental "low cost"

La resolución del Gobierno de incorporar al aeródromo de El Palomar al Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), deja a un paso de poder operar en el país a la aerolínea “Low cost” Flybondi, vinculada al vicejefe de gabinete Mario Quintana. Esta resolución convertiría a la Base Aérea de El Palomar en un aeropuerto comercial. Fuerte rechazo de los habitantes de la zona.

Viernes 29 de diciembre de 2017

El decreto 1092/2017 publicado en el Boletín Oficial con la firma de presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete Marcos Peña se presentó como un “instrumento para el desarrollo” del país y del mercado aerocomercial. A simple vista los principales beneficiarios serían las empresas low cost como FlyBondi y Norwegian Air, quienes estarían en condiciones de empezar a operar en enero como venían anticipando. También dentro de las empresas beneficiadas aparece la colombiana Avianca, ligada a la familia Macri.

La empresa FlyBondi anuncio que va a operar 286 vuelos semanales, ósea, un aterrizaje o despegue cada 30 minutos, en el 2021 anunciaron que van a ser 549 vuelos, uno cada 10 minutos.

Desde el gobierno han reconocido que no hay ningún estudio del impacto ambiental para la zona, que cuenta a pocas cuadras de la base con 2 importantes escuelas que albergan a más de 3000 estudiantes, una amplia zona residencia que tendrá que convivir con la contaminación auditiva fruto del permanente ruido de la circulación de los aviones, con el consiguiente agravante del deterioro de viviendas, edificios y calles fruto de las vibraciones del tránsito aéreo. Rápidamente los intendentes macristas de 3 de febrero (Valenzuela) y de Moron (Tagliaferro) salieron a avalar la instalación del aeropuerto. A su vez, el intendente peronista de Hurlingham (Zabaleta) no ha tenido un pronunciamiento claro al respecto, en lo que ya se ha convertido en un clásico en su gestión.

Un hecho de significativa importancia, es que la Base Aérea fue utilizada para los tristemente célebres “vuelos de la muerte” y actualmente es un sitio protegido por la Ley de la Memoria, por lo cual no puede ser modificado. Es más, actualmente el Juez Rafecas tiene causas en curso, por crímenes y torturas cometidos allí, como por ejemplo la de Iris Avellaneda, madre de Floreal “Negrito” Avellaneda, denunciante por la causa del asesinato de su hijo, uno de los casos más emblemáticos.

Para el lector que quizás desconozca de que hablamos cuando hacemos referencia a las “low cost”, una breve explicación: bajo la excusa de que este nuevo/viejo sistema se presenta como la oportunidad que tenemos el 92% de la población argentina que no accede a utilizar aviones para desplazarse; por debajo se hace culto a la precariedad laboral y solo tiene como objetivo llenar las arcas de los empresarios que están detrás. El argumento aún más a favor para quienes nunca hemos subido a un avión, es que, bajo este sistema podría ahorrase entre un 50 y 70% de las tasas aeroportuarias logrando un costo accesible.

Tras este discurso se esconde una salvaje ofensiva sobre las condiciones de trabajo, ataques a conquistas históricas y precariedad laboral absoluta contra los trabajadores aeronáuticos y los usuarios que ven afectada su seguridad. Como denuncian los trabajadores aeronáuticos de la agrupación “El Despegue”, que dicho sea de paso, fueron los únicos que se opusieron a las low cost en la única audiencia pública que se ha llevado a cabo hasta el día de la fecha: se eliminan desde el co-piloto, se aumenta la cantidad de pasajeros (llegando a viajar en caso de completarse la capacidad en tarimas), mayor productividad, menos personal, menores sueldos, menos seguridad aérea, entre otras calamidades. En simultáneo a esta política, que busca flexibilizar a los trabajadores, generara también un paulatino vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, buscando desgastarla hasta generar nuevamente en la opinión pública que estamos en presencia de una empresa deficitaria, abriendo la puerta a la venta o privatizaciones. El negocio termina siendo redondo para los empresarios ya que el estado asumirá el pago de los boletos no vendidos de cada vuelo.

Los vecinos de la zona se han movilizado repudiando la designación de la Base en un aeropuerto comercial, donde queda en claro la relación entre los empresarios y el Gobierno. Mientras unos buscan todas las vías para avanzar en precarizar a los trabajadores aeroportuarios, anteponiendo sus ganancias, el macrismo busca por todos los medios poner su aparato estatal y legal al servicio de estas empresas de rapiña puedan funcionar lo antes posible, sin medir las condiciones a la que se exponen a los trabajadores y los vecinos de los barrios periféricos, que están en contra de ver afectadas sus condiciones laborales y de vida para que los dueños del “bajo costo” se la lleven en pala.