Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Jueves 20 de abril de 2017 08:00
En concordancia con el giro del gobierno, que pasó del dialogo para trabajar juntos a la represión directa contra toda manifestación; Sebastián Furlanetto,, quien fuera nombrado como encargado del Área Social de Pami en la localidad de San Martín, pcia. de Bs. As. no escatimó palabras para reivindicar la criminalización de la protesta.
No solo los medios de comunicación obsecuentes; los trolls tuiteros como funcionarios públicos arengan por mano dura, festejando las represiones en la Panamericana, en el Congreso, sostenido en el "clamor" de la plaza del 1A.
Es de público conocimiento que la obra social de jubilados y pensionados se encuentra vaciada de prestaciones medicas y sociales. Los afiliados no encuentran respuestas a sus necesidades de salud (falta de médicos de cabecera, camas hospitalarias, obtención de turnos). Muchos hacen largas colas para solicitar el bolsón de comida. Muchos mueren por falta de atención.
Quien debería dar respuestas a las necesidades de los mayores con mayor vulnerabilidad, para lo cual cobra un sueldo superior a los 80 mil pesos, se dedica a incitar a la "fumigación" (entiéndase exterminio) de aquellas organizaciones que denuncian las políticas de ajuste del gobierno. Como al acostumbramiento de estas prácticas como método de acallar la disidencia.
Los trabajadores junto con las organizaciones de jubilados tenemos que repudiar de forma categórica estos dichos fascistas y exigir el inmediato cese en funciones de este funcionario.
