Panorama Político. Panamá Papers: los escándalos del poder económico y político en México

Once millones de documentos son parte de la investigación Panamá Papers presentada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el diario alemán Suddeustche Zeitung, que despertó un escándalo internacional en torno a los paraísos fiscales y la evasión y lavado de dinero. Entre los implicados, se encuentran empresarios cercanos al gobierno de Peña Nieto y a los partidos del Congreso.

Grandes empresarios, en el ojo de la tormenta

Juan Armando García Cantú, dueño de la empresa Higa y quien se hizo conocido por el escándalo de la “casita blanca”. Ricardo Salinas Pliego y Alfonso de Angoitia, de la cúpula de los dos grandes emporios de TvAzteca y Televisa, afines también al poder. Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Carlos Hank Rhon, uno de los empresarios más poderosos del país, noveno en el ranking Forbes, intentó contratar la asesoría de Mossak Fonseca, pero fue rechazado.

También están en la lista empresarios vinculados al panismo. Como Amado Yáñez y Martín Díaz Álvarez, de Oceanográfica, que se benefició de jugosos contratos bajo las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. Así como Omar Yunes Márquez, empresario e hijo del candidato de la coalición PAN-PRD al gobierno de Veracruz.

En la lista aparecen también los nombres y prestanombres de dos conocidos narcotraficantes. Rafael Caro Quintero, y la “reina del Sur”, Marllory Chacon, quien según distintas investigaciones lavaba dinero para Joaquín “chapo” Guzmán Loera.

Los Panamá Papers echan luz sobre los lazos que unen al poder político mexicano con los grandes empresarios, quienes ampliaron sus arcas bajo los sexenios priistas y panistas de los últimos 16 años.

Éstos, mientras se beneficiaron de contratos millonarios con el estado, utilizan también mecanismos, oscuros y fraudulentos, para evadir impuestos, desviar recursos y lavar dinero.

Se trata de mecanismos “naturales” entre los capitalistas, acostumbrados a la impunidad y a moverse a la sombra de una justicia que los encubre. Algunos aparecen aquí, otros –como Carlos Slim– por ahora no. La corrupción capitalista, disfrazada bajo subterfugios legales, el secreto bancario y la legalidad que aducen, es algo cotidiano en este sistema y es una vía para acrecentar sus fortunas.

Según la organización no gubernamental Red por la Justicia Fiscal cuando menos 299,000 millones de dólares son enviados al exterior por estos millonarios, lo cual representa … 3 veces la deuda externa del gobierno federal. De ese tamaño son las fortunas que amasan al cobijo de los favores de los políticos a su servicio. Mientras tanto, los más de 40 millones de trabajadores en México y sus familias apenas sobreviven con salarios de miseria, mostrándose así la gran desigualdad social existente bajo el capitalismo mexicano.

Y el gobierno, haciendo todo para cuidarles las espaldas

Muchos de los empresarios señalados son parte del “club de amigos de Peña Nieto”. Pero la corrupción y el tráfico de intereses no es exclusiva a la actual administración federal. Se desarrolló ampliamente bajo los anteriores gobiernos panistas de Fox y Calderón como fue ejemplo el caso Oceanográfica. Y también en las administraciones locales perredistas, como testimonian los grandes negocios que hizo Carlos Slim bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el DF, o distintos consorcios de construcción y transporte bajo las administraciones de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.

Ahora, mientras la oposición se rasga las vestiduras y pide que se investigue a estos empresarios, el gobierno de Peña Nieto se hace la vista gorda y espera que las olas no sean muy fuertes.

Las primeras declaraciones de Aristóteles Núñez, el director del Sistema de Administración Tributaria (SAT) fueron las de un verdadero amigo de los empresarios: “no es ilegal tener dinero en paraísos fiscales” y que lo que se investigará es si “no pagaron los impuestos correspondientes”, hacia lo que se orientará la investigación del SAT.

La corrupción, el desvío de miles de millones de dolares, la evasión y el lavado de dinero no se puede concebir sin la complicidad del poder político y los funcionarios públicos.

Control de daños de cara a las elecciones

El gobierno de Peña Nieto buscará evitar que el escándalo se profundice, y que afecte a los representantes de la “clase política”. Pero los vínculos son públicos: Grupo Higa, Oceanográfica, y otros más.

Hacer “control de daños” de esto es clave para Peña Nieto, al inicio de la campaña electoral hacia el 5 de junio, en la cual el PRI se juega a ganar un número importante de gobernaturas y alcaldías y preparar el terreno para mantener la presidencia en el 2018.

Ya Lorenzo Córdova afirmó que al Instituto Nacional Electoral le preocupa garantizar las elecciones en estados que son considerados como “focos rojos”, como es el caso de Veracruz, y “blindar” la elección.

Un escándalo como el de los Panamá Papers, si se mantiene y extiende, y se ventilan los vínculos entre la clase empresarial y los principales partidos políticos, afecta la credibilidad misma del proceso electoral. Y esto es un problema, ya que el 5 de junio es un día importante para lograr una mayor legitimidad para las instituciones y dejar atrás el descontento que desde la noche negra de Igual se profundizó.

Con las repercusiones de los Panamá Papers en México, se evidencia que las leyes están al servicio de preservar y ampliar las ganancias de los grandes empresarios, apelando para ello a todo tipo de subterfugios “legales”. El poder político está al servicio de ello. No se trata de uno u otro empresario o político “corrupto”. Es el capitalismo, un sistema de explotación y miseria donde las instituciones políticas, económicas y financieras están al servicio de unos cuantos. Y que merece por ello ser enfrentado y derrotado por los millones de explotados y oprimidos.