Ayer, según el último reporte diario del MINSAL, nuestro país se posicionó dentro de los diez países con mayor tasa de contagios a nivel mundial, con un escalofriante dato de 400.985 personas contagiadas por el COVID-19 y un total de 10.958 decesos producto del contagio.
Miércoles 26 de agosto de 2020
Según el último informe diario se detectaron un total de 1.406 nuevos casos diarios, de los cuales 887 personas presentan síntomas y 473 casos asintomáticos.
A casi seis meses del inicio de las escuálidas y antipopulares medidas para enfrentar la pandemia, el gobierno no ha sido capaz de fortalecer las redes hospitalarias.
Esto mientras se precarizan las condiciones de vida y trabajo, con la desgraciada ley de protección al trabajo solo han contribuido a la más cruda pobreza y marginación de las y los trabajadores, empujando a salir de sus casas a diario a contratados y cesantes para poder sobrellevar el duro golpe a las economías de las familias que ha traído esta crisis sin precedentes dentro de la historia reciente.
No solo quedaron a la deriva los trabajadores y trabajadoras dependientes o independientes de Chile, sino que también colapsan los escasos medios de protección a los trabajadores y trabajadoras de los centros asistenciales del país.
La precariedad del sistema de salud quedó al descubierto después de años de mínimas asignaciones desde hacienda en cada glosa presupuestaria entregada año a año y que en este último tiempo ha traído la más cruda verdad de las redes asistenciales del país, tanto en infraestructura como también en condiciones laborales de las y los trabajadores del área, haciendo evidente la falta de insumos médicos, ventiladores y viendo como una unidad de negocio el rol público que debiese cumplir el estado en ésta área de labor social.
Se han hecho propuestas contundentes y concretas en la materia, tales como el llamado a un testeo masivo a la población y no solo a quienes acuden a los centros de salud buscando la respuesta a los síntomas; también se ha hecho un llamado a la unificación de los sistemas de salud públicos y privados.
Seguiremos diciendo que el costo de esta crisis no la debiesen estar pagando los trabajadores mediante sus ahorros obligatorios del sistema previsional ni tampoco a costa del seguro de cesantía, sino que deben ser los grandes empresarios quienes la paguen, con medidas que afecten sus ganancias como la nacionalización de clínicas y laboratorios privados, bajo control de sus trabajadores, para disponer de toda esa infraestructura al servicio de resolver la pandemia, o la nacionalización de los recursos naturales, controlados por trabajadores y comunidades, para que esas riquezas estén al servicio de las necesidades de las grandes mayorías.
