Retroceso en derechos sexuales y reproductivos. Mientras en los supermercados prohíben la compra de ropa de bebés y recién nacidos, no hay acceso asegurado a anticonceptivos ni el derecho al aborto.
Viernes 9 de abril de 2021
A principios de esta semana, se viralizó el descontento por la inusual exigencia de recetas médicas para la compra de anticonceptivos, en distintas farmacias del comercio. Si bien, según la normativa vigente esto sería lo “correcto” en el marco de la pandemia, parece, al menos, un descriterio.
En mayo de 2020, se realizó el primer estudio sobre salud sexual y reproductiva en pandemia (Miles Chile), el cual demostró que 74% de las mujeres en Chile tuvieron alguna dificultad para el acceso a su salud sexual y reproductiva. El 34% no pudo acceder a métodos anticonceptivos en distintos centros de salud público, principalmente por una falta de stock disponible, y un 30% denunció que habían visto incrementado el precio de los anticonceptivos.
De igual modo, en agosto de 2020, el ISP (Instituto de Salud Pública) anunció a través de su sitio que 139.160 blisters de anticonceptivos “Anulette CD” estaban fallidos, semanas después pasó el mismo error con un segundo lote de 137.730 blisters. ¿El resultado? Al menos 140 mujeres quedaron embarazadas usando el anticonceptivo; ni la farmacéutica ni el Estado se han hecho cargo.
Natalia Sánchez, médica del Hospital Regional de Antofagasta, e integrante de las agrupaciones Pan y Rosas y Abran Paso, comenta que “las mujeres hemos visto retroceder nuestros derechos sexuales y reproductivos, imponiendo la maternidad, con la prohibición del derecho a abortar si es quedamos embarazadas usando dispositivos anticonceptivos o, incluso, si no pudimos acceder a ellos”.
Este es el claro ejemplo de los efectos de la pandemia sobre la salud sexual y reproductiva de millones de mujeres. Mientras los programas en los consultorios, que debiesen hacerse cargo de esta problemática, se encuentran postergados por la sobrecarga laboral y por la trazabilidad que debe realizar el personal de atención primaria, las mujeres trabajadoras y de escasos recursos son las más perjudicadas.
Este y muchos más son motivos para exigir un sistema único de salud, que garantice el acceso irrestricto y gratuito a anticonceptivos de calidad. No puede ser que la sobrecarga y precarización laboral de las y los trabajadores de salud repercuta sobre la sexualidad y planificación familiar de miles de mujeres.
Las mujeres, junto a los trabajadores de la salud, debemos avanzar hacia la exigencia de garantizar estos derechos, levantando una demanda histórica del movimiento de mujeres que fue arrebatada por la dictadura, como es el derecho al aborto, legal, libre seguro y gratuito en los hospitales públicos.
