Panrico y la burocracia sindical de CCOO enfrentados en los tribunales por pagos incumplidos por parte de la multinacional hacia la Federación Agroalimentaria para mantener la “paz social”.
Miércoles 9 de marzo de 2016
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Desde 2007 a 2010 Panrico estuvo efectuando pagos anuales a las Federaciones Agroalimentarias de CCOO y UGT de entre 12000 y 30000 euros como gastos de gestión y asesoramiento en las negociaciones de convenio.
Con la llegada de grupo de inversión de capital riesgo Oaktree, se da una vuelta más de tuerca y se firma por escrito en abril de 2011 un acuerdo con la Federación Agroalimentaria de CCOO donde la multinacional se compromete a pagar a la representación social la cantidad de 30.000 euros anuales con la excusa de dotarla de medios suficientes para “ejercer su función”, así como eximir de sus obligaciones laborales a dos trabajadores para que puedan actuar como delegados institucionales, es decir, liberados pagados por la empresa.
No voy a ser yo quien acuse de soborno a Panrico, seguramente su maquinaria jurídica me aplastaría, pero si puedo apuntar la descripción que el diccionario hace de soborno: dinero u objeto de valor con el que se intenta conseguir de alguien un favor o beneficio o que no cumpla una determinada obligación.
Si entendemos que la obligación de un sindicato debe ser la defensa de los intereses de los trabajadores, está claro que ni CCOO ni UGT la cumplieron. Esto se traduce en la firma en 2011 del primer ajuste de condiciones laborales donde la plantilla de Barcelona sufrió el primer recorte salarial y la pérdida de derechos reconocidos en convenio.
En esa fecha UGT aceptó el acuerdo y al tener mayoría en el comité intercentros consiguió llevarlo adelante, y aunque CCOO se mostró en contra, su labor consistió en frenar el primer intento de movilización del personal de fabricación, argumentando que se convertiría en una huelga ilegal y atemorizando a la plantilla con las repercusiones que eso podría tener.
A pesar de que el pago de esas cantidades estaba cumpliendo su objetivo, la patronal no lo consideró suficiente. Es así que en junio de 2013 le comunica a la Federación Agroalimentaria de CCOO que dejaba de pagar tales cantidades, cuestionando el cumplimiento de lo pactado al no posicionarse al lado de la mayoría de la representación sindical -que como se ha dicho estaba en manos de UGT- y ofreció 10.000 euros para eludir los acuerdos pactados entre ellos, aunque los dos liberados siguieron ejerciendo como tal.
El sindicato denunció el cese de los pagos a los que la compañía se comprometió en 2011 en un acuerdo privado, por lo cual la empresa deberá pagar más de 100.000 euros a la Federación Agroalimentaria de CCOO por “daños patrimoniales y morales por lesión del derecho fundamental de libertad sindical”, según sentencia de la Audiencia Nacional.
Desde CCOO quieren presentar esto como un gran logro sindical, cuando no es más que el reclamo de unas cantidades de dinero que Panrico unilateralmente decidió dejar de pagar, pero que nunca debió ser aceptado por la Federación Agroalimentaria, para no verse atada a favor de la patronal y en contra de los intereses de la plantilla.
Ahora Panrico ha recurrido ante el Tribunal Supremo esta sentencia y entre el fuego cruzado las verdaderas víctimas, los despedidos y los que siguen trabajando, pero con el consiguiente recorte de derechos parecen no importar a nadie. Para la burocracia sindical lo importante es que el sindicato reciba la generosa contribución por parte de la empresa, con el visto bueno de la Audiencia Nacional, por haber jugado el papel de buen lacayo de la patronal haciendo un muro de contención a la lucha obrera.
