Medios. Papel Prensa, Clarín, La Nación: un fallo a favor de los cómplices civiles del genocidio

La sentencia de la Cámara Federal ratificó el pronunciamiento en primera instancia de Julián Ercolini, quien desechó cualquier tipo de conexión entre la venta de la compañía y delitos de lesa humanidad. Según el juez: "En razón de la prueba producida, las afirmaciones de quienes impulsaron la acción penal por las que sostuvieron la ilegitimidad de la operación comercial de venta de las acciones de Papel Prensa S.A. por parte de representantes del Grupo Graiver a la empresa FAPEL S.A. (integrada entonces por los diarios Clarín, La Nación y La Razón), por haber estado rodeada de acciones delictivas calificadas de lesa humanidad, deben ser desechadas definitivamente". El motivo central se explicaría porque: "ha quedado desvirtuada la hipótesis de relación cronológica, lógica y jurídica entre los compradores de las acciones de la mencionada empresa, las amenazas y extorsiones previas y los delitos de privación ilegal de la libertad y sometimiento a tormentos sufridos familiares, integrantes y allegados al Grupo Graiver.

La resolución de la Sala I, fue firmada por los jueces Jorge Luis Ballestero y Leopoldo Bruglia. La medida también alcanza a Raymundo Pío Podestá y Guillermo Gainza Paz.

La causa Papel Prensa

En 2010 se reabrió la causa Papel Prensa a partir de una denuncia del ya fallecido Eduardo Luis Duhalde. Como parte de la guerra con el grupo Clarín el entonces Secretario de Derechos Humanos del gobierno de Cristina Fernadez de Kirchner, denunció que la transmisión del paquete accionario de Papel Prensa S.A. que se encontraba en poder de Rafael Ianover, la firma Galería Da Vinci S.A. –de propiedad de David Graiver- y de los herederos de David Graiver realizada a favor de Fapel S.A., habría sido un crimen de lesa humanidad llevado a cabo mediante extorsión, privación ilegitima de la libertad, torturas, vejaciones y asociación ilícita, cuyas víctimas fueron Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Enrique Brodsky, Isidoro Miguel Graiver, Lidia Haydeé Brodsky de Graiver, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Rafael Ianover, Lidia C. Gesualdi y Silvia Fanjul, y Jorge Rubinstein quien falleció en la mesa de torturas.

En su defensa Clarín siempre culpo de la venta a las amenazas de Montoneros a los herederos de David Graiver: “La venta de la empresa se debió a las exigencias de Montoneros para que los Graiver les devolvieran el dinero del secuestro de los hermanos Born. De hecho está probado que los Graiver –ya en democracia– les devolvieron a los Born varios millones de dólares". Curiosamente fue el genocida Jorge Rafael Videla quien acusaba al Grupo Graiver de asociación con la guerrilla peronista y lo señalaba como uno de sus objetivos del plan sistemático del genocido: “El llamado Caso Graiver es algo importante, trascendente, espectacular. Es una parte de un todo al cual nos hemos de referir luego en particular que es la subversión, porque el Caso Graiver es un caso de subversión. Tengan ustedes la más absoluta seguridad y ruego que por intermedio de ustedes lo transmitan a quienes forman opinión a través de ustedes que es decisión irrevocable de las autoridades militares y las políticas llevar este caso hasta sus últimas consecuencias. Hemos prometido a la nación combatir a la subversión hasta su aniquilamiento”.

Graiver murió el 7 de agosto de 1976 al estrellarse su avión en la zona de Acapulco en un supuesto accidente que según algunos denunciantes fue en realidad un atentado perpetrado por la CIA.

La resolución de los jueces de la Sala I desecha que el accionar de los grupos de tareas hayan tenido algo que ver con la venta de Papel Prensa. Según el periodista Juan Gasparini : "la venta de Papel Prensa se concretó con la firma de un contrato el 2 de noviembre de1976. La primera asamblea de accionistas con los nuevos titulares sucedió el 18 de enero de 1977, ceremonia a la que asistieron algunos familiares del fallecido David Graiver. Su viuda fue detenida el 14 de marzo de ese mismo año. Las Fuerzas Armadas realizaron una conferencia de prensa para anunciar la supuesta relación de los Graiver con Montoneros un mes después. ¿Cómo es posible que Magnetto supiera de esa relación cuando la viuda firmó con él un contrato, presumiblemente el 2 de noviembre del 76, conociendo un dato que recién se sabría el 19 de abril de 1977?" (David Graiver, el banquero de los Montoneros).

Algo similar sostiene Osvaldo Papaleo cuñado de David Graiver: “En marzo de 1977 fueron detenidos casi la totalidad de los miembros de la familia Graiver. El padre, la madre y la esposa de David Graiver, que había fallecido el 7 de agosto de 1976 en un accidente aéreo en México. Entre agosto del ’76 y marzo del ’77, cuando la familia estaba liquidando sus activos, recibió una oferta por parte de Clarín, La Razón y La Nación para comprar Papel Prensa. De hecho, la tarde del día en que detienen a la mayoría de la familia, mi hermana, Lidia Papaleo de Graiver, asistió junto a Isidoro Graiver a una reunión con representantes legales y algunos miembros de los directorios de estas empresas para ver si se podía firmar una carta de intención para comprar la empresa. Esa noche son detenidos”.

Como lavarle la cara a los genocidas

La entrega de Papel Prensa a Fapel SA (La Nación, La Razón y Clarin) le permitió a estos diarios monopolizar la producción de papel en Argentina y liquidar todo intento de competencia contra estos grupos periodísticos. La venta del paquete accionario de Papel Prensa a la sociedad conformada por Clarin, La Nación y La Razón tuvo el costo de 996.000 dólares cuando su valor neto era de U$S 2.316.987.

La dictadura decidió ceder a estos medios el control de la empresa de los Graiver para lograr que estas contrarrestaran las denuncias internacionales sobre la desaparición de personas y los campos de detención clandestinos y para facilitar la aplicación del plan económico de Alfredo Martinez de Hoz (curiosamente su hijo es hoy funcionario de Cambiemos). Necesitaban esconder los crímenes que se llevaban a cabo contra la clase trabajadora y el pueblo con el objetivo de reorganizar al capitalismo argentino luego de la amenaza del Cordobazo. Esta estrategia había sido diseñada para los militares por la consultora Burson-Masteller. Naomi Klein en su libro La doctrina del shock cita como: "Víctor Emmanuel, el ejecutivo de Burson-Marsteller que estaba a cargo de vender al mundo el nuevo régimen favorable a las empresas de la junta (militar NdR) de Argentina, le contó a un investigador que la violencia era necesaria para abrir la economía "proteccionista, estatista" de Argentina. "Nadie, pero nadie, invierte en un país envuelto en una guerra civil", dijo, admitiendo también que no fueron solo guerrilleros quienes murieron. "Mucha personas inocentes probablemente fueron asesinados," le contó a la autora Marguerite Feitlowitz, pero, "dada la situación, se requería una inmensa fuerza". Clarín, La Nación, La Razón fueron los peones de esta necesidad de cubrir los crímenes de la dictadura genocida para abrir el país a la expoliación del capital imperialista.

Justicia de clase

El negacionismo alentado desde las figuras vinculadas al Poder Ejecutivo, el dictamen fallido del 2x1 a los genocidas presos de la Corte Suprema de Justicia, el ataque sistemático a la defensa de los derechos humanos son parte del nuevo arsenal, fracasado el plan kirchnerista de reconciliación con Cesár Milani, con que se busca imponer forzadamente una política que relegitime a las FFAA y libre de culpa y cargo a los cómplices y beneficiarios civiles del genocidio.

La resolución de la Sala I de la Cámara Federal consagra la impunidad para los Magnetto, los Noble, los Mitre, los Gainza Paz y todos los capitalistas que impulsaron el plan sistemático de exterminio de los luchadores obreros y populares que amenazaban en la década del ’70 al capitalismo argentino. La resolución de los jueces de la Sala I es la respuesta del partido judicial a la extraordinaria movilización popular que volteo el 2x1 y una advertencia sobre la intención de seguir en insistiendo con una política de Estado que quiere imponer un nuevo Pacto de Impunidad que libere de culpa y cargo a los responsables militares y civiles de los crímenes del terrorismo de Estado.