El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró hoy que “no hay cláusulas secretas” en el acuerdo firmado entre la petrolera estatal YPF y la estadounidense Chevron para poner en marcha el yacimiento Vaca Muerta y atribuyó las versiones al respecto a “los opositores de siempre que están financiados por otras” compañías del sector.
Esteban Mercatante @EMercatante
Lunes 10 de noviembre de 2014 13:01
Para el ministro coordinador, “lo de Chevron es parte de más de lo mismo”. Aseguró que “no hay cláusulas secretas sino cláusulas de confidencialidad que forman parte de la operatoria típica de esta naturaleza”. Y amplió que las versiones sobre el asunto provienen “de los mismos opositores de siempre que están financiados por otras petroleras”.
Con estas afirmaciones Capitanich apuntó a rebatir las revelaciones realizadas el día de ayer por el manutino La Nación, sobre las condiciones exigidas por la firma Chevron para avanzar en la asociación con YPF S.A., vertidas en documentos identificados como “estrictamente confidenciales”, y que se centran en el tiempo y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.
El contenido de lo revelado por La Nación está lejos de ser una sorpresa, ya que en los días previos a la firma del acuerdo con la petrolera norteamericana el gobierno se apuró a aprobar el decreto 929, publicado en el Boletín oficial el 15/7/13, que crea condiciones especiales para las inversiones de más de 1.000 millones de dólares en explotaciones de petroleo y gas no convencional, que revierten completamente para los que quedan alcanzados por este decreto la mayor regulación sobre el sector que había sido anunciada a pocos meses de la recompra de Repsol.
El monto para acceder a los beneficios se ubicaba justo por debajo del primer tramo de inversión negociada por Chevron con YPF. Justo a la medida de la petrolera. Todas las demás disposiciones del decreto también se ajustaban enteramente a los requerimientos de una típica multinacional buitre del sector energético: bajos impuestos, libre disponibilidad de al menos una parte de las reservas, liberación de aranceles para importaciones. No sorprende entonces que haya cláusulas "confidenciales" a través de las cuáles buscara asegurarselos.
La ley aprobada hace dos semanas refuerza estas condiciones, incorpora nuevos beneficios (como la virtual perpetuidad de las concesiones y la facilidad para acceder a una concesión para explotación no convencional teniendo una concesión para explotación convencional vigente, así como el menor monto de inversión requerido para acceder a beneficios impositivos y de libre disponibilidad de divisas), pero sobre todo le da fuerza de ley al pacto petrolero. Esto facilita nuevos negocios y da mayor “seguridad jurídica” que un decreto para las compañías extranjeras.
Pero el mayor mentís al jefe de Gabinete proviene de la forma en que el acuerdo fue tratado en la legislatura de Neuquén. Ni siquiera los legisladores pudieron acceder al contenido de lo firmado con la petrolera yanqui. Cuando el convenio YPF-Chevrón pasó el 31 julio de 2013 por la legislatura provincial, que debía refrendarlo, Raúl Godoy, dirigente ceramista que entonces estaba al frente de la banca legislativa ocupada de forma rotativa por las fuerzas del Frente de Izquierda, denunció la existencia de clausiluas secretas. El diputado denunció que “hoy vimos en la Legislatura de Neuquén como actúa un nuevo doble oficialismo, el del gobierno nacional que encubre un acuerdo entreguista con Chevron con cláusulas secretas, y el del gobierno provincial, que encubre a los encubridores, votando un acuerdo con YPF sin siquiera dar a conocer lo firmado con la multinacional yanky”.
La sesión legislativa transcurrió mientras afuera era reprimida una nutrida movilización de fuerzas políticas o organizaciones sociales opuestas al fracking, entre otros las comunidades mapuches que habitan zonas en riesgo de quedar severamente afectadas por este método.
