Impunidad. Para Casación el espionaje de la AFI durante el macrismo no fue una práctica sistemática

En respuesta a un recurso presentado por la vicepresidenta Cristina Fernández y otros, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo fallaron convalidando la decisión que en diciembre de 2021 habían tomado sus colegas de la Cámara Federal porteña Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens: revocar el procesamiento de, entre otros, el exdirector general de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) Gustavo Arribas, del exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián de Stefano y del exdirector del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco, entre otros. También confirmó que no había elementos para procesar a Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri.

"Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal. Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país", dijeron en su fallo de diciembre Llorens y Bertuzzi.

Agregaron que: "Algunos imputados, antes bien, utilizaron sus posiciones y recursos del Estado (materiales y humanos) para intentar obtener dinero por su cuenta o compartir información con individuos que el juez (Augé) ubicó fuera de la asociación. Estos intereses particulares conspiran contra la idea de un plan transversal a la estructura del Estado Nacional”. O sea, solo buscaban recaudar o información para su propio beneficio. Extraño, cuando se conoció que la cúpula de la AFI tenía estrecha relación con Mauricio Macri, a cuyo despacho llegaban los informes de inteligencia que hacían a pedido los espías.

Ahora, los jueces de la Cámara Federal de Casación rechazaron el recurso, aunque no analizaron la resolución ya que señalan que al no haber sentencia firme debe seguirse con la investigación.

Pero quienes resultaron beneficiados en su momento, cuando la causa por espionaje ilegal de la AFI durante el macrismo llegó, como querían, a Comodoro Py están cada vez más cerca de la impunidad.

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De la cúpula de la AFI, quien por el momento seguirá procesada, es la exsubdirectora general Silvia Majdalani, pero por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos: no haber controlado a sus “espías” subordinados.

Alan Ruiz, exdirector de Operaciones Especiales, Diego Dalmau Pereyra, exdirector operacional de Contrainteligencia siguen procesados por violar la ley de inteligencia. La misma suerte corren los integrantes del grupo desopilante de espías de la AFI y policías de la Ciudad llamado “Super Mario Bros” Jorge Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo. Quedaron procesados también el exjefe de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal Cristian Suriano y su número dos Juan Carlos Silveira.

Sobre ste grupo autodenominado “Mario Bros” se conoció, entre otras cosas, que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le había entregado casi discrecionalmente el acceso a los centros de monitoreo, a las cámaras de las calles de la ciudad, a este grupo de espías de la AFI, para por ejemplo espiar movimientos de Cristina Fernández de Kirchner.

“El caso de los Mario Bros no fue la excepción, y cuando analizamos esos actos de espionaje, la época, y la causa que le habían armado a los trabajadores de Astillero, reparamos en que sus detenciones (…) se habían producido tras el seguimiento de ese grupo a través del Centro de Monitoreo del gobierno de la Ciudad, desde que se fueron del Congreso por Hipólito Yrigoyen, hasta que los detuvieron a la altura de la calle Salta, casi llegando a 9 de Julio, mientras rompían todo un bar y los culpaban a ellos. Las mismas cámaras, el mismo centro de monitoreo que usaban discrecionalmente los policías de la Ciudad y los espías de la AFI para perseguir opositores”, señala en esta nota el abogado del CEPRODH Matías Aufieri, en referencia al espionaje contra trabajadores del Astillero Río Santiago.

Entre los “partes” entregados por “los Mario Bros”, algunos revelan que el espionaje se dirigía a espiar ilegalmente manifestaciones las de diciembre de 2017 contra de la reforma previsional que impulsó Macri y que fueron duramente reprimidas. También hay carpetas donde se vigiló a la comunidad mapuche en el marco de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Todo lo recabado de manera ilegal era entregado por esta banda a Darío Nieto, y de sus manos llegaba a Macri.

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Todo lo que se ha ventilado sobre el espionaje ilegal durante el macrismo es la muestra más acabada de cómo, desembozadamente, fueron utilizados los servicios de inteligencia, contrario a los fallos de Casación y Comodoro Py.

Siempre, el Estado destina millonarios recursos para sostener esos “servicios” con la excusa de su necesidad. Lo cierto es que cada inquilino de la Casa Rosada los necesita para la persecución y la represión política y de clase. La cuestión de fondo pasa por disolver todo aparato de inteligencia montado para perseguir al pueblo trabajador y a los que luchan. En definitiva, la discusión pasa por qué hacer con los cimientos (y entre ellos las cloacas) del Estado.