POR UNA SALIDA DESDE LA CLASE OBRERA. Para acabar con el desempleo y la pobreza urge industrializar el país bajo el control democrático de los trabajadores

Durante el auge de las materias primas y el alto crecimiento económico que vivió el Perú entre los años 2000-2013, años en los que el PBI llegó a tener 7% de crecimiento anual, nuestro país tuvo la oportunidad de industrializarse, mejorar los servicios públicos y proveer mayor y mejor empleo a millones de peruanos. Sin embargo, nada de esto ha sucedido, entre otras cosas porque el artículo 60 de la Constitución de 1993 – aprobada por Alberto Fujimori - imposibilita al Estado para crear empresas públicas mediante sus propios recursos tributarios, excluye a los trabajadores de toda participación en las empresas y prioriza las inversiones privadas que ahora están envueltas en escándalos de corrupción.

La privatización de las empresas públicas implementada durante la década de 1990 por Alberto Fujimori, genero el enriquecimiento de un puñado de empresarios nacionales y extranjeros dentro de los cuales se encontraba también la familia Fujimori. [1] Esta ola de privatizaciones, sugerida por el Fondo Monetario Internacional FMI, propició el desmantelamiento total de la infraestructura pública, despidiendo a miles de trabajadores y eliminando de facto a todos los sindicatos de manufactura y del sector minero. A partir de 1993, se efectuaron 228 operaciones de venta y liquidación de empresas públicas. Fueron privatizadas 90% de las empresas mineras, 85% de las empresas de manufactura, 68% de las empresas de hidrocarburos, 68% de electricidad y 35% de agricultura.[2] Para asegurar la continuidad de la privatización de las empresas públicas e impedir que el Estado participe en la planificación económica del país, Fujimori introdujo el artículo 60 en la Constitución de 1993 el cual detalla que “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. Es decir, se prefiere la inversión millonaria de las transnacionales antes que cualquier iniciativa pública o de los trabajadores.

Esta nueva planificación neoliberal dio prioridad al ingreso de grandes transnacionales en el sector petrolero, minero, y energético y también benefició a los empresarios locales que trabajaron orgánicamente con ellos como El Grupo Romero, el Grupo Brescia, la familia Rodriguez Banda del Grupo Gloria, el grupo minero Hochschild, Benavides de la Quintana, El grupo Ferreyros, y la familia Añaños, desplazando así a los clásicos “12 apóstoles” de la burguesía peruana, y a la antigua oligarquía vinculada al latifundio y a la finanzas como fueron los Graña y Montero, la familia Miroquesada, los Berckemayer, Lanata Piaggio y el Grupo Wiesse.

Todo esto dio vida a un masivo ejército de desempleados y a la nueva “cultura ambulante” en las urbes que nace, precisamente, a raíz de la generación de millones de desempleados producto de las políticas de ajuste señaladas líneas arriba, a las cuales también se les conoce como Fujishock. Estas políticas también fomentaron la emigración masiva de peruanos desempleados hacia Argentina y a Chile fundamentalmente, pues implicó la total destrucción de la industria peruana y las fuentes de trabajo [3]. Sin embargo, para El Fondo Monetario Internacional y para los empresarios nacionales asociados en la Sociedad Nacional de Industrias y posteriormente en la CONFIEP, estas políticas eran consideradas como un ejemplo a seguir. En ese entender, el FMI felicitó al Perú por haber aplicado a cabalidad sus recomendaciones y resaltó que el ingreso de capital extranjero permitió dar empleo a más personas, sin mostrar dato alguno que corrobore esta afirmación. Por el contrario, la pobreza creció en las urbes y, como consecuencia de las migraciones internas, nuevos distritos se constituyeron en las grandes ciudades sin que los pobladores tengan acceso a servicios básicos como agua o desagüe.

El auge del precio de los minerales en las bolsas de valores, sin embargo, permitió que - pese a las privatizaciones realizadas por Fujimori en beneficio de la CONFIEP - las utilidades comerciales en el sector minero fueran enormes, aumentando considerablemente los recursos tributarios. De esta forma, según la CEPAL, entre el año 2000 y 2009 el ingreso corriente por tributos de la actividad minera se incrementó a 20 mil millones de soles [4] Frente a esto, los empresarios mineros solicitaron la exoneración del impuesto a la renta, firmaron convenios de estabilidad tributaria con el Estado para congelar toda supuesta deuda tributaria, además de solicitar la prescripción de sus deudas por multas ambientales y laborales, recibiendo una respuesta favorable de los diferentes gobierno de turno. Producto de esto, el ingreso fiscal por minería se redujo considerablemente, llegando a representar apenas el 1% de Producto Bruto Interno, según la OCDE. [5] De esta manera, la minería en manos privadas, a pesar de sus elevadas ganancias, no contribuyo considerablemente con el Estado ni con los servicios públicos.

Con los ingresos tributarios obtenidos en el mejor periodo de bonanza del precio de los metales, el Estado Peruano se limitó a implementar insuficientes y limitados planes de apoyo a las Medianas y Pequeñas Empresas MYPE, por ejemplo, fomentando la creación del Viceministerio de Mype y Pymes en el Ministerio de Producción (PRODUCE), o bonos de 200 soles para los campesinos como el programa Juntos y Pensión 65 implementados por Ollanta Humala. De igual forma, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y el programa PROMPERÚ se han limitado a promover grandes contratos millonarios a favor de las transnacionales en el sector turismo y en el ámbito musical, como el contrato celebrado con SonyMusic por más de 1 millón de dólares [6], a lo cual se suman las cadenas de hoteles y los casinos, los cuales han generado muy poco empleo en el rubro.

Queda evidenciado así que el Estado peruano no tuvo ningún proyecto que fomentara directamente la creación de nuevos puestos de trabajo en industria manufacturera, a pesar de contar con la infraestructura necesaria – como, por ejemplo, el Complejo Metalúrgico de la Oroya - para promover la producción de insumos industriales necesarios para las grandes obras públicas. Todos los programas que adoptaron los gobiernos fueron, por el contrario, asistencialistas y a todas luces insuficientes e inapropiados para combatir la falta de empleo y la pobreza rampante en el Perú, que ahora se ha agravado con la crisis económica y sanitaria del coronavirus, lo cual ha llevado a que tengamos hoy más de 6 millones de jóvenes y adultos desempleados.

Por una industrialización nacional bajo el control democrático de los trabajadores y el pueblo organizado: crítica a la industrialización burocrática

Las políticas asistencialistas que comprenden la entrega de bonos a los desempleados, el insuficiente apoyo a las MYPE y PYME, y sobretodo el discurso de promover el negocio de las transnacionales en hotelería y turismo so pretexto de dar empleo, han demostrado ser quimeras que no han resuelto el problema del desempleo en el Perú.

Frente a esto, la industrialización nacional se muestra como la medida más idónea para fomentar masivos puestos de trabajo, promover seriamente el empleo de manera estable y generar cadenas de valor a nivel nacional en función a la preparación y especialización de las y los trabajadores, lo cual permitirá suplir las necesidades concretas que tiene el país en materia de transporte, medicina, el tratamiento adecuado de la calidad del agua potable, la producción de hilos y manufactura, e incluso la producción de paneles solares que permitan reemplazar gradualmente el uso del petróleo y apostar por fuentes de energía limpia. Sin embargo y como nos lo demuestra la historia, una industrialización de este tipo no será posible mientras el Estado sea correa de trasmisión de los intereses de los grupos de poder como la CONFIEP.

Esta industrialización nacional, para que sirva realmente a las demandas sociales del pueblo, deberá sostenerse en el control obrero de la producción industrial y de las empresas de servicios – hoy privatizadas - y en la fiscalización y control del pueblo organizado. Para avanzar en ese sentido, es importante expropiar a los capitalistas y esto solo se hará de la mano de un gobierno de los trabajadores y el pueblo. Esto permitirá el debido reparto de los excedentes industriales de forma solidaria y nos permitirá también poner la economía al servicio de las grandes mayorías.

Es muy importante tener en cuenta esto para no caer en los paradigmas estalinistas y keynesianos que promueven la estatización de la economía bajo el control de los burócratas del partido o del gobierno, lo cual – como lo demuestra también la historia - genera más corrupción y la desvirtuación de los procesos de cambio. Es fundamental industrializar, pero con la participación democrática y plena de los trabajadores y el pueblo en el control y administración de las empresas, solo de esa manera se tomará en consideración las necesidades sociales del pueblo, el cuidado del medio ambiente y de las comunidades campesinas, entre otras demandas. En ese sentido, discrepamos abiertamente con las políticas económicas populistas y asistencialistas del Peronismo-Kirchnerismo en Argentina, del proyecto Bolivariano en Venezuela, del gobierno de Evo Morales, y del PT de Lula y Dilma en Brasil, pues lejos de industrializar democráticamente la economía, han fortalecido el esquema estalinista del control burocrático de las empresas estatales en desmedro de los derechos de los trabajadores, y han colaborado orgánicamente con los grupos de poder y su recomposición.

En ese sentido, es importante criticar también la experiencia estatal de CENTROMIN PERU, la cual nace oficialmente de la expropiación de las minas y complejos metalúrgicos concesionados a la empresa americana Cerro de Pasco Copper Corporation, durante el gobierno del General Velasco Alvarado. Esta estatización fue el pedido expreso y motivo del pliego de reclamos de los sindicatos de la compañía Cerro de Pasco Copper Corporation, pues se temía la paralización de las minas por voluntad de los accionistas, lo cual era muy ajeno a la situación económica y productiva de los centros mineros. Esta demanda obrera de expropiación minera fue originalmente denegada y reprimida violentamente por las fuerzas del orden. Fruto de esta represión, se produjo la Masacre de Cobriza el 10 de noviembre de 1971.
Sin embargo, esta estatización, al haberse promovido por una junta militar alineada con los intereses de la Sociedad Nacional de Industrias y al ser dirigida por un gobierno bonapartista burgués, no solucionó los grandes problemas estructurales del país, sino todo lo contrario, ya que se convirtió en fuente de despilfarro y corrupción, lo cual sería potenciado por los siguientes gobiernos que tomaron el control del estado, como el primer gobierno Aprista encabezado por Alan García entre los años 1985 y 1990. Aquí, el funcionario público y gerente de las operaciones metalúrgicas de CENTROMIN PERU, el ingeniero Oscar Posadas (militante del partido aprista) promovió todo tipo de desvíos millonarios de las utilidades de esta empresa pública a cuentas bancarias en paraísos fiscales, con el total respaldo de Alan García, como él mismo declarara en su juicio [7] De esta forma, CENTROMIN PERU, lejos de apoyar a la industrialización del país con las millonarias ganancias en minería, se convirtió en fuente de corrupción y enriquecimiento de los burócratas, en desmedro de la vida de los trabajadores mineros y la brutal represión política que ejercieron hacia ellos. Recordemos que el comando paramilitar aprista Rodrigo Franco asesinó a Saúl Cantoral, dirigente minero que promovía las negociaciones para un nuevo pliego de reclamos por rama en CENTROMIN PERU.

Por estas razones, y considerando la necesidad e importancia de un proceso de industrialización nacional bajo control obrero, creemos que, a la luz de las millonarias deudas tributarias, ambientales y laborales que las actuales empresas transnacionales del sector minero, petrolero y energético tienen con el Estado Peruano, y considerando que la pobreza se incrementa cada vez más en el país, debemos pelear también para terminar con el esquema vigente que promueve la evasión de impuestos, así como, luchar para acabar con las exoneraciones tributarias y con la prescripción de deudas millonarias al Estado por parte de los grupos empresariales. Con el ingreso de estas millonarias deudas, tendríamos los recursos necesarios para cubrir las necesidades potenciadas por la pandemia y se podría fomentar un progresivo proceso de industrialización de la economía peruana, apoyar al agro, y terminar con los lazos de dependencia que nos atan al capital foráneo y la importación de bienes de países tan explotadores con sus obreros como China, por ejemplo.

Frente a la barbarie capitalista de la CONFIEP y el FMI, que sólo fomentan miseria y desempleo, apostemos por la industrialización nacional bajo control obrero, en la perspectiva de luchar por un gobierno de los trabajadores y el pueblo que rompa con el imperialismo y que nos permita avanzar hacia el socialismo.

Referencias:

1. Bonanza empresarial de los hijos de Fujimori procede del dinero de la corrupción de los 90. Artículo de Ojo Público. Fecha 24 de julio del 2017. Disponible en: https://ojo-publico.com/473/bonanza-empresarial-de-hijos-de-fujimori-procede-del-dinero-de-la-corrupcion-de-los-90

2. El Remate del Patrimonio Público. Artículo de Convoca. Informe Final de la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990 – 2000. Disponible en: https://memoriasdelacorrupcion.convoca.pe/interactivo/40-anhos-de-corrupcion-en-el-peru/el-remate-del-patrimonio-publico.html Visto el 9 de octubre de 2020. 10 am.

3. ¿Por qué migran los peruanos al extranjero? Un estudio sobre los determinantes económicos y no económicos de flujos de migración internacional de peruanos entre 1994 y 2003. Consorcio de Investigación Económico y Social (CIES) 2005. Juan Manuel de los Ríos y Carlos Rueda.

4. CEPAL, Naciones Unidas. “Evolución del aporte fiscal de los sectores de minería e hidrocarburos en ALC: 1990-2010” Seminario Regional de Política Fiscal 2011. Página 11.

5. OCDE. Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe. 2019. Proyecto de investigación cofinanciado por la Unión Europea.

6. Gestión. Noticia del 09 del 2018. “Congreso investigaría contrato entre PROMPERU y SonyMusic Colombia” Disponible en: https://gestion.pe/economia/investigarian-contrato-promperu-sony-music-colombia-video-carlos-vives-245423-noticia/?ref=gesr

7. El Diario Internacional. Publicación de fecha 22 de julio del 2006. “Mantilla y Alan García, dos almas gemelas”. Disponible en: http://eldiariointernacional.com/spip.php?article349 Visto el 9 de octubre del 2020.