El oficialismo pretende avanzar rápidamente en el tratamiento de las leyes de avalúo, impositiva y presupuesto.
Enrique Jasid @EnriqueJasid
Lunes 24 de octubre de 2016 14:14
A diferencia de años anteriores, las leyes económicas de la provincia ingresaron a la legislatura provincial entre fines de septiembre y principios de Octubre. Durante las últimas semanas los Ministros asistieron a las comisiones legislativas para explicar sus balances y pedidos.
Según afirman desde Cambia Mendoza este miércoles pretenden darle tratamiento en el recinto a las leyes de avalúo e impositiva.
Respecto a estas normativas que fijan los impuestos y recaudación de la provincia se espera un fuerte debate ya que los proyectos establecen subas de entre 20% y 40% en impuestos inmobiliarios y automotor mientras que la inflación calculada oficialmente es del 17%.
Si bien nadie puede creer que la inflación vaya a ser tan baja, en los números se plantea una suba de impuestos de más del doble del 17%, porcentaje que es utilizado para poner techos a las paritarias.
Por el contrario se rebaja Ingresos Brutos en un 0,5%, incluyendo en el beneficio también a las grandes empresas. Por lo tanto, estamos ante una profundización del sistema regresivo donde los que menos tienen seguirán pagando más.
Más y más endeudamiento
En relación al presupuesto, nuevamente se incluye un pedido de endeudamiento de $3787 millones que se sumarán a la ya abultada e histórica deuda provincial superior a los $20 mil millones. Se sigue hipotecando el futuro de las familias trabajadoras mendocinas.
Esta toma de deuda exponencial de los últimos años, la cual tiene alrededor de un 50% en moneda extranjera, no fue destinada a obra pública ni inversiones, sino al pago de deuda anterior y gastos corrientes, evidenciando así la crisis financiera de Mendoza.
Los números: salud y educación por debajo de la inflación real
El presupuesto general expresa egresos por $78.004.777.325, es decir un 21% superior al año anterior, mientras que los ingresos reales serán $73.924.860.780, 26% más, con un déficit de $4.079.916.545.
En cuanto a la planta de personal se reconoce una disminución de 1227 puestos de trabajo, con la perspectiva de seguir reduciendo y manteniendo el congelamiento del ingreso al empleo público.
Para la Dirección General de Escuelas se establece un presupuesto de $16 mil millones. El aumento general es del 27%, muy por debajo de la inflación real del 45% anual. En cambio para los subsidios a la educación privada se establece un aumento del 63% con $2300 millones.
En el caso del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, apenas se destinan $6000 millones, equivalente a un aumento del 30%, también por debajo de la inflación real.
Sin embargo, para Seguridad el aumento es del 62%. Es decir que por cada $1 peso nuevo que va para salud o educación, $2 van para comprar equipamientos a las fuerzas de seguridad o construir cárceles.
Referido a la Obra Pública se establece que habrá $1600 millones para obras nuevas y $2400 para terminación de obras ya comenzadas, lo cual si bien cambia del estado de parálisis en la que se venía, está muy por detrás de las necesidades.
Para vivienda solo se prometen 2500 viviendas, mientras que el defícit habitacional es de 150.000 entre vivienda precaria y hacinamiento.
En consecuencia, nuevamente estamos ante un presupuesto de ajuste y endeudamiento que mantiene esquemas regresivos de recaudación, favorece a los grandes grupos económicos y no se apuesta a resolver ninguna de las problemáticas principales de la población como infraestructura escolar, salud pública de calidad, empleo genuino, vivienda y ni siquiera la construcción de refugios y fiscalías contra la violencia machista.
