Regulación estatal. Para el Senado la marihuana será un gran negocio, aunque miles seguirán presos por plantar

Este jueves el proyecto del Poder Ejecutivo nacional respecto al “marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial” recibió media sanción de la Cámara de Senadores. Con 56 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el Frente de Todos y gran parte de Juntos por el Cambio avalaron la iniciativa que pretende convertir en un multimillonario negocio para un puñado de empresarios la producción de marihuana.

Si no fuera porque con este desarrollo industrial se promete generar “unos $ 500 millones anuales” y dar “diez mil puestos de trabajo” (según un estudio de la UBA que realzó en el recinto la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti), queda claro que la marihuana seguiría siendo ilegal para un régimen político y judicial basado en la criminalización de las libertades democráticas elementales.

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Hace diez años hubiera sonado casi ridículo escuchar al conservador y reaccionario Adolfo Rodríguez Saa comentar (como miembro informante por parte del Frente de Todos) las enormes propiedades de la marihuana y su promesa de ganancias fenomenales. De no haber sido por la lucha incansable de organizaciones sociales que luchan por la legalización del cannabis medicinal y de cultivadores no empresarios que bregan por una producción ante todo benéfica para la comunidad, los dinosaurios del Senado jamás hubieran dedican más de una hora a hablar del tema.

Sin embargo, el proyecto oficial no cambia en nada la situación de miles de jóvenes que hoy pueblan las cárceles, alcaidías y comisarías del país por haber sido “descubiertos” con algunas plantas, frascos o porros. Para el Gobierno y la oposición una cosa son los negocios y otra la libertad y la vida.

Es más, quienes votaron en contra del proyecto (Laura Machado Rodríguez, Julio Cobos, Pamela Verassay, Alfreo de De Angelis y Víctor Zimmermann (JxC); y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), lo hicieron básicamente en defensa de los intereses económicos de sus gobernaciones, denunciando que en el reparto de la torta que generará esa producción las provincias quedan en desventaja.

En términos burgueses, algo de “razón” tienen. Hasta la oficialista Cristina López Valverde dijo, mientras votaba a favor, que “se espera con ansias que la cuota de federalismo, que fue un compromiso del ministro de Producción, Matías Kulfas, se cumpla” cuando, tras ser aprobada por Diputados, la norma sea reglamentada por el Ejecutivo.

“Vamos a estar generando una nueva industria, trabajo y producción nacional que nos une a todos los argentinos como un objetivo común”, cerró el debate parlamentario la senadora Fernández Sagasti, de estrecha relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El proyecto oficial propone un marco legal que autorice y regule las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis y de sus derivados con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica.

El texto destaca, también, el fomento de proyectos “de inversión pública, privada o mixta” en los distintos segmentos de la cadena productiva del cannabis medicinal. Y para regular todo eso se creará la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), un ente autárquico que oficiará de órgano rector y articulador de la cadena productiva y tendrá a su cargo todas las instancias de regulación.

Como se viene reflejando en este diario, una cosa es el proyecto oficial (que en muchos aspectos se fundamenta en la lucha pacientes y familiares que bregan por un acceso legal y de calidad al cannabis medicinal) y otra cosa es la voluntad del régimen político-judicial de dejar de criminalizar a quienes cultivan cannabis de forma individual, sea con fines terapéuticos o meramente recreativo.

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Son miles de jóvenes pobres los que hoy pueblan las cárceles y comisarías del país con causas abiertas (en muchos casos incluso armadas por la Policía para encubrir delitos cometidos por otras personas, especialmente uniformadas) por tener plantas de marihuana, frascos con cogollos o algunos cigarrillos.

Los casos se cuentan de a montones en cada provincia, con ejemplos extremos como el de los 14 jóvenes de Puan (al sur de la provincia de Buenos Aires) a quienes el Gobierno de Axel Kicillof y Sergio Berni les armó una causa penal en base a una denuncia demostrada como falsa. También el de Damián Raña de Ensenada, quien estuvo preso casi un año por producir en su casa aceite de cannabis para dolores provocados por un accidente. O el de Daniel (apodado “cara de cannabis” por el propio Berni), quien tiene una discapacidad y fabricaba aceite para él y para tratar la epilepsia de su compañera.

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Sin dudas el proyecto oficial de regulación capitalista del cannabis demuestra que todo lo que durante décadas se dijo y se hizo sobre la marihuana tuvo como único objetivo la demonización de consumidores y cultivadores, encarcelando a quienes no lucran con ella y fomentando a su vez el desarrollo del negocio ilegal y multimillonario capitalizado por los empresarios del narcotráfico y sus socios policiales-judiciales. Pero eso no quiere decir que la nueva norma vaya a modificar sustancialmente la situación de quienes seguirán siendo criminalizados.

Recientemente Emilio Ruchansky, periodista especializado en la temática y miembro del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, dijo en una entrevista con el “El círculo rojo” por Radio Con Vos que este proyecto abre “una buena perspectiva, porque hay muchas provincias que ya empezaron con proyectos, incluso bajo la ley del cannabis medicinal actual (votada durante el macrismo, NdR) que es muy limitada y a la que supuestamente esta ley viene a darle un marco productivo”.

Sin embargo Ruchansky aclaró que el proyecto es cuestionable respecto a “temas penales”, que fueron observados por organizaciones cannábicas en las reuniones de comisiones donde se discutió pero que finalmente quedaron fuera del texto votado. “Esta es una industria que está naciendo criminalizada porque una parte de la mano de obra especializada ha sido criminalizada, ha estado presa o está presa todavía”, graficó el especialista.

En ese sentido, el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis habla del “uso adulto” del cannabis, algo que el Senado ni se preocupó en tratar. “Cuando hablamos de ‘uso adulto’ nos referimos al uso privado de personas mayores de 18 años: puede ser recreativo o terapéutico sin indicación médica, o fines religiosos, lo que se te cante”, dice Ruchansky. Para él, no es que actualmente la producción y el consumo de marihuana no están “regulados” sino que esa regulación está nada menos que en manos de la Policía y el Poder Judicial.

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“Nosotros nos llamamos Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis porque entendemos que hay una regulación ilegal, que es la que hace la Policía a través del Poder Judicial, también hay banqueros que lavan dinero. Faso no falta, así que regulado está”, sintetiza. “En esa maquinaria va presa la gente más pobre. La Policía sigue trabajando y van presas muchas mujeres, jefas de hogar con muchos hijos, que son intercambiables. No dañás la estructura”.

En este marco, suenan un tanto huecas las palabras del senador chubutense del Frente de Todos Alfredo Luenzo durante la votación de este jueves. Con convencimiento destacó que el cannabis “salga del ámbito de la clandestinidad” y se le dé “el marco que tiene que tener la planta de marihuana”. Incluso afirmó que, como “el prohibicionismo es un gran problema que tiene que enfrentar el mundo y lo único que hace es alentar el narcotráfico”, habrá que discutir la despenalización total del cannabis, porque de esa manera “vamos a ganar la pelea del narcotráfico”.

Pero aunque Luenzo quiera vestir de seda a la mona, la criminalización de la juventud pobre no terminará. Menos aún si las “leyes” fomentan los negocios capitalistas (es decir para unos pocos) y su cumplimiento está garantizado por estos mismos jueces, estas mismas policías y estos mismos funcionarios.