Gustavo Lleral enmarcó la desaparición forzada de Santiago en un mero “conflicto de intereses”. Lo dijo ante diputados de la Comisión de Derechos Humanos que se reunieron con él en Esquel.
Sábado 14 de octubre de 2017
Juez Lleral reunido con diputados - YouTube
Las declaraciones del juez Gustavo Lleral fueron captadas por el sitio EQSNotas de Esquel, que junto a otros medios se hicieron presentes en la reunión que el magistrado mantuvo durante la mañana del viernes con diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. Ese registro duró unos pocos minutos. Luego se resolvió que la prensa no grabe la reunión.
Los minutos filmados fueron los de la “presentación” del juez Lleral, quien relató brevemente a la comisión parlamentaria en qué condiciones llegó a hacerse cargo de la causa de habeas corpus y cuáles fueron algunas de las primeras cosas que decidió hacer.
“Una de las primeras medidas que tomé fue acercarme al lugar del hecho, para conocerlo (es el último lugar donde se lo vio a Santiago Maldonado) y tomar contacto con las personas que habitan ese lugar”, dijo Lleral ante la comitiva de legisladoras y legisladores nacionales. “Y bueno, dialogar, en primer término”, agregó sobre sus intenciones.
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Enseguida lanzó una definición inquietante. El diálogo que está encarando procura atemperar, según él, “un alto grado de conflictividad de intereses... Creo que se llegó a esta situación por la falta de diálogo, precisamente”.
¿A qué se refería Lleral con esa definición? ¿A qué situación se llegó por “falta de diálogo”? ¿A la desaparición forzada de Santiago? ¿Al ataque y hostigamiento permanentes que reciben las comunidades mapuches de la región? ¿O a lo que desde los poderes Judicial y Ejecutivo se dio en llamar eufemísticamente “falta de colaboración” de la familia de Maldonado y de los miembros de la Pu Lof de Cushamen?
“Yo hace años que vivo en la provincia y algún conocimiento tengo de esta situación... Es necesario bajar un poco el nivel de conflictos... Hay que sentarse a hablar”, insistió el magistrado.
El juez, que está a cargo de la causa hace veinte días, no dudó en hacer público que mantuvo reuniones con la comunidad mapuche y con la familia del joven desaparecido. Pero aún se desconoce públicamente que vaya a citar a declarar a los responsables materiales e intelectuales de la represión en el marco de la cual desapareció Santiago. Tampoco se conocen medidas contundentes dictadas desde su juzgado para avanzar en determinar quiénes son los culpables de esa desaparición forzada.
A las diputadas y los diputados presentes el juez les informó que ya resolvió poner fin a la posibilidad de que Gendarmería tome vista y realice peticiones en torno al expediente. Huelga decirlo, pero teniendo en cuenta que esa fuerza y sus mandantes políticos hicieron y deshicieron lo que quisieron durante más de dos meses (en el terreno y en el expediente), la resolución suena a poco.
A su vez Lleral dijo “no puedo responder sobre el tema” cuando la diputada Nathalia González Seligra le preguntó “qué acciones va a tomar a fin de investigar y conocer el rol que cumplió Pablo Noceti” durante los hechos del 31 de julio y 1° de agosto. Y mucho menos respondió algo convincente cuando la misma legisladora le expresó su preocupación “por el espionaje ilegal que está sufriendo la familia de Santiago Maldonado, así como por el amedrentamiento y la persecución constante a ellos, a la comunidad y a los organismos de derechos humanos”.
Ganas de dialogar pero reticencia a responder sobre cuestiones determinantes. ¿Ésa es la estrategia del reemplazante de Guido Otranto en la causa que desde hace 74 días conmociona a la Argentina y el mundo?
