El titular de la ANSES, Diego Bossio, admitió ayer que no habrá ningún pago extraordinario a fin de año para los jubilados. La situación de millones de ancianos que llegarán a navidad sin siquiera un paliativo para estirar la jubilación mínima de $3.230 pesos poco le importa al funcionario.
Ruth Werner @RWlaruta99
Jueves 13 de noviembre de 2014
En la edición de ayer de Izquierda Diario calculábamos la diferencia entre el sueldo de un trabajador docente (en huelga en la provincia de Buenos Aires y también en el Chaco) respecto al de un legislador y decíamos que era de 14 veces más a favor del parlamentario. Diego Bossio, quien suena en estos días como uno de los candidatos a gobernador de la Provincia de Buenos Aires para acompañar al presidenciable Daniel Scioli, se ha cuidado bien de que no se conozca cuánto cobra por mes. El último dato conocido es de 2012 y habla, nada más ni nada menos que de 70 mil pesos.
La situación de los jubilados es una de las más frágiles entre los trabajadores. Grave, si tenemos en cuenta que la canasta básica para los mayores de 65 años, según la reciente medición de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, es de $6.720,37. Estamos hablando de más del doble (114%) del valor del haber mínimo de bolsillo que cobra más de la mitad de los jubilados tras los descuentos de salud. Hoy un 53 por ciento de los jubilados percibe la mínima y un 30 por ciento cobra entre 3500 y 6000 pesos.
La noticia lanzada por el titular de la ANSES llega cuando el kirchnerismo se encuentra envuelto en un escándalo, sacado a luz por el Grupo Clarín, que dio a conocer “una” de las “fiestas” que se vive cerca de Vaca Muerta. En las localidades de San Patricio del Chañar, Vista Alegre y Añelo, empresarios afines al gobierno, personalidades de la farándula y otros “ricos y famosos”, amparados por los “buenos oficios” de los intendentes del MPN, fueron a patentar sus autos de alta gama a fin de “ahorrarse” unos 10 millones de pesos al año. Remarcamos especialmente “una” de las “fiestas” porque del festín mayor, el que se está haciendo la empresa norteamericana Chevron con el yacimiento, no es algo que vaya a ser denunciado por la “Corpo”. La entrega del petróleo a las multinacionales solo es denunciada por la izquierda, particularmente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores que viene de votar el mes pasado en el Congreso nacional contra la ley de hidrocarburos propuesta por el oficialismo.
La votación de la Ley Chevron, así como la de pago “soberano” a los Fondos Buitres es un buen ejemplo del papel que cumple la casta política. Ese sector minoritario de “especialistas” cobra lo que cobra porque legisla a favor de la los que más tienen y vive a su imagen y semejanza. Similar a un gerente de un banco que cobra como unos 70 mil al mes, más de un millón de pesos anuales. El régimen burgués tolera salarios elevados y prebendas para estos políticos con el objetivo de que sirvan al capital y tejer negocios comunes que les permitan fortalecer sus intereses.
La misma denuncia que hacemos a los legisladores de esta democracia para ricos la hacemos para los funcionarios. En vez de ser premiados por sus “leyes” con dietas millonarias, habría que decir que cobran como reyes pero por sus “gestiones”. Para los políticos que gobiernan para los empresarios, todo. Para nuestros jubilados, nada.
El Frente de Izquierda destaca en su programa la consigna de 82% móvil para los jubilados. El 20 de octubre pasado ha presentado en el Congreso Nacional un proyecto de ley donde exige que los empleadores paguen, antes de fin de año, un bono de emergencia salarial que hace particular hincapié en los jubilados. La propuesta es de un pago de 4 mil pesos para todos los trabajadores en actividad y que los jubilados y pensionados y los beneficiarios de planes sociales y asistenciales perciban un pago extraordinario de 3 mil pesos. Como declaró en ese entonces el diputado del PTS en el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño: “a una situación extraordinaria hay que darle soluciones extraordinarias. La inflación no baja del 35% anual y se sigue comiendo los aumentos de salarios que en promedio no superaron el 30%. El pago de emergencia que plantea este proyecto busca ponerle un freno a esa pérdida del salario real”.
Pese a que el reclamo de una compensación salarial crece en distintas provincias y gremios, las centrales sindicales no pasan de las declaraciones a los hechos. Está planteado la unidad de la izquierda y los sectores combativos de la clase trabajadora para rodear de apoyo a las luchas en curso, exigir un paro activo de 36 horas por el bono de fin de año, la eliminación del impuesto al salario, el salario equivalente a la canasta familiar y el 82% móvil para todos los jubilados.
