En México, donde 11 ciudadanos tienen más de 1,000 millones de dólares, mientras el 46% de la población (52 millones) carece de la alimentación necesaria para sobrevivir, lo que no ha frenado la entrada de trasnacionales en las regiones de pobreza extrema con fines de lucro.
Sábado 24 de octubre de 2015
“A partir de los tres programas en continuidad que ha habido desde 1997 […] el consumo de refrescos que era inexistente se ha multiplicado por cuatro o cinco”, afirmó el exmiembro del Comité de Expertos de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH), Abelardo Ávila Curiel. También dijo que los productos “chatarra” de las empresas trasnacionales se han incrementado en regiones en situación de pobreza extrema, “en algunas circunstancias con el apoyo de los mismos sistemas estatales de distribución como Diconsa”, es decir, vía los programas de asistencia social del gobierno mexicano.
La CNH no resuelve las condiciones sociales de pobreza, es un proyecto asistencialista como tantos otros programas gubernamentales aplicados en los últimos 70 años para “combatir la pobreza”: como el Programa de Abasto Social de Leche en 1944, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en 1971, los albergues escolares en comunidades indígenas que se implementaron en 1972, a través del Instituto Nacional Indigenista (INI); la entrega de desayunos escolares que comenzó en 1975, el Programa de Abasto Social de 1980, el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) que duró de 1989 a 1994, el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) en 1997 y Oportunidades en 2002.
De los 2 mil 500 municipios que hay en México, la CNH -que se inauguró con 30 mil millones de pesos- se implementa en 444 municipios, seleccionados conforme a los más altos índices de marginación social, pobreza y desarrollo humano. También las 943 mil 718 familias que cuentan con el Programa de Apoyo, Alimentario del programa de Inclusión Social Prospera, deben adquirir productos elaborados por empresas trasnacionales, en contra del derecho de autodeterminación alimentaria.
El informe intitulado “Observatorio Mundial del Derecho a la Alimentación y Nutrición”, el cual fue elaborado por organizaciones civiles de todo el mundo y presentado frente a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) el pasado 9 de octubre -organización que a inicios del 2013, expresaba su apoyo al programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en boca del director general, José Graziano da Silva- explica que los programas de la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto favorecen la participación de los productos de las empresas trasnacionales, desplazando a los productos locales.
La Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH) consiste en transferir 322 millones de dólares al año -equivalente aproximado a 5 mil 350 millones de pesos- a 717 mil tarjetas “Sin Hambre” para que las personas consigan 15 productos por cada tarjeta. La mitad de los productos son elaborados por empresas trasnacionales que obtienen éstas ganancias.
Sin embargo, la pobreza y la mala nutrición son un problema de primer orden que ha ido incrementando.
De acuerdo con datos del Colegio de México (COLMEX), en los primeros 6 meses de la actual administración federal la cifra de pobres incrementó 3.6 millones.
Mientras que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) realizada en 2012, señala que en México 302 mil menores de 5 años tienen bajo peso, 1 millón 467 mil tienen baja talla, y 171 mil padecen emaciación o delgadez extrema. Además de que el 70% de la población padece sobrepeso u obesidad. México es el país con índices de obesidad infantil más altos en el mundo: uno de cada tres niños presenta obesidad. La obesidad y el sobrepeso no son contrarios a la desnutrición sino que también son síntomas de una mala alimentación que puede traer graves consecuencias para la salud, incluso mortales.
El gobierno beneficia sólo a las empresas
El director de la organización “El Poder del Consumidor”, Alejandro Calvillo Unna, señaló que de los 15 alimentos que provee la tarjeta “Sin Hambre”, 5 son de la empresa trasnacional agroalimentaria, Nestlé.
Además, el gobierno promueve que la empresa capacite a 15 mil mujeres, a través del proyecto “Mi dulce Negocio”, para elaborar y vender postres de casa en casa, acto que promueve la mala alimentación en la población.
A esto se suma que el pasado 19 de octubre los diputados federales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), avalaron la reducción del impuesto en bebidas con 5 gramos de azúcar o menos, del 10 al 5%, es decir, redujeron un 50% del impuesto a bebidas azucaradas abaratando su costo, abriendo la posibilidad de adquisición y consumo de las mismas. Esto se da en el marco en que las compañías refresqueras ya están haciendo negocio en las regiones indígenas, como menciona el informe.
Con esta disminución, que aún debe ser ratificada por el Senado, las empresas dejarían de pagar hasta 552 millones de pesos al erario de la Nación.
Mientras hace poco tiempo se anunciaron recortes al presupuesto para gasto social –entre ellos salud y educación- el gobierno promueve una alimentación que perjudica la salud del pueblo trabajador y sí beneficia con millonarias ganancias a la industria de la alimentación y a las refresqueras.
Una salida de fondo a la pobreza
El hambre es producto de la aplicación de los planes neoliberales, de la superexplotación de la clase trabajadora con jornadas de trabajo extenuantes y salarios que se cuentan entre los más bajos del mundo. Es producto también de orillar a grandes sectores de la población al trabajo informal, sin prestaciones de ningún tipo.
La miseria que azota a un gran sector de la población no se resuelve con planes asistenciales –menos con estos destinados a beneficiar a las trasnacionales-. Se resuelve con un plan de obras y servicios públicos que generen puestos de trabajo. Con el reparto de las horas de trabajo entre empleados y desempleados, para que los ocupados no dejen la vida en el trabajo y que los desocupados no mueran de hambre. Con el aumento de los salarios de acuerdo con el costo de la canasta básica y prestaciones para todos.
Medidas como estas nunca provendrán del PRI-PAN socios menores de las trasnacionales ni del PRD que los avala. Tampoco del Morena, que sueña con reformar a este régimen podrido. Una salida de fondo a la pobreza sólo puede provenir de un gobierno de los trabajadores y el pueblo que no tenga ningún compromiso con el imperialismo ni las trasnacionales.
Con información de Sin Embargo, Ecoosfera y E-consulta.
