Durante gira en Veracruz, estado en el que recientemente se encontró una fosa clandestina con 253 cuerpos, López Obrador adelantó que entre sus propuestas si gana la presidencia en el 2018 estará la creación de una Guardia Nacional, como parte de una estrategia para acabar con la impunidad, las torturas y la masacre que la militarización del país ha implicado.
Sábado 25 de marzo de 2017
Sobre ello, declaró en una asamblea en Xalapa, que: “Lo social es el 90%; lo demás es que haya coordinación entre las corporaciones policiacas, que haya profesionalismo, inteligencia, porque no es un asunto de fuerza, sino de inteligencia, y una cosa muy importante: que no se vincule la autoridad a la delincuencia, porque actualmente en Veracruz y en todo el país no hay frontera, no se sabe dónde termina la delincuencia y donde empieza la autoridad”.
Y añadió que: “El Ejército no se debe de utilizar para reprimir al pueblo, y yo respeto mucho a las fuerzas armadas porque los soldados son pueblo uniformado, nada más que no vamos nosotros a utilizar al Ejército para enfrentar la inseguridad y la violencia, porque ese problema se originó por la falta de trabajo, el abandono del campo y el abandono a los jóvenes”.
Estas declaraciones expresan una posición de MORENA respecto al papel del ejército y su líder que pasó crítica parcial a un tono conciliador con las fuerzas represivas.
¿Guardia nacional?
Todo comenzó en febrero de este año, cuando López Obrador denunció la utilización de un helicóptero artillado en el operativo de la Marina en Tepic, Nayarit, luego de que la violencia en el país repuntara en los primeros días del año, sobre todo en Sinaloa. Esto le valió críticas de Margarita Zavala y Osorio Chong, que defendieron a las fuerzas armadas. Luego continuó cuando después de ser increpado en Nueva York por Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que era al ejército a quién se le tenía que cuestionar por dicha desaparición.
No debe de llamarnos la atención que uno de los puntos centrales de la campaña de López Obrador sea el de "atender" la militarización del país. Pues, ya a casi cuatro meses de comenzado el 2017, es claro que la supuesta “guerra contra el narco” ha sumido al país en una espiral violenta de la que no se atisba salida.
En ese sentido, la crítica de López Obrador a las Fuerzas Armadas retomó parcialmente, por un día, una reivindicación que los movimientos sociales y las organizaciones de víctimas han realizado sistemáticamente durante los últimos sexenios. Lo que está en discusión, en todo caso, es la propia propuesta de Obrador respecto a qué hacer con el país en caso de llegar a la presidencia. Pues mientras esto ocurre, la confusión de los límites entre la esfera civil y la militar que ya existe de facto, busca ser profundizada mediante la aprobación de la “Ley de seguridad interior” por las principales fuerzas políticas del régimen.
Como hemos señalado en un artículo previo, el programa en torno a la militarización del país por parte de López Obrador y Morena no cuestionan la función política del despliegue del Ejército. Pues en el párrafo que le dedican al asunto, si bien denuncian que las medidas coercitivas no son la solución a una problemática que tiene su origen en la pobreza y el desempleo, no abordan de ninguna manera en cómo la militarización ha funcionado como una estrategia de control político, (recordemos entre hechos recientes los del 2006, con la represión de Atenco y la derrota de la APPO) y de reestructuración del capital mediante una intrincada red que se despliega en la legalidad y la ilegalidad. Así se ha hecho parte constitutiva de la realidad nacional.
No debe sorprendernos por eso, que en los últimos días Obrador matizara sus críticas al ejército, de la misma manera en que lo hizo respecto a los empresarios o a los medios de comunicación, bajo el argumento de que también ellos “son parte del pueblo”.
El problema político para Andrés Manuel López Obrador rumbo a la contienda del 2018, no es detener esta catástrofe ya mismo, sino el cómo establecer alianzas estratégicas con sectores clave del régimen que lo presenten como un candidato confiable para el poder.
Por ello, cabe preguntarnos qué contenido tendría la propuesta de una “Guardia Nacional”, pues éste no ha sido explicitado en ningún caso. El nombre, que nos remite inmediatamente a un glorioso pasado del republicanismo burgués –incluso al de las mismas “Guardias nacionales” tan importantes en la historia de la Revolución Francesa- implicaría el reclutamiento voluntario y temporal de civiles para las tareas del ejército y la policía.
Pero en nuestros tiempos, ya lejos de esos momentos de gestación de nuestra modernidad política, de la gloria sólo queda el nombre. Pues la “Guardia Nacional” es hoy, como en el caso reciente de Francia y su supuesta lucha contra el terrorismo, una mascarada para la utilización de la coerción en la supuesta lucha contra un enemigo interno: es la movilización de la sociedad en pos de reforzar los aparatos estatales.
O quizás esté pensando como modelo el de la Guardia Nacional estadunidense, que es un destacamento militar de voluntarios normalmente usados para reprimir y controlar si es necesario ciudades enteras, y que actúan únicamente con el llamado del gobernador estatal. Cada estado tiene su propia Guardia Nacional, suman medio millón en todo el país y son susceptibles de ser llamados a engrosar las filas del ejército federal en caso de guerra.
Esta sería una salida muy atractiva para López Obrador tan interesado en sostener la integridad política de la figura presidencial y el ejército. Así, si se tiene que hacer una matazón como en Tlatlaya o la desaparición forzada en Ayotzinapa, el gobernador respectivo se serviría de su propia guardia nacional y no del ejército. Las masacres civiles seguirían al orden del día, pero quienes serían defenestrados serían los gobernadores estatales manteniendo pulcras las imágenes del presidente y los jefes de sus fuerzas armadas. Este modelo de Guardia Nacional le quedaría muy bien a un AMLO presidente, con una “inteligente” forma de delegar la represión “sin mancharse las manos en sangre”, de ahí, quizás, el interés.
Contra ello, aquellos que nos movilizamos en 2014 por Ayotzinapa, los estudiantes y las mujeres que salen a las calles contra el feminicidio, el movimiento de víctimas y las organizaciones de derechos humanos tenemos derecho a discutir nuestra propia salida.
